"El Gobierno abandonó los gastos de mantenimiento"

Compartimos esta entrevista publicada el 10/10/2011 por El Nacional a la profesora Rosa Amelia González, Directora de investigaciones del IESA.

Por estos días se producen 2 eventos que a primera vista parecen no tener relación: mientras 18.000 empadronadores van casa por casa preguntando cuántos son, si tienen agua potable y gas directo, los medios de comunicación informan sobre una seguidilla de accidentes aéreos, férreos y marítimos ­algunos con resultado fatal­ relacionados con las fallas de electricidad, ausencia de controles oficiales e incumplimiento de leyes de seguridad industrial. Si se toma en cuenta que las mediciones de población (la última fue hace 10 años) se realizan para que el Estado proyecte el crecimiento de su población y elabore políticas públicas que ofrezcan calidad de vida, como por ejemplo la construcción de autopistas, el incremento de la capacidad de distribución de energía eléctrica o la edificación de viviendas, cabe preguntarse ¿qué hizo el Estado con los números levantados en 2001? ¿Por qué se va la luz y 2 trenes chocan? ¿Por qué el déficit habitacional supera los 2,5 millones de viviendas? ¿Por qué el Estado tiene que comprar una empresa de ferrys?

Rosa Amelia González, directora de investigaciones del IESA y especialista en políticas públicas, señala que tener los números en la mano no implica que se les dará un uso adecuado: "Para hacer buenas políticas públicas hay que tener una buena base de información, pero eso no garantiza una buena planificación ni una buena ejecución. La diferencia está en tener la voluntad de usarlos de manera adecuada y tener la capacidad de planificar la acción de Gobierno". ¿Cómo calificaría la capacidad del Ejecutivo para diseñar y ejecutar políticas públicas? ­

Para tener buenas políticas públicas se necesitan dos requisitos: primero, determinar con precisión cuáles son las necesidades de la gente; y segundo, darle una respuesta adecuada. Yo creo que a este gobierno hay que reconocerle como positivo la habilidad para poner el ojo en ciertas cosas importantes como por ejemplo las misiones sociales dirigidas a brindar atención primaria de salud, educación y alimentación.

¿Pueden considerarse las misiones sociales políticas públicas? ­

Absolutamente sí. Lo que me parece criticable, aunque entiendo las razones de fondo, es que se hayan montado sobre una estructura paralela a la institución preexistente. Entiendo que se haya hecho de ese modo al inicio para sortear con rapidez la burocracia estatal, pero critico dos cosas: que no se las hayan incorporado a la institucionalidad y que se haya presentado un falso dilema entre lo social y el resto de los temas de la agenda.

Es lo que refirió anteriormente sobre la priorización del gasto y la inversión.

Así es. El Gobierno puede decidir poner el énfasis en lo social, eso es normal y es su potestad, pero aquí se ha dirigido toda la caballería hacia los temas sociales a costa de relegar otra cantidad de asuntos que también son importantes. En cierto modo, esa serie de accidentes y deficiencias son consecuencia de esa elección, pues, a todas luces, el Gobierno abandonó los gastos de mantenimiento.

Los recientes accidentes han ocurrido en empresas del Estado y en empresas privadas, ¿cómo es posible que un gobierno inclinado a controlarlo todo no sea capaz de controlar la prestación de los servicios? ­

La postergación de los gastos de mantenimiento está detrás de todos estos incidentes. Otro tema es la supervisión y ahí también ha habido paradojas. El Gobierno supervisa a los privados, pero no necesariamente se supervisa a sí mismo: por ejemplo, muchas empresas sienten que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se usa con fines de amedrentamiento, pero cuando vas a las empresas públicas te encuentras que no cumplen esa ley.

Conferry era privada y no tuvo supervisión, ¿Hay certeza de que va a mejorar en manos del Estado? ­

Asumir la conducción de la empresa no asegura que lo harás mejor. Conferry era un monopolio. Frente al descontento por la calidad del servicio, el Gobierno tenía varias opciones: supervisarlo con lupa, hacerle cumplir la ley, ponerle competencia privada o pública porque cuando no hay competencia, no hay incentivo para hacerlo mejor. Ahora el monopolio será del Estado... Es terrible porque los monopolios públicos tienden a tener menos supervisión.

¿Cuál cree que ha sido el criterio del Gobierno para entregar a determinados empresarios, o países, la construcción de grandes obras? ­

Creo que se ha hecho con criterios políticos, pues de otro modo no se explicaría que, habiendo el talento y la capacidad en Venezuela para emprender esas obras, se terminan entregando a otros países. El mejor ejemplo es el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira que se le dio a una empresa venezolana y fue un trabajo impecable terminado en el tiempo previsto.

¿Cuáles son los principales enemigos de una política pública exitosa? ­

Uno es la corrupción y el otro la centralización. Yo no puedo decir que tengo evidencia de corrupción en el otorgamiento de contratos del Estado, pero esos procesos requieren de mucha transparencia y supervisión porque se prestan para la corrupción. Requieren que se demuestre que hubo licitación abierta, que ganó el más preparado, pero si hay algo de lo que no se puede ufanar este gobierno es de actuar con transparencia en esos asuntos.

¿Por qué afecta la centralización las políticas públicas? ­

Cuando tú abarcas todo y no cumples, se genera un descontento; en cambio, si pones los incentivos apropiados en las autoridades locales y le agregas el escrutinio directo de las comunidades, tienes buena parte del camino andado, pero este gobierno ha centralizado todo.

¿Cuál es el papel del ciudadano frente a las políticas públicas? ¿Han logrado los consejos comunales incorporarse eficientemente? ­

La participación de las comunidades en la planificación y contraloría de las políticas es indispensable porque facilitan la detección de las necesidades, pero la ejecución es otra cosa. El Presidente ha dicho que los habitantes de los barrios tienen habilidades innatas para construir viviendas. Eso es verdad hasta cierto punto, pero una persona que sabe levantar una vivienda no necesariamente sabe cuáles son los terrenos más adecuados para ello. Conozco casos que le dan los recursos a una comunidad para que haga un muro de contención, levantan el muro y a la primera lluvia se cae. Si lo que se quiere es incorporar a la comunidad, se podría contratar a profesionales y pedir en el contrato que la mano de obra sea de la comunidad. El Gobierno se ha caracterizado por una alta rotación de ministros. Sólo en vivienda ha habido 8 y presidentes del Metro de Caracas, 12.

¿Cuál es el efecto en las políticas públicas? ­

En la pirámide de la burocracia hay cierto consenso para aceptar la existencia de una cuota de cargos de libre nombramiento porque cada gobernante quiere trabajar con la gente de su confianza. El problema es hasta qué escala de la administración llegan esos cargos. En Venezuela ese nivel ha bajado: anteriormente era el ministro y cuatro niveles hacia abajo; ahora son ocho niveles hacia abajo. Cada cambio de ministro mueve los ocho peldaños y el efecto es falta de continuidad de los planes, y pérdida de la memoria institucional.

¿Qué recomendación le haría a los ministros de transporte, vivienda y planificación? ­

Al de transporte, que trate de recuperar la infraestructura que ya existe y que se encuentra bastante comprometida, y que luego ejecute los proyectos que ya están elaborados sobre lo que hace falta; al de Vivienda le diría que se abra a la implantación de modelos alternativos para la construcción porque no es un tema que se puede abordar de forma unilateral; al de Planificación, que rescate su función coordinadora pues eso se ha perdido mucho, y a todos les recomendaría descentralizar, que confíen en la capacidad de las autoridades regionales y locales para asumir tareas por encima de las diferencias políticas.

MARU MORALES mmoralesp@el-nacional.com OMAR VÉLIZ