"El diálogo no sería productivo ni duradero si no se realizara sobre la
base de la honestidad, el respeto, el apego a la verdad, la confianza en
la palabra dada, la búsqueda de objetivos comunes, la aceptación de las
diferencias de visión y opinión, sin ocultamientos, sin
condicionamientos inaceptables", señala Gustavo Roosen, presidente del IESA. Publicado en El Nacional, el 27 de mayo de 2013.
El peso de los problemas derivados del fracaso de las políticas oficiales ha convencido al Gobierno de la necesidad de convocar, parcialmente al menos, al sector privado de la economía. Hay quien ve en la convocatoria una prometedora señal de cambio; hay quien sólo la percibe como una estrategia coyuntural. Lo que es para unos sincera intención de diálogo, podría no ser para otros sino oportuna táctica de negociación. En cualquier caso, no cabe duda, necesidad obliga.
El sector privado, que con tanta razón ha insistido en ser escuchado y que se percibe como parte de la solución, no puede sino acudir a la convocatoria y hacerlo con la honesta intención de aportar. ¿Qué se espera de él? De entrada, dos cosas: su capacidad de producir y su voluntad de hacerlo. En otras palabras, el Gobierno espera que el sector privado contribuya a llenar las estanterías.
La capacidad de aporte del sector privado, sin embargo, va más allá. O debe ir más allá. Es no sólo su capacidad de producir –bienes, servicios, empleo, riqueza–, sino además los principios y el modo de ser que lo han hecho posible. Estamos hablando, entonces, del valor atribuido a la planificación, el método de trabajo, la capacitación, el esfuerzo, la iniciativa, la innovación, el seguimiento, la comprensión del mercado, la calidad, la aplicación de las mejores prácticas, la productividad, la medición por resultados, la fijación de objetivos, la capacidad para alcanzarlos. Pero estamos hablando, sobre todo, de los fundamentos en los que se sostiene el hacer empresarial y que no son otros que los principios de libertad, democracia, propiedad, responsabilidad, honestidad, valoración del ser humano y del trabajo, justicia, dignidad, desarrollo, bienestar.
Son estos los principios consagrados, por ejemplo, en el recién actualizado código de ética del sector industrial, explícito en la apelación a un concepto de responsabilidad social empresarial que compromete a la empresa con la sociedad en general, la comunidad en la que desarrolla sus actividades, sus trabajadores, socios, clientes y proveedores. Son esos mismos principios los que sostienen el llamado a honrar los compromisos, al acatamiento de leyes y reglamentos, al respeto de la competencia, al cumplimiento de las normas de calidad, a la práctica de la honestidad en la comunicación con todos los públicos, al ejercicio de la justicia en la fijación de los precios, al establecimiento de condiciones de trabajo dignas y equitativas, al cumplimiento de los deberes fiscales.
La apelación a los principios resulta válida para los encuentros a los que han sido convocados los empresarios. En efecto, el diálogo no sería productivo ni duradero si no se realizara sobre la base de la honestidad, el respeto, el apego a la verdad, la confianza en la palabra dada, la búsqueda de objetivos comunes, la aceptación de las diferencias de visión y opinión, sin ocultamientos, sin condicionamientos inaceptables. Sentarse a dialogar no cambia a los interlocutores, pero presupone un nivel mínimo de mutua credibilidad y confianza, de disposición a compartir, a flexibilizar posiciones, a buscar puntos de encuentro y colaboración, sin ingenuidad pero sin suspicacia metódica.
Formado para el diálogo y la búsqueda de beneficios compartidos, el empresario tiene mucho que aportar en estos encuentros en los cuales se abre también la oportunidad no sólo de mostrar su capacidad de proponer, planificar y ejecutar, sino también de demostrar que la acción empresarial se afirma en bases éticas, que no está ligada únicamente al beneficio, que no es ajena a la solidaridad y que encarna la responsabilidad de los ciudadanos en la generación de crecimiento económico y bienestar social. Para el empresario será también la oportunidad para desarrollar su capacidad de entender la lógica de la política y del gerente público, al mismo tiempo que probar la validez de la lógica de la economía y del gerente privado. Todo, con los principios por delante.
Tienen razón las autoridades universitarias cuando exigen al Gobierno dejar de ver a las universidades como objetivo político. Tienen razón también quienes observan una muy preocupante coincidencia entre los absolutamente condenables hechos de violencia contra las universidades, particularmente los más recientes contra la Universidad Central de Venezuela, y esa otra violencia que se expresa institucionalmente mediante mecanismos como la desvalorización y el desprestigio sistemáticos, el ahogamiento presupuestario, el ataque a las autoridades y a los líderes de la comunidad universitaria, el hostigamiento seudolegal, la imposición desde el poder de leyes políticamente sesgadas y de normas cuya pertinencia sólo compete a las propias universidades en ejercicio de su autonomía.