Mostrando entradas con la etiqueta estado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta estado. Mostrar todas las entradas

viernes, 15 de febrero de 2013

Nuestra problemática política: ¿Cómo superar el oportunismo petrolero?

José Ramón Morales Arilla, colaborador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, comenta que para darle respuesta al drama de la exclusión social se requiere solventar la "problemática política" del país que constituye el oportunismo petrolero. Publicado en Prodavinci, el 9 de febrero de 2013



Si le preguntas a cualquiera por la calle cuál es el principal problema del país, muchos responderían que es la exclusión de los venezolanos más humildes - o yo respondería eso, y me gustaría creer que después de todos estos años, al menos eso hemos aprendido.

Los más humildes del país carecen de una educación de calidad que les permita alcanzar su potencial y autorrealizarse a partir de su esfuerzo. Los más humildes no tienen la oportunidad de ofrecer sus servicios productivamente a la sociedad a través de un mercado laboral que les ofrezca estabilidad, crecimiento en capacidades y satisfacción material y espiritual. Los más desposeídos no tienen acceso – o en el mejor de los casos, tienen acceso muy precario y costoso - a servicios públicos básicos de toda naturaleza: seguridad, agua, electricidad, transporte, banca y financiamiento, etc. Los más humildes están desprotegidos ante los achaques de la salud, de los envites de la naturaleza y la volatilidad de la economía, es decir, el locus de control en su vida es efectivamente externo. Todo esto siendo Venezuela un país de ingresos medio-altos, de acuerdo al Banco Mundial.

La pobreza es una condición, no una característica. En otras palabras, la pobreza no es irremediable, y remediarla debería ser la prioridad de un Estado que se hace llamar “Social de Derecho y Justicia”. La exclusión de los más humildes es el principal problema del país, pero no es la problemática del país. La problemática es la razón de fondo por la cual el país no puede organizarse para darle una respuesta sostenible a sus principales problemas. No poder eliminar la exclusión es consecuencia de la problemática del país.

Diagnosticar una problemática no es sencillo – algo tan profundo se presta para muchas interpretaciones. En 1931, algunos de los eventuales padres de la democracia venezolana se aventuraron a escribir el Plan de Barranquilla, donde proponían su interpretación sobre la problemática de la Venezuela de aquellos años.

El Plan de Barranquilla criticó a quienes en su época ya sugerían que bastaba contar con “hombres honestos al poder” para salvar al país. Plantea que el despotismo era producto de “una estructura social-económica de caracteres diferenciados y precisables sin dificultad”. El objetivo no era sacar a Gómez, era cambiar el sistema. Sacar a Gómez era el requisito.

De acuerdo a su visión, el poder del Estado se basaba en una organización político-económica semifeudal, cooptado por una alianza histórica entre latifundistas y caudillistas, oportunamente robustecida por el capitalismo internacional para los tiempos de Gómez y del reventón petrolero. Yendo de problemática a problema, el Plan de Barranquilla elabora:

“Para caudillos y latifundistas la situación semi-hambrienta de las masas y su ignorancia son condiciones indispensables para asegurarse impunidad en la explotación de ellas. Sin libertad económica, analfabetos y degenerados por los vicios, los trabajadores de la ciudad y del campo no pueden elevarse a la comprensión de sus necesidades ni son capaces de encontrarle cauce a sus anhelos confusos de dignidad civil.”

Muchos de los planteamientos en el Plan de Barranquilla se mantienen vigentes, pero lo menciono por fines netamente ilustrativos. Los problemas del país los tenemos más o menos claros. El debate fundamental en la sociedad venezolana debe buscar clarificar su problemática. Es decir, entender las razones políticas, económicas y sociales que hacen que nuestra democracia no le de respuesta sostenible a los problemas prioritarios de nuestra sociedad.

Revisando nuestra historia, este no siempre fue el caso. Durante los primeros 20 años de nuestra democracia, la dinámica de cooperación entre las principales fuerzas vivas del país permitió que desde el gobierno se asumieran las necesidades sociales como la prioridad. Se implementaron políticas económicas sostenibles y esfuerzos sociales intensos en educación y salud. Estos se mantuvieron estables a pesar de la alternancia pacífica de personas y partidos en el poder. Se experimentaron mejoras sociales sin paralelos internacionales, mientras se gozó de libertades políticas que si bien no eran perfectas, constituían una democracia funcional - es decir, la envidia de la región. El petróleo había sido un motor de crecimiento, pero no fue hasta esos años que se convirtió realmente en un instrumento de desarrollo.

Y esa dinámica se rompió a mediados de los 70s con el primer boom petrolero. No solo se gastó todo el excedente extraordinario de ingresos, sino que la deuda aumentó 17 veces en esos años. Nunca antes se implementaron tantos “decretos-ley” unilaterales, y la filosofía del gobierno “de amplia base” se abandonaría para siempre. El gobierno acumuló tanto poder económico con el boom petrolero, que perdió la necesidad y la voluntad de cooperar con las demás fuerzas vivas.

Y en la trampa política del petróleo hemos estado atrapados desde entonces. Su lógica consiste en el uso oportunista del petróleo desde el poder. Es decir, el uso del petróleo para promover objetivos unilaterales del gobierno de turno, con énfasis en la permanencia en el poder del partido o del líder. Las bajas en el precio del petróleo siempre se consideraron momentáneas, por lo que nunca se repensó el arreglo institucional. Una vez que se rompe la cooperación, lo que quedó fue la desconfianza y el rencor, y como consecuencia definitiva, el oportunismo.

En términos intertemporales, el oportunismo se manifiesta a través de la voracidad fiscal: Tarda más un petrodólar en llegar al país que el gobierno en gastarlo, siendo incapaces de ahorrar en períodos de precios altos para poder estabilizar en períodos de precios bajos. En términos distributivos, el oportunismo se manifiesta a través de la discrecionalidad, el clientelismo y la corrupción: “Solo yo decido quien tiene acceso al petróleo, lo tendrán mis aliados o simpatizantes políticos, y no importa si ellos y yo violamos la ley en el proceso”.

El uso oportunista del petróleo no es rechazado por las grandes mayorías. Al carecer de información sobre el manejo de su petróleo y de un punto de referencia aspiracional, estas “no pueden elevarse a la comprensión” de la problemática. El ingreso petrolero se le cobra a agentes externos que no tienen un rol relevante en la política venezolana, y por eso lo ciudadanos no perciben su uso oportunista como el derroche de algo que es fundamentalmente propio.

Dada esta relación entre el venezolano y su principal industria, la respuesta natural es “jugar dentro del sistema”. Es decir, al venezolano y a las organizaciones en el país no les queda sino ceder ante el chantaje político para acceder a algún beneficio proveniente del petróleo. Este es el rentismo petrolero.

Los resultados de este sistema político disfuncional son el problema: Políticas de gasto e inversión social radicalmente politizada y con impactos limitados e insostenibles, niveles de corrupción espeluznantes, y una economía totalmente dependiente y vulnerable a los caprichos del mercado petrolero mundial. Así pues, el locus de control del gobierno y del resto del país (así como el de los venezolanos más humildes) es efectivamente externo.

Desde este paradigma, la revolución no es más que una versión brutalmente exacerbada de lo que ya vivíamos durante los 80s y 90s: la creciente concentración de poder en el gobierno, producto de los cambios en la constitución del 99 y de los exorbitantes niveles en la cotización internacional de los hidrocarburos, han estimulado al oficialismo en su socavar progresivo de todos los controles institucionales al poder a través de vías legales o de facto. En este contexto, no hay ninguna razón por la cual se tenga que negociar decisión alguna con otro factor político, por lo cual se hace tan sencillo como deseable el negar su existencia, y forzar al país al máximo extremo de polarización política en su historia democrática.

Pareciera tonto, pero la lección es que no se puede esperar concentrar todo el poder en una sola instancia, en una sola persona, y esperar que esta se comporte democráticamente. Cualquier proyecto político que aspire responder a la problemática del país, y por consiguiente a los problemas del país, debe tener como primer punto de agenda una reforma institucional que reduzca el poder de estar en el poder.

Cualquier propuesta de reforma institucional que no intente eliminar la trampa política del petróleo va a ser fallida, y no dará respuesta a los problemas de exclusión prevalentes en nuestra sociedad. En este sentido, proponemos la distribución directa de la renta petrolera a los venezolanos como una apuesta para atender la necesidad de revertir la manera en que los ciudadanos se vinculan con su petróleo.

Al saberse con el derecho de recibir su porción del ingreso petrolero, y con dicha porción como un referente aspiracional claro, el ciudadano exigirá información veraz y oportuna sobre el negocio petrolero y sobre el destino de cualquier descuento realizado a su porción por cobro de impuestos, inversiones en mayor producción futura, o para el ahorro y la estabilización del flujo de ingresos. El debate público sobre el petróleo, su industria y el uso de sus ingresos alcanzará el nivel de atención y escrutinio que siempre ha debido tener, motivándose así su buen uso.

Revirtiendo la relación de dependencia entre el ciudadano y el Estado, se socava la posibilidad de que el gobierno utilice los ingresos petroleros de forma arbitraria y oportunista. Dichos ingresos pasarían a tener un doliente interno, y su mal manejo no sería aceptable por las mayorías. Esto le daría poder efectivo a los grupos políticos fuera del gobierno para exigir acordar de forma cooperativa los términos de la inversión de estos recursos.

Al hablar del petróleo como el gran minotauro de nuestra sociedad, Uslar Pietri concluía que “Junto a esta gran cuestión de vida o muerte, todo lo demás no sólo debería ser secundario, sino pospuesto”. La exclusión de los venezolanos más humildes es el principal problema del país. La extrema concentración de poder económico en el Estado a partir de su control sobre los ingresos petroleros es su problemática política de fondo. Nuestra propuesta es una apuesta para socavar la trampa política del petróleo sin hambrear al Estado de recursos – no es una propuesta para hacer que el gobierno sea más pequeño, sino para hacer que el gobierno sea mejor.

La ponemos en la mesa para despertar un debate que ha estado irresponsablemente silente en nuestra agenda pública: ¿Cómo superar el oportunismo petrolero para lograr que el petróleo sea un instrumento de desarrollo social y económico?

viernes, 8 de febrero de 2013

Discursos y tendencias

El Presidente del Consejo Directivo del IESA, Gustavo Roosen, afirma que Europa renovó su voluntad de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Mercosur, siempre sobre la base del respeto a las normas internacionales de seguridad jurídica. Publicado en El Nacional, el 4 de febrero de 2013


Taparse los ojos suele ser el gracioso recurso infantil para no ver lo que está delante o, incluso, para hacerse la ilusión de no ser visto. Sucede también, frecuentemente, con la sociedad. Son muchos los recursos para negar lo que se impone como realidad. Uno de ellos es el discurso. Se recurre a la palabra para sostener una ficción o para autoafirmarse, como el que silba para engañar el miedo. La realidad, sin embargo, y las tendencias que la expresan, terminan imponiéndose.

Un ejemplo: el financiamiento del presupuesto nacional. “El Seniat te recuerda declarar y pagar el ISLR. Tu aporte contribuye con 52% del presupuesto de la nación”, dice una cuña de radio. Las estadísticas oficiales muestran que para el año pasado 57,85% de la recaudación tributaria neta no petrolera corresponde al IVA; 24,88%, al ISRL no petrolero, y el resto a la renta aduanera, otras rentas internas (licores, cigarrillos, timbre fiscal, sucesiones, juegos de envite y azar) y otros renglones. Lo que se nos quiere decir es que más de la mitad del presupuesto del Estado viene de los ciudadanos. El Seniat reconoce de esta manera la importancia del aporte de los ciudadanos para el sostenimiento del gasto público y para impulsar el desarrollo. La vitalidad de la economía, nos dice, está en función de la actividad privada. En los países en los que esto sucede la contribución ciudadana se convierte en mejores servicios, el Estado se siente más obligado a rendir cuentas y los ciudadanos a exigirlas.

Un segundo hecho: las declaraciones del encuentro recientemente sostenido en Chile entre mandatarios de la Celac y la Unión Europea. Pese al tono altisonante y reivindicativo de algunos discursos y a inocultables intentos para suavizar el texto de las declaraciones, la posición mayoritaria de los mandatarios fue de claro respaldo a las inversiones y al comercio internacional como fuente de desarrollo sostenible. Quedó reafirmada la necesidad de “marcos reguladores estables y transparentes que proporcionen certidumbre legal para los operadores económicos”. Se hizo manifiesta la voluntad de los Estados de proteger la inversión como forma de proteger la iniciativa y el trabajo creador.

El tema de las garantías jurídicas a las inversiones volvió a ser planteado en el encuentro de los cancilleres de España y Venezuela. José Manuel García-Margallo recordó a Elías Jaua la expropiación de Agroisleña por parte del Ejecutivo venezolano. Jaua ha ofrecido que intentará desatascar el proceso. Los dos países han decidido retomar las negociaciones comerciales, para lo cual se dará pronto una reunión entre los ministros de Industria y Fomento. ¿Se impone la realidad? Por de pronto, también aquí se evidencia que los países no olvidan y que, más tarde o más temprano, están dispuestos a hacer valer los derechos de sus ciudadanos.

En Chile, Europa renovó su voluntad de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Mercosur, siempre sobre la base del respeto a las normas internacionales de seguridad jurídica. A la hora del balance, lo que queda como realmente importante son los acuerdos concretos y la voluntad de desarrollar políticas de apertura a la inversión productiva y a la iniciativa privada, como las contenidas en el grupo de propuestas entregadas a los mandatarios por los más de 800 líderes empresariales reunidos en Chile.

Cuando todo apunta a advertir que se nos está acabando el tiempo de la magia petrolera crece la conciencia de que, más temprano que tarde, tendremos que afrontar la realidad de sostener la economía no gracias a la renta sino mediante el trabajo, la inversión, la productividad. La presencia de Venezuela en la Celac y Mercosur ha sido hasta ahora oportunidad para los discursos, pero impondrá al país, cada vez más, la obligación de adoptar las mejores prácticas y las exigencias internacionales en materia de intercambio, inversión y seguridad jurídica. Esta es la tendencia que va a terminar prevaleciendo, la que explica el desarrollo de unos países y el estancamiento o retroceso de otros.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Pedro Palma \\ Trabajar para el Estado

Cuando comenzaron los procesos de estatalización de empresas muchos empleados de las firmas afectadas, particularmente los obreros, hicieron demostraciones de júbilo y manifestaron su complacencia por pasar a trabajar para el Estado, ya que estaban convencidos de que el nuevo patrono mejoraría su situación laboral. El caso de Sidor fue emblemático; se recuerdan las manifestaciones de complacencia de los líderes sindicales de esa empresa por la decisión gubernamental, ya que consideraban que el Gobierno socialista, que trabaja para el pueblo y a favor de los trabajadores, iba a mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal. Los resultados, sin embargo, fueron muy diferentes.

Hoy los mismos líderes sindicales que apoyaron, y en algunos casos instigaron, la estatalización de la empresa en la que trabajaban, ahora reniegan del Gobierno, ya que plantean que los trabajadores fueron engañados y que su situación ha empeorado de forma ostensible.Todos los días vemos en la televisión protestas laborales de trabajadores con franelas rojas que se dirigen al Presidente, diciéndole que ellos lo han apoyado, pero que le exigen que les paguen lo que les debe el nuevo patrono. ¿Será que eso es pura manipulación mediática? Definitivamente no. Esas son reclamaciones legítimas y bien fundamentadas, debido a que muchos de esos trabajadores no se han beneficiado de ajustes salariales por largo tiempo, a pesar de la altísima inflación que se padece.

En otros casos, como el de los enfermeros, les pagan sueldos miserables que no les permiten adquirir los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades más básicas. En varias de esas empresas estatalizadas las convenciones colectivas llevan vencidas mucho tiempo, sin que el nuevo empleador dé signos de estar dispuesto a iniciar un nuevo proceso de negociación. En otros casos, a los trabajadores les han suspendido el seguro de HCM, a pesar de que ellos hacen contribuciones periódicas para pagar las primas respectivas, y los presionan para que acudan a Barrio Adentro, en vez de a clínicas privadas, cuando tengan un problema de salud.


En otros, en los que los trabajadores son accionistas de la empresa, no les pagan dividendos desde hace mucho tiempo. También es frecuente el flagrante incumplimiento de la promesa estatal de que todos los trabajadores que laboraban en las empresas antes de la toma de control por el Estado lo seguirán haciendo; son dramáticos varios casos, como el de los trabajadores de las empresas que prestaban servicios a Pdvsa en la costa oriental del lago, que perdieron su empleo sin tener mayores posibilidades de conseguir un nuevo trabajo.Adicionalmente, el Gobierno es quizá el peor empleador, ya que paga sueldos de miseria.

De acuerdo con datos del BCV, el poder de compra de las remuneraciones percibidas por los trabajadores del sector gubernamental ha caído 15,3% entre el tercer trimestre de 2009 e igual período de 2010, mientras que el de los que laboran en el sector privado se ha contraído en 1,8% en el mismo lapso. ¿Quién es entonces el mayor explotador? Con razón vemos ahora que los trabajadores son los primeros que se oponen a las expropiaciones o, mejor, a las expoliaciones de compañías por parte del Estado, quien en abierta violación del derecho de propiedad y arguyendo razones falaces, se apropia arbitrariamente de empresas. Esto, además de afectar a sus legítimos dueños, quienes en muchos casos no reciben la compensación debida, perjudica profundamente a quienes laboran en ellas.

Artículo de opinion
Lunes, 22 de noviembre de 2010