Gusvao Roosen
Cuando desde tantos frentes se apela al diálogo, no está demás recordar su naturaleza. El diálogo, en efecto, no es un fin sino un medio. Como tal, para hacerlo eficaz es preciso, entre otros requerimientos, darle sentido, cargarle de propósito, además de fijar sus alcances, establecer las reglas y los límites, analizar con realismo qué se puede esperar de él, cuánto vale la pena promoverlo. Esto es lo que ha hecho Conindustria en su reciente congreso anual, celebrado bajo el lema “Diálogo para un futuro productivo”.
Visión Venezuela Industrial 2025, el documento central del encuentro, es, como dice su texto, “una carta abierta a toda la sociedad”, además de “una mirada al futuro con convicción, compromiso y optimismo”. En él se sugieren políticas públicas concretas y se definen acciones obligantes para los empresarios e industriales. Unas y otras deben verse como recomendaciones para retomar la senda del crecimiento del sector manufacturero, seriamente afectado por lo que Carlos Larrazábal, hasta hace unos días presidente de Conindustria, no ha dudado en llamar “política de cerco”, cuyo resultado ha sido el para todos visible debilitamiento de la capacidad de producción nacional y de su sector manufacturero.
El cuadro no puede ser más gráfico. De una participación de 17,4% del PIB en 1998 se ha pasado a 13,9% en 2012, lo que marca un retroceso a los niveles de 1973. De 11.000 empresas registradas en 1998 se ha caído a cerca 7.000, es decir, a cifras de hace 5 décadas. Tan grave como la reducción en el número de las empresas ha sido el paso de un sector manufacturero muy integrado localmente y con un alto valor agregado nacional a otro con alta dependencia de insumos importados.
El documento de Conindustria se pregunta qué puede aportar la industrialización al proceso de desarrollo y se responde con una lista de compromisos, resumidos por Larrazábal en su discurso al congreso: reducir la dependencia de las importaciones y expandir los mercados para la producción nacional; maximizar el potencial de generación de empleos dignos; convertir las industrias en centros de capacitación y preparación para el trabajo; promover espacios de diálogo para la renovación del pacto social entre los factores involucrados en el desarrollo productivo, con énfasis en los trabajadores; procurar condiciones que soporten la competitividad sobre la base de nuevas inversiones y mejoramiento en la productividad; asumir un rol estelar en la activación del emprendimiento, el mejoramiento continuo y la adopción de los estándares de tecnología más elevados; trabajar con las instituciones financieras para disponer de esquemas de financiamiento que potencien el proceso de industrialización; lograr una industria manufacturera sólida, que aporte a la recuperación y fortalecimiento del sector petrolero como palanca de progreso, y contribuir al desarrollo de un sector público eficiente.
La recuperación del sector industrial pasa por la asunción de estos compromisos, pero también por un gran acuerdo para procurar la concertación con el sector laboral, promover la competitividad y un conjunto de políticas públicas sin las cuales naufragaría cualquier intento aislado de recuperación. Las 13 propuestas definidas en el documento empresarial dan sentido al diálogo y lo enriquecen.
Es hora de reconocer que el sector manufacturero sigue siendo esencial para Venezuela, más cuando se considera que no somos una economía de servicios y cuando se observa la magnitud de los retos que debe enfrentar la industria petrolera, vistos entre otros factores los importantes avances anunciados o ya registrados en este terreno en países del continente como México, Brasil, Colombia, Canadá y Estados Unidos, o la progresiva recuperación de producción en otros como Irak y Libia.
El diálogo en torno al desarrollo del sector industrial se hace cada día más apremiante. Importa el tono, la claridad en los objetivos, la honestidad y la concreción en políticas y acciones eficaces.
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