Lidiar con la incertidumbre

(La Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, afirma que el país continúa asediado por una larga lista de problemas que reclaman solución con urgencia. Publicado en el Últimas Noticias, el 13 enero de 2013)

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo. La incertidumbre tiene consecuencias directas en el comportamiento de las personas y de las organizaciones; éstas pueden ser positivas, como la innovación que se deriva de la búsqueda de opciones, pero suelen ser negativas, como la parálisis (hasta ver qué pasa) o el conflicto (cuando la falta de certeza se torna inmanejable).

 

 

La incertidumbre puede tener un costo muy elevado para las sociedades, especialmente cuando están en juego la paz y el sosiego de los ciudadanos. Es por eso que generalmente los países acuerdan unas reglas mínimas dirigidas a proporcionar certeza en situaciones especiales. Tales reglas están contenidas en la Constitución y las leyes, de modo que sean de obligatorio cumplimiento para todos.

El mejor ejemplo del grado de incertidumbre al cual estamos expuestos los venezolanos es el evento de la toma de posesión del presidente Chávez para el próximo período de gobierno. Al momento de escribir este artículo, a escasos dos días de la fecha pautada, todavía no se sabe qué acontecerá. En las últimas horas, el debate público se ha centrado en las reglas que establece la Constitución en caso de no concretarse la juramentación; ello podría interpretarse como la búsqueda de certeza para manejar una situación imprevista y potencialmente difícil.

Aunque sea comprensible, para muchos venezolanos esa discusión es completamente inútil, puesto que si algo ha caracterizado al período chavista es la llamada “institucionalidad emergente”. Esto es la disposición de los poderes públicos (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral y organizaciones del poder ciudadano), todos completamente afectos al oficialismo, a modelar e interpretar las reglas conforme a las necesidades del Gobierno como diría aquél célebre personaje de telenovelas: como vaya viniendo, van viendo.

Para el momento en que este trabajo sea publicado, ya sabremos qué sucedió finalmente el 10-E. Sin embargo, más allá de ese evento específico, es importante preguntarse qué consecuencias tiene para la sociedad venezolana desenvolverse en una incertidumbre constante. Mientras todo el mundo sigue, como en una película de suspenso, el estado de salud del Presidente, y las informaciones que provienen de los voceros políticos del oficialismo y la oposición, el país continúa asediado por una larga lista de problemas que reclaman solución con urgencia: un enorme déficit fiscal, la inflación más alta del continente, infraestructura en decadencia, problemas operativos en la industria petrolera, escasez de productos básicos, crisis del sistema eléctrico y cifras de horror en materia de homicidios y otros crímenes contra la población. Reducir la incertidumbre es condición necesaria para enfrentar estos desafíos, y para ello es clave respetar ciertas reglas y fortalecer las instituciones

Lo que está en juego el 16D

 (La Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, destaca la importancia de ejercer el derecho al voto en las elecciones del 16D. Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 4 de noviembre de 2012)

Dentro de mes y medio los venezolanos tenemos una nueva cita electoral; esta vez para escoger a los gobernadores de los 23 estados que conforman el territorio nacional. Nuestra historia política reciente muestra que este tipo de elección genera menos interés entre los ciudadanos, lo cual se traduce en menor participación o mayor abstención.

En el caso de esta elección en particular, hay razones para pensar que, a diferencia de lo ocurrido el 7O, cuando se consiguió un nivel de participación nunca visto -de más de 80 por ciento-, el 16D se pudiera registrar otro récord, pero esta vez de abstención. 

Del lado de la oposición, muchos no han logrado sobreponerse del resultado de octubre, a lo cual se suman la desconfianza en la actuación del CNE y el cuestionamiento de la justicia de la contienda, dado el ventajismo del Gobierno. Del lado oficialista, pareciera que el fervor que genera el presidente Chávez no necesariamente es transferible a sus candidatos a gobernador, cuyo liderazgo político está totalmente ensombrecido por la figura del líder.

En todo caso, dado que el voto opositor depende en mayor medida de la disposición personal del elector -a diferencia del voto oficialista donde ya se puso en evidencia el poder de la maquinaria “partidista”-, si la oposición no logra entusiasmar a sus seguidores, se corre el riesgo de que el resultado le resulte adverso.

Sin ánimo de ser apocalípticos, un triunfo avasallador del oficialismo el 16D sería equivalente al fin de la descentralización. Aunque el presidente Chávez le salió al paso a las declaraciones de Aristóbulo Istúriz en el programa José Vicente Hoy (14 de octubre), el candidato del Psuv a la Gobernación del estado Anzoátegui afirmó que “desmontar las alcaldías y gobernaciones es un paso indispensable para el avance efectivo del proceso de cambios socialistas en Venezuela”, agregando que “los mejores gobernadores serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones”. Estas declaraciones están en perfecta sintonía con los ataques que le ha propinado el actual gobierno a la descentralización y con la propuesta de una “Nueva geometría del poder”, que se incluyó en la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por el electorado en 2007.

La recentralización del poder tendría consecuencias nefastas para el ciudadano, unas más tangibles que otras en el corto plazo. Una muy importante está relacionada con la crítica que se ha hecho -y ha sido admitida por el propio Presidente- sobre la ineficiencia del Gobierno nacional. Cuando la gestión de ciertos asuntos públicos (como la vialidad y el funcionamiento de los servicios) se aleja demasiado del ciudadano, disminuye la capacidad de respuesta del Gobierno, así como la posibilidad de que la población exija respuestas por parte de las autoridades.

Otra consecuencia menos tangible sería la pérdida de la única instancia que todavía permite contrabalancear el poder político en el país. En un escenario donde el oficialismo domina todos los poderes públicos, las gobernaciones y alcaldías son el espacio que nos queda para el ejercicio del pluralismo que es consustancial a la democracia.
Finalmente, el país perdería el semillero del liderazgo político. Frente al estilo dominante del presidente Chávez, que no permite el surgimiento de otras figuras que puedan competir por la simpatía del pueblo, la existencia de gobernaciones y alcaldías autónomas es el único medio para que emerjan las otras opciones de liderazgo que reclama el ciudadano.

El Gobierno se autofiscalizará

(En un reportaje del diario El Nacional, escrito por Nicole Yapur, la Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, explicó que cada ministerio posee una contraloría interna, que debe velar por el uso adecuado de los recursos que le son otorgados para la realización de actividades bajo su responsabilidad. Publicado el 17 de octubre de 2012)

 

El presidente Hugo Chávez considera la falta de seguimiento como una de las fallas principales de su gestión

El 4 de octubre fue la primera vez que el entonces candidato y presidente de la República Hugo Chávez mencionó el ministerio de seguimiento. “Esa es una de las fallas más graves de mi gobierno”, expresó ante los periodistas en una entrevista de televisión. “Este ministerio lo voy a formar en un gran cuerpo de seguimiento de todas las decisiones del gobierno central”, agregó.

En esa oportunidad, indicó que el Ministerio del Despacho de la Secretaría pasaría a convertirse en esta nueva cartera dedicada a la observación y control de la gestión. Además, estaría “formado por gente joven”, egresada de las misiones y universidades, y se parecería a la Inspectoría Militar.

Más adelante, en una alocución posterior a su victoria electoral, el 9 de octubre, volvió a nombrar la importancia que el seguimiento tendría en sus próximos seis años de gestión. Aseguró que de esa manera elevaría la eficiencia de las políticas públicas aplicadas en su gobierno.

El mandatario explicó que en ocasiones ha autorizado los recursos para determinada obra y luego se consigue conque el proyecto nunca recibió los recursos o que la obra no fue terminada dentro de la temporalidad establecida.

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, dijo que para Chávez siempre ha sido muy importante el tema de los plazos en los que una obra debe ser ejecutada. “Él siempre ha sido muy exigente con los tiempos, que se determine la temporalidad en la cual se desarrollarán esos proyectos, y esa es una de las funciones del Parlamento: supervisar la ejecución de los recursos que autoriza el Ejecutivo”, afirmó.

El Poder Legislativo posee una Comisión de Contraloría integrada por 15 diputados y que tiene a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la administración pública, así como sobre la transparencia a la que están obligados las instituciones financieras y públicas, según el portal de la institución.

Sanguino señaló, sin embargo, que probablemente la intención de la medida es acercar al Poder Ejecutivo el proceso de fiscalización. “Ellos van a evaluar y van a producir los correspondientes informes, y se aplicarán en caso de que haya retrasos en los diferentes ajustes”.

Otros fiscalizadores

 

Además de la Comisión de Contraloría existen otras instancias que hacen seguimiento a las obras y proyectos públicos. Rosa Amelia González, profesora de Políticas Públicas del IESA, explicó que cada ministerio posee una contraloría interna, que debe velar por el uso adecuado de los recursos que le son otorgados para la realización de actividades bajo su responsabilidad.

Sin embargo, queda de parte de la Contraloría General de la República hacer la contraloría externa. “Esto siempre es deseable porque a veces puede haber conflicto de intereses cuando el organismo se fiscaliza a sí mismo”, dijo González.

Recordó que el Ejecutivo hizo mucho énfasis en el papel del poder popular dentro de las funciones de seguimiento a través de la llamada contraloría social. “El poder comunal debería servir para que los propios ciudadanos estén atentos a que se cumplan los tiempos cuando se autorizan unos recursos”, agregó.

Adicionalmente, en junio de 2010, se creó la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, adscrito a la Presidencia. Su objetivo es evaluar, supervisar, vigilar, hacer seguimiento y control en el cumplimiento de los planes, proyectos, obras y trabajos que llevan a cabo los ministerios, órganos, misiones y los consejos comunales. La oficina reporta directamente al Presidente de la República.

González señaló que si todo esto funcionara correctamente no se debería observar un uso inadecuado de los recursos. La especialista opinó que la creación de un ministerio dedicado al seguimiento es una forma de comunicarle al público que este asunto es importante para él.

 

“Por ejemplo, cuando estalla la crisis carcelaria, entonces crea un ministerio para asuntos penitenciarios. Quiere dar una señal de que se está ocupando de ese problema”, aseguró.

Aumenta la carga

González considera que el mecanismo que tiene el Presidente para atender los problemas que se presentan en su gestión puede ser problemático. “Eso hace al sector público más grande y más pesado. ¿Por qué no ocuparse que las contralorías ya establecidas cumplan adecuadamente sus funciones?”, se pregunta.

No se conocen todavía detalles sobre el funcionamiento del ministerio ni cuáles serán los aportes al sistema de seguimiento ya fijado. “Lo que yo percibí del mensaje del Presidente es que el ministerio se creará para fiscalizar la ejecución de los grandes planes nacionales y también los proyectos de los estados y municipios para que se hagan en los tiempos correspondientes”, dijo Ricardo Sanguino.

Sin embargo, González puntualizó que esto genera más burocracia. Existe un objetivo comunicacional subyacente porque el seguimiento parece ser el flanco más débil del Gobierno, añadió.

El 9 de octubre, Chávez extendió las atribuciones del nuevo ministerio, que no solo realizaría la contraloría de las obras públicas, sino también de los programas y planes que ejecuta el Gobierno. Esta se realizaría a escala nacional y local. No obstante, el énfasis parece ser en los proyectos de infraestructura.

El problema es que muchas de estas obras son financiadas a través de fondos parafiscales, como el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, el Fonden y otros recursos provenientes de acuerdos de cooperación, que se encuentran fuera del presupuesto ordinario y no tienen la autorización de la Asamblea Nacional.

González explicó que de estos fondos se conoce cuánto dinero entra, pero no hay detalles sobre cuánto sale y de qué manera es invertido. Esto dificulta los procesos de fiscalización y los limita a la parte del presupuesto que se conoce. “Todo lo que se hace a través de los fondos parafiscales no se conoce”, afirmó.

El presupuesto de la nación puede ajustarse

“Se ha hecho en el pasado”, así lo recordó el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, cuando fue consultado sobre si la incorporación del nuevo ministerio y sus respectivos recursos operativos serían incluidos en el presupuesto de la nación para el año 2013.
“Recordemos que si bien el presupuesto está elaborado, se puede dar una reestructuración en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente al año que viene. Ya hemos visto que se han creado ministerios, se han suspendido y se ha hecho toda una reestructuración”, añadió. Además, por vía de créditos adicionales se han autorizado grandes cantidades de recursos para los gastos ordinarios de los ministerios, en caso de que los requieran.

El presupuesto será entregado a la Secretaría de la Asamblea Nacional el 15 de octubre, para ser expuesto por Jorge Giordani el día 23. Luego, será llevado el 7 de noviembre a la Comisión de Finanzas, cuando se elaborará un cronograma para su discusión.

 

El chip gasolinero y las trampas de la regulación

(La Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, comenta los efectos producidos por las "trampas" de la regulación, en referencia a los precios de la gasolina y el contrabando de combustible en los estados fronterizos. Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 19 de agosto de 2012)

Una nueva amenaza afecta a los habitantes del Estado Zulia, quiénes por mandato del gobierno nacional estarían obligados a instalar un “chip” o código electrónico en el parabrisas de sus vehículos para controlar la venta de gasolina; dicho dispositivo se interconecta con otro colocado en las estaciones de servicio y registra la asignación de combustible (litros por día) a cada unidad automotora. El objetivo es frenar el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia. Actualmente la medida se encuentra “suspendida”.

La implementación de esta medida generó un enorme malestar en la región, al punto que dio pie a varias manifestaciones de desobediencia civil. Los ciudadanos rechazaron  el racionamiento, las interminables colas para colocar el chip y el ruleteo por las estaciones de servicio.

¿Por qué y cómo llegamos aquí? Llegamos a esta situación debido a las “trampas” de la regulación; en este caso, del control de precios de la gasolina. La teoría indica que así cómo es posible que una regulación sea efectiva para lograr los efectos esperados, inevitablemente también genera consecuencias no anticipadas e indeseables; así, el control de precios de la gasolina ha conseguido el propósito de mantener la tranquilidad social—tan valorada políticamente después de los sucesos del Caracazo—pero, entre otros efectos no deseados, creó un importante aliciente económico al contrabando de extracción.

Mientras más largo es el control de precios, más rentable es el negocio del contrabando. A la fecha, tras 14 años sin variación en el precio, un litro de gasolina comprado en una estación de servicio en Venezuela por unos pocos céntimos vale 1,25 dólares con solo cruzar la frontera con Colombia; esto significa que el incentivo para que se mantenga el contrabando en la frontera es enorme.

Voceros del oficialismo han acusado a quienes se oponen a la implementación del chip de ser cómplices de los contrabandistas. Por su parte, el ciudadano común se pregunta hasta qué punto con esta medida se solucionará el problema y si se justifican las molestias ocasionadas. La racionalidad económica indica que mientras exista un incentivo económico tan grande, es bastante improbable que la política de automatización de venta de gasolina sea exitosa en su propósito de frenar el contrabando de gasolina, más allá de la venta al menudeo.

Venezuela es un país con más de 3 mil kilómetros de costas y 5 mil kilómetros de frontera terrestre con Colombia, Brasil y Guyana; vigilar la salida del combustible por un territorio tan amplio es prácticamente imposible y si el gobierno persevera en su empeño las medidas de control tendrán que ser cada vez más punitivas.

Tarde o temprano, independientemente de quien gane las próximas elecciones, el gobierno venezolano tendrá que encarar el desmontaje del control de precios de la gasolina y otros bienes y servicios actualmente regulados. La experiencia internacional muestra interesantes iniciativas implementadas en otros países, como Irán y Brasil, donde el control de precios de la gasolina fue sustituido por un subsidio directo a los ciudadanos que no genera efectos indeseados cada vez más difíciles de corregir.

No todos los programas sociales son iguales

(Rosa Amelia González, profesora del Centro de Políticas Públicas del IESA, hace una reflexión sobre la diferencia entre aliviar la pobreza y superarla. Publicado en el diario Últimas Noticias, el 29 de abril de 2012)

En las últimas semanas el tema de las misiones sociales regresó a la palestra pública, con motivo de la propuesta del candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski, de promulgar la Ley de Misiones para Todos por Igual.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, se puede argumentar que las misiones son absolutamente necesarias en países como Venezuela donde persisten altos niveles de pobreza y desigualdad; sin embargo, cabe preguntarse si la manera en que se han diseñado e implementado esos programas conduce a los mejores resultados posibles.

Hasta la fecha, la mayoría de las misiones sociales son lo que se conoce como programas no condicionados; eso significa que sus beneficiarios no tienen asignada una tarea o responsabilidad que cumplir como contraparte del apoyo que reciben. Si bien ese enfoque podría tener sentido para grupos muy vulnerables de la población, no necesariamente debería aplicarse a todos.

Brasil, uno de los países que ha tenido más éxito en los últimos años en sus esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, ha preferido los programas sociales de transferencia de renta condicionada. De ellos, el más importante es el Programa Bolsa Familia (BF), creado en 2003, con dos objetivos fundamentales: 1) en el corto plazo, mitigar los problemas derivados de la situación de pobreza; y 2) en el largo plazo, invertir en capital humano. BF transfiere mensualmente a los hogares rentas que oscilan entre 18 y 135 dólares (el valor de la transferencia depende del grado de pobreza de las familias: extrema/no extrema). Si la familia se encuentra en situación de pobreza no extrema, la transferencia de renta está condicionada a: la realización de controles y exámenes prenatales, consultas pediátricas, el cumplimiento del programa nacional de vacunación y el mantenimiento de la altura y peso idóneo para los niños entre 0 y 6 años. También exige la asistencia escolar mínima de 85 por ciento para niños entre 7 y 15 años y en el caso de los adolescentes, el requisito es asistir a un mínimo de 75 por ciento de las clases.

En 2011 BF benefició a 13 millones de familias. Según evaluaciones oficiales, el programa ha tenido impactos positivos en: asistencia escolar, reducción de la deserción, transición más corta entre el desempleo y el empleo, reducción del trabajo infantil y mejoras en las condiciones de nutrición de los niños entre 0 y 6 años. Aunque Brasil es el país de América Latina con la mayor proporción de jefes de hogar que no tienen instrucción, ocupa el segundo lugar (Chile es el primero) con el porcentaje más bajo de niños entre 7 y 15 años que no asisten a la escuela.

Esta breve referencia al caso de Brasil pone en evidencia que no todos los programas sociales son iguales; una cosa es aliviar la pobreza, como hacen nuestras misiones sociales, y otra muy distinta superarla de manera definitiva. Para ello, se requieren cambios como éste: en una muestra comparativa realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brasil fue solamente superado por China como una de las naciones donde los trabajadores tienen mayor probabilidad de transitar de un empleo con bajo salario a un empleo mejor pagado en los próximos 12 meses.

Acuerdo Social \\ Rosa A. González

Una política social ideal sería aquella capaz de satisfacer simultáneamente dos condiciones: acceso y calidad. En otras palabras, que nadie quede excluido de los beneficios y que todos obtengan a una oferta similar o al menos, a una oferta que cumpla ciertos estándares mínimos para todos por igual. Desafortunadamente, no siempre los mismos ciudadanos le dan el mismo valor a estos dos atributos y gobernantes inescrupulosos pueden sacar partido de ello. Ilustremos lo que queremos decir con un ejemplo concreto: la educación universitaria y específicamente la enseñanza de la medicina.

Si hablamos de la enseñanza de la medicina en las universidades tradicionales, vemos que se trata de una formación de calidad; la mejor prueba de ello es la movilidad de sus egresados, quienes no tienen ningún inconveniente para prestar sus servicios en otros países, inclusive del mundo desarrollado. Se afirma, por ejemplo, que cerca de cinco mil médicos venezolanos han emigrado hacia el exterior y se encuentran ejerciendo la profesión en países como los Estados Unidos y España. Sin embargo, en términos de acceso, no todos los que aspiran estudiar medicina consiguen hacerlo. Por un lado, la demanda de cupos excede significativamente la oferta, lo cual da ventaja a los estudiantes mejor preparados, muchos de ellos egresados de colegios privados; por el otro, una vez dentro, la exigencia de los estudios hace que algunos tengan que abandonarlos.

El resultado es que una gran población de bachilleres se siente excluida de los beneficios que supone contar con un título de médico.Veamos ahora el Programa de Formación de Medicina Integral Comunitaria (Pfmic), que impulsa el gobierno del presidente Chávez como alternativa a la formación universitaria tradicional. El Pfmic amplía significativamente el número de cupos disponibles para quienes aspiran estudiar medicina (según cifras oficiales, se han incorporado 8.561 estudiantes) y no aplica los requisitos de admisión que suelen utilizarse en las universidades nacionales.

No obstante, respecto a su calidad se han formulado fuertes críticas. Quizás la más contundente es la expresada por el Dr. Rafael Muci-Mendoza, destacado médico venezolano y profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCV, quien decidió poner su cargo en la Escuela de Medicina José María Vargas a la orden, antes de participar en lo que denomina una "oferta fraudulenta".Este ejemplo ilustra la terrible trampa que representa para una sociedad la desigualdad de oportunidades.

Cuando un amplio sector de la población se siente marginado de ciertos beneficios, como el acceso a la universidad, está dispuesto a apoyar incondicionalmente cualquier propuesta "incluyente" sin preocuparse por su calidad, más aún si el resultado no es apreciable en el corto plazo. Es por eso que en sociedades como la nuestra se requieren gobernantes responsables, que no se aprovechen de la vulnerabilidad de los excluidos y que estén preocupados por implementar políticas sociales que garanticen acceso y calidad.Rosa Amelia González de Pacheco

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