Deuda pública desbocada

(El economista y profesor del IESA, Pedro Palma, explica las razones de la creciente deuda pública venezolana y de las implicaciones que ésta tiene para el futuro económico del país. Publicado en el diario El Nacional, el 13 de agosto de 2012)

Durante los últimos cinco años la deuda pública ha experimentado un crecimiento desproporcionado. Esto se debe a la voracidad financiera del Gobierno, para el que no bastan los abultados ingresos que hoy recibe de la industria petrolera, sino que necesita de abundantes recursos extraordinarios para financiar el desenfrenado gasto público.

Estos fondos proceden, además del endeudamiento tanto interno como foráneo, del financiamiento del BCV a través de la masiva transferencia al Ejecutivo de buena parte de sus reservas internacionales sin recibir compensación alguna.

Otra razón que explica el alto endeudamiento, en este caso el externo, es la necesidad de alimentar al mercado cambiario del Sitme con títulos denominados en moneda extranjera, lo que ha llevado a la República y a Pdvsa a emitir estos papeles en cantidades considerables.

Esto representa una carga financiera desproporcionada, porque esos bonos son vendidos en bolívares a la tasa de cambio oficial, produciendo ingresos primarios limitados en moneda local a quienes los emiten, pero generándoles unas obligaciones en dólares por demás costosas, debido a los elevados intereses que estos papeles tienen que pagar por la alta percepción de riesgo que sobre Venezuela existe en los mercados internacionales. En resumen, el sector público incurre en un costoso endeudamiento a largo plazo en moneda extranjera a cambio de unos pocos bolívares, con el fin de venderle dólares baratos y altamente subsidiados al público.

Sin embargo, después de un período de alto crecimiento de la deuda externa comprendido entre comienzos de 2009 y el tercer trimestre de 2011, en los meses recientes se ha notado una estabilización, mas no ha sido ese el caso de la deuda interna, la cual se ha disparado desde fines del año pasado hasta nuestros días.

De hecho, en febrero de este año se modificó el decreto que rige las operaciones del Fonden con el objetivo de autorizarlo a realizar operaciones que representan endeudamiento, permitiendo que tanto ese ente como otros organismos públicos hayan emitido obligaciones por más de 36 millardos de bolívares desde noviembre de 2011 a esta parte, lo que ha constituido la llamada deuda indirecta. El Gobierno central ha ofertado este año más de 60 millardos, lo que ha hecho que hoy la deuda pública interna supere holgadamente los 200 millardos de bolívares.

Gran parte de esos papeles se le ha vendido a la banca local. Esto ha tenido implicaciones de importancia. Muchos de esos títulos pagan unos intereses muy bajos, que en algunos casos no llegan al 5% anual, haciendo que su valor calculado de mercado sea muy inferior a su valor nominal, lo cual, en principio, implica una pérdida para las instituciones que los adquirieron. 

Incluso, si esos títulos son registrados contablemente a 100% de su valor nominal, los bajos rendimientos que generan implican de hecho una carga financiera de importancia para la banca, que ocasionan que los intereses que ésta pueda pagar por los depósitos que recibe del público sean también muy bajos y no estimulan el ahorro.

Adicionalmente, la vertiginosa acumulación de obligaciones del sector público en la banca incrementa la dependencia de estas instituciones financieras del Estado y las expone a los irresponsables manejos de las finanzas gubernamentales y de las políticas públicas a los que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno.

Si bien la abultada deuda interna se diluirá una vez que se materialice el inevitable ajuste cambiario que se producirá en poco tiempo, el dislocado aumento de la deuda pública tendrá consecuencias muy negativas a largo plazo, ya que los pagos futuros de intereses y capital limitarán cada vez más la disponibilidad de recursos para inversión productiva y en capital humano, y serán las generaciones futuras las que pagarán las consecuencias del irresponsable endeudamiento de este gobierno.

@palmapedroa

¿Qué podemos aprender de España?

(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, comenta las causas de la crisis económica de España, en la búsqueda de alguna lección que, al respecto, pudiera aprender Venezuela. Publicado en el diario El Universal el 8 de junio)

España ha conseguido ayer evitar, al menos por ahora, el colapso financiero. El país necesitaba 2.000 millones de euros para seguir pagando sus compromisos y ayer se ha encontrado con un mercado con algún apetito por deuda española. La mala noticia es que ese mercado mantiene el temor de una posible bancarrota y le ha cobrado una prima que adelanta parte de la amortización futura de principal. Esa es la forma más práctica de verlo: quienes prestan exigen la tasa de interés base más una prima que adelanta parte del capital que se vence a futuro.

Piense Ud. en el caso de Venezuela: quien le presta a Venezuela a veinte o treinta años con una prima de riesgo de 10%, en diez años ya habrá recibido de vuelta la tasa de interés base (sin riesgo soberano) más su capital. A partir de allí, le corresponde recibir retornos adicionales por el riesgo que ha corrido. Pues algo así está sucediendo con España.

A raíz de la crisis española ha habido muchos comentarios de café y tertulias entre "expertos" en donde se habla irresponsablemente de España. Además de estar muy poco informados y aprovechar el beneficio del tiempo para predecir el pasado (la falacia narrativa), también utilizan argumentos falsos.

Como es de todos conocido, en 1997 los países de la Unión Europea (UE) se comprometieron a mantener un déficit fiscal como porcentaje del tamaño de su economía (PIB) inferior a 3%. Durante la próxima década España no sólo cumplió con este criterio, sino que generó amplios superávit fiscales.

Para hacernos una idea de este esfuerzo basta pensar que, con todo lo que España ha emitido a raíz de la crisis de 2007-2008, su nivel de deuda pública como porcentaje del PIB al cierre de 2010 (72%) era idéntico a 2000 (71%). Ese no es el caso de Italia (129% en 2010, 123% en 2000), Francia (97% en el 2010, 73% en 2000) y ni tan siquiera de Alemania (77% en el 2010, 61% en el 2000).

¿Y entonces por qué España está en problemas y Alemania no? Por dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho de que el endeudamiento nacional tiene dos componentes: público y privado. Aunque el del sector público se mantuvo a raya, el privado pasó de tener una deuda de 187% del PIB en 2000 a 283% en 2010. Este colosal aumento llevó la deuda de la nación a 355% del PIB, la mayor en la UE, ¡a pesar del esfuerzo fiscal!

La segunda razón tiene que ver con la estructura de valor agregado. Durante todos esos años, el PIB de España fue remolcado por la burbuja del sector construcción. Aun cuando el gobierno mantuvo superávit fiscales, el crecimiento fue tanto que dio para financiar un aumento del gasto similar. Así, se expandió la red de infraestructura física y de servicios del Estado.

Una vez que la burbuja estalló, el país se ha encontrado con una estructura de gasto que ya no es capaz de sostener, y una población acostumbrada a esa red de servicios públicos (de allí los indignados digan: "yo me quiero jubilar igual que mi abuelo"). Para colmo de males, y esto acaso sea una de las pocas cosas que las tertulias de café aciertan, los trabajadores españoles son los menos productivos de la UE. ¿Cómo saldrá de aquí? Es difícil de saber. Y es que el inquilino que pagaba el condominio se mudó.

@miguelsantos12

Gustavo Roosen\\Deuda y largo plazo

Juzgar el grado de responsabilidad de un gobierno pasa por analizar su postura frente al fenómeno de la deuda pública: las razones para adquirirla, su monto en relación con la capacidad de pago, el destino de los recursos, las condiciones, la voluntad de honrar los compromisos y la tradición de cumplimiento. Todos estos datos dan información valiosa, pero donde realmente debería medirse esa responsabilidad es en la consideración sobre las consecuencias de la deuda para las futuras generaciones, sobre la carga que significará para ellas, especialmente cuando no ha estado destinada a la construcción del futuro y se ha perdido en las aguas del derroche, la ineficiencia o el inmediatismo.

Un programa de endeudamiento con perspectiva de largo plazo no se entendería sin una valoración de las consecuencias. Las están sufriendo trágicamente países que han equivocado el cálculo de sus capacidades, se han deslumbrado por períodos de prosperidad o han sustentado su crecimiento más en una tentadora apertura financiera que en su propia capacidad de generación de riqueza. No supieron establecer la relación adecuada entre el tamaño de la deuda y la vitalidad de su economía, más allá incluso de su inmediata y circunstancial capacidad de pago. No supieron preguntarse por el monto de recursos que resultarían inmovilizados en el mediano y largo plazo en aras del financiamiento de las necesidades presentes.

En el caso de Venezuela, el análisis sería más claro si realmente conociésemos el monto de la deuda. El Gobierno se empeña en presentarlo como pequeño y manejable, pero oculta la información completa, la de una deuda interna en la que no se contemplan los enormes pasivos laborales y sociales, o la de una deuda externa que pretende desconocer préstamos disfrazados u olvidar gastos pendiente por contratos no cumplidos, pago de confiscaciones u otras obligaciones.

Más importante que el monto es, sin embargo, la tendencia y el peso derivado de la calificación financiera. Pese a los enormes ingresos petroleros, la deuda venezolana crece, en efecto, de manera acelerada, al tiempo que se reducen las reservas llamadas a respaldarlas.

La incidencia de factores como el clima político, la inseguridad jurídica, la desconfianza de los inversionistas, la reducción del crecimiento económico, las altas tasas de inflación determinan, por otra parte, el riesgo país y hacen de nuestra deuda soberana una de las más riesgosas del mundo. Lo decía Maza Zavala al señalar como insuficiente que la república hubiese demostrado siempre ser buen pagador de su deuda externa y destacar el peso de las circunstancias políticas y sociales en la calificación del riesgo país.

Son estas realidades las que hacen cada vez más costosas las condiciones de financiamiento y las que llevan a preguntarse hasta dónde puede el país cargar con el pago de una deuda creciente, qué porcentaje del presupuesto deberá destinar al cumplimiento de las obligaciones, cuál es su verdadera capacidad de endeudamiento. Es hora de pensarlo para no vernos en la situación de los países europeos actualmente en crisis o de la Cuba socialista, abrumada por una deuda de más de 20 millardos de dólares y enfrentada simultáneamente a una urgente necesidad de cambios y a su propia debilidad estructural para asumirlos.

La preocupación nacional en torno a la deuda, especialmente con vistas al futuro, debería encontrar eco, hoy más que nunca, en la Asamblea Nacional, responsable de la aprobación del presupuesto y de los niveles de endeudamiento. La esperada demostración de la efectiva división de funciones se pondría de manifiesto si los legisladores asumieran, como les corresponde, la obligación de establecer el presupuesto, fijar la política de gastos del Estado y controlar su ejecución.

Es su responsabilidad evitar un endeudamiento que comprometa la solvencia del país y su futuro. En su responsabilidad proteger a las nuevas generaciones y evitarles la carga de una hipoteca que acabe con su esperanza.

Artíulo de opinión
Publicado lunes 02 de mayo de 2011
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