El gran financiador de gasto público

El profesor del IESA, Pedro Palma, explica cómo los bancos centrales pueden crear dinero en forma irrestricta, podría resultar muy atractivo para un gobierno, o para entes públicos que tengan fuertes déficits, buscar financiamiento en el instituto emisor a través de la emisión de bonos u otras obligaciones que son vendidos a esa entidad, produciéndose así lo que se conoce como monetización del déficit. Publicado en El Nacional, el 28 de enero de 2013

En el pasado he escrito varios de mis artículos sobre un tema que me preocupa particularmente por su potencial efecto nocivo sobre la economía venezolana; me refiero al creciente financiamiento de gasto público por parte del BCV. Cuando un instituto emisor adquiere un activo, como dólares, bienes raíces, mobiliario, etc., crea el dinero con el que realiza la compra.

Este dinero, llamado también primario, de alto poder o base, entra a la economía expandiendo la oferta monetaria en poder del público. Cuando esos fondos son captados por la banca en forma de depósitos, ésta se encarga de multiplicarlos a través de sus actividades crediticias, razón por la que aquel dinero base se multiplica.

Uno de los activos que puede adquirir un banco central son títulos valores, como bonos, pagarés y otros, proveyendo así de fondos a quien se los vendió. Si un gobierno o algún ente público requiere financiamiento porque sus erogaciones superan sus ingresos ordinarios, emite obligaciones que pueden ser adquiridas por inversionistas, extranjeros o locales, por la banca, o por el banco central, y obtiene así los fondos buscados. Dado que los bancos centrales pueden crear dinero en forma irrestricta, podría resultar muy atractivo para un gobierno, o para distintos entes públicos que estén incurriendo en fuertes déficits, buscar el financiamiento que necesitan en el instituto emisor a través de la emisión de bonos u otras obligaciones que son vendidos a esa entidad, produciéndose así lo que se conoce como monetización del déficit. Sin embargo, si esa práctica se hace en forma reiterada en el tiempo y por montos cada vez mayores, las consecuencias pueden ser nefastas, ya que el financiamiento de gasto público deficitario en forma recurrente y creciente puede llegar a generar una expansión desbocada de dinero base y de liquidez monetaria, que se traduciría en presiones inflacionarias crecientes. Por ello es universalmente aceptado que los bancos centrales deben ser autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, para así poder negarse al financiamiento desmesurado de requerimientos financieros del gobierno o de entes públicos.

De allí que preocupe lo que está sucediendo en Venezuela. Las modificaciones reiteradas de la Ley del BCV de los últimos años han eliminado la autonomía de esa institución, y la han puesto, al igual que sucede con los distintos poderes públicos, a merced de los intereses del Poder Ejecutivo. Ello está transformando al instituto emisor en el gran financiador de gasto público deficitario, particularmente de Pdvsa y de otras empresas públicas no financieras. En efecto, al cierre de 2012 la acreencia neta (activos menos pasivos) del BCV con Pdvsa, es decir, la deuda neta de esta empresa estatal con el instituto emisor, superó los 165 millardos de bolívares, habiendo experimentado un crecimiento vertiginoso en el segundo semestre del año mayor a 66%, sucediendo todo esto en el año en que se vendió el petróleo al mayor precio histórico. En el caso de las otras empresas públicas no financieras, su deuda neta total con el BCV al cierre del año pasado superó los 15,5 millardos de bolívares, a pesar de que a mediados de noviembre dichos entes mantenían en el instituto emisor unos depósitos netos cercanos a los 5 millardos de bolívares.

De continuar esta situación podríamos caer en un proceso perverso de creación desproporcionada y creciente de dinero base y de expansión de oferta monetaria, que nos lleve en el mediano plazo a sufrir una inflación muy superior a la ya muy alta del presente, aunque no creo que llegaríamos a padecer las inflaciones galopantes que experimentaron otros países latinoamericanos en décadas pasadas, ya que contamos con un alto poder de compra externa generado por nuestras exportaciones petroleras. Es hora de tomar consciencia y corregir el rumbo, pues no hacerlo nos expondría a riesgos inflacionarios mucho mayores que los que hoy existen.

Cómo acabar con la tiranía de la riqueza petrolera

(En un artículo para The Wall Street Journal escrito por Mary Anastasia O'Grady, Francisco Monaldi, profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, señala que el gasto total en 2012 fue equivalente a un 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el mayor en la historia del país. Publicado el 27 de enero de 2013)

En los 12 meses previos a la elección presidencial de octubre del año pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó 40% interanual en términos reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la economía venezolana.

El gasto total en 2012 fue equivalente a un asombroso 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es que el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del poder ejecutivo.

Estos datos zanjan de una vez por todas cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al deterioro de los estándares de vida en el país. De cara a la elección, el mandatario simplemente inundó la economía con clientelismo y otros favores para sus partidarios, como lo había hecho en otras elecciones  importantes en 2004 y 2006. Se levante o no de su lecho de enfermo en La Habana y vuelva al poder, este pasado podría ser un prólogo de lo que puede ocurrir durante muchos años.

El Estado venezolano obtuvo más US$60.000 millones en ingresos petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal fuente de financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en el que los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan comprar. Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el candidato Henrique Capriles el año pasado— como gestores más capacitados que los propios chavistas para administrar el gran número de programas sociales del gobierno. Esto no los conduce a ninguna parte y la caída de los precios del crudo aún podría tardar en llegar.
 

Monaldi, junto a los economistas venezolanos Pedro Rodríguez y José Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado en septiembre por el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los venezolanos un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas sociales del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.

Los autores sostienen que este "mecanismo de distribución directa" sería una forma más equitativa de distribuir la riqueza proveniente de las vastas reservas petroleras del país y mejoraría la situación de los venezolanos. Promocionar esta idea al electorado tal vez sea una de las pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.

Cuesta negar que Venezuela sea actualmente una dictadura. Pero las ideas aún importan, porque las dictaduras se caen cuando las masas se vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se estanque este año, el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no regresará. Haya o no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el terreno será fértil para cultivar las semillas del cambio.

Los puristas prefieren acabar con el dominio de la petrolera estatal y abrir el sector a una competencia plena. No obstante, una solución de libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no ganará adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente dañada durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.

Una alternativa más persuasiva es el mecanismo de distribución directa, que aseguraría que la población se beneficie de la riqueza petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman los "efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.

Cuando el Estado utiliza los gravámenes petroleros de un pequeño grupo de productores para financiar el gobierno, rompe la conexión que los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos y lo que esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman "dividendos de gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede distribuir a discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados políticos.

Bajo este mecanismo, el pago directo de los ingresos petroleros es posteriormente gravado. De esta forma, el costo de financiar los programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los autores, el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y "varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama "misiones", fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que equivale a unos US$480 anuales por persona.

¿Es probable que los venezolanos acepten la idea? Los autores dicen que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel Rosales haya presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una serie de focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la cuenta bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de Morales de emitir una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un sistema que otorgue vales "que puedan ser usados en la institución preferida" para salud y educación. En ambos casos, los sondeados respaldaron con firmeza la "universalidad" de los pagos.

Los autores aluden a una reciente encuesta que halló que "67,5% de los venezolanos no creen que se hayan beneficiado de los ingresos petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso representa una oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto, quieran preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar a los actores.

---> Si desea leer completo el trabajo de investigación de José Morales y los profesores del IESA, Francisco Monaldi y Pedro Luis Rodríguez se encuentra disponible aquí

La obsesión por redistribuir

(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, afirma que el fracaso económico de Venezuela en términos de producción de bienes y servicios ha sido colosal. Publicado en El Universal, el 27 de noviembre de 2012) 

La semana pasada asistí a una discusión sobre crecimiento de largo plazo en América Latina en la Universidad de Barcelona. Aquí, la pieza de información que más ha llamado la atención de los participantes ha sido el hecho de que la producción por habitante de Venezuela cerrará el 2011 en un nivel similar al que tenía hace treinta y cinco o cuarenta años. Si se ajustan las tasas de crecimiento económico que reporta el Banco Central por las de crecimiento poblacional, cerramos 2011 en el mismo nivel de 1974. Ajustando nuestra capacidad de producción por su poder de compra, estaríamos al nivel de 1969. En cualquier caso, son treinta y cinco o cuarenta años perdidos, estacionados allí, en el mismo lugar en donde nos dejaran Raúl Leoni o Rafael Caldera (I).

Alguien apuntó por ahí que semejante fracaso no tenía precedentes en países que no hubieren sufrido guerras. Se me antojó una observación interesante y me di a la tarea de revisar los datos. El único país con un desempeño en crecimiento por habitante inferior a Venezuela entre 1970-2010 (-6,4% o -0,2% anual) es Nicaragua (-38,3% o -1,2% anual), que en efecto sufrió una larga y cruenta guerra civil. Es decir, es cierto que todos los que están peor que Venezuela (uno, en realidad) han pasado por una guerra, pero no al revés. Hay países en América Latina que han sufrido guerras civiles y conflictos armados internos y aún así exhiben un desempeño muy superior al nuestro. Es el caso de Haití (cuya producción por habitante creció 11,8% o 0,3% anual entre 1970-2010), El Salvador (48,3%; 1,0%), Perú (49,0%; 1,0%), Guatemala (49,5%; 1,0%), Honduras (51,0%; 1,0%), y ya no digamos Colombia (110,3%; 1,3%).

Los últimos catorce años, a pesar de la enorme bonanza petrolera de la segunda mitad, no han cambiado el panorama. Entre 1998-2010 el crecimiento de la producción por persona de Venezuela (ajustada por el poder de compra) cayó 1,7% en total (-0,1% anual). Ese es el segundo peor de toda la región, sólo por detrás de Jamaica (-2,1%; -0,2%). Curiosamente, una de las tasas de crecimiento per cápita más altas del período la registra Cuba, que cabalgando sobre las ayudas de Venezuela logró crecer 76,8% en esos doce años, equivalente a 4,9% anual. A otros países que reciben nuestra ayuda también les ha ido bastante mejor que a nosotros, como Nicaragua y Bolivia (ambos 18,5% o 1,4% anual). Nos han dejado atrás Perú (56,7% o 3,8% anual), Argentina (31,7%; 2,3%), Colombia (24,5%; 1,8%) y Brasil (24,1%; 1,85%). Para México ha sido un período duro, contagiado por la fuerte crisis de Estados Unidos, pero aún así su producción por habitante creció 13,2% (1,0% anual) en estos doce años. Es decir, por dondequiera que se le mire, el fracaso económico de Venezuela en términos de producción de bienes y servicios ha sido colosal. Alguien podría apuntar que faltan los últimos dos años, en donde crecimos alrededor de 5,0% en cada uno. Si, es cierto, he utilizado las cifras hasta 2010 para poder hacer comparaciones regionales en términos de poder de compra, pero no es menos cierto que ese crecimiento empujado a punta de deuda y gasto público será severamente reversado en los años por venir. En el largo plazo no tiene sentido seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa, según me contó un apreciado psicólogo judío, es la definición de locura.

Es natural que una sociedad en donde la producción de bienes y servicios no crece se obsesione con la redistribución. En nuestro país el discurso que hace énfasis en el crecimiento se ha vuelto tabú, banalizado por las cadenas presidenciales en donde se divide el producto interno bruto de Venezuela en bolívares entre 4,30, y luego se insiste en que hemos crecido alrededor de 300% por ciento "en dólares" (como dijo el presidente Chávez, "si algo se duplica es que creció 200%, si se triplica es que creció 300%, y así sucesivamente... "). Inclusive, la expresión "productividad" ha llegado a ser prohibitiva, "suena a neoliberal", mera trampa de la jerga capitalista para promover la explotación del hombre por el hombre. Hemos sido necios según la acepción de Boecio, pues para no caer en esa trampa, hemos caído en otra peor. Si se trata de promover el desarrollo y reducir la pobreza de manera sostenible, en algún momento alguien tendrá que atreverse a levantar la bandera del crecimiento económico y de la productividad, alguien deberá aceptar el reto de persuadir y convencer, de ir mucho más allá del repetir lo que los focus groups (apoteosis de la desconexión política) nos indican que la gente quiere oír.

@miguelsantos12

Economista Puente cree difícil que no haya devaluación de la moneda para el 2013

(En una entrevista con Noticias24 Radio, el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, afirmo que “la política cambiara no se anuncia, se toma, y por ello, aunque se esté seguro que se va a devaluar no se plasma en el presupuesto”. Publicado el 24 de octubre de 2012)

El economista José Manuel Puente, en conversación con Noticias24 Radio, señaló que el Gobierno juega a la subestimación del precio del crudo al fijarlo para el 2013, a 55 dólares por barril, cuando, a su juicio, no hay ninguna razón técnica de hacer esa proyección.

Puente alegó que el precio del crudo venezolano durante el 2012 sobrepasó los 100 dólares y que el presupuesto anual debió haberse basado en un estimado superior que esté más cercano a la realidad.


“Cuando tu subestimas, el presupuesto pierde todo sentido como herramienta de planificación porque los números nada tienen que ver con la realidad”, reiteró.

Asimismo, consideró que el Gobierno subestima el precio para luego hacer uso de ingresos extraordinarios ejecutados a través de créditos adicionales y aportes destinados al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), “cuyo control absoluto lo tiene el Ejecutivo”.

El también profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) criticó los márgenes de flexibilidad manejados por el Gobierno que este año, tuvieron una modificación del 70%.

“Es válido tener flexibilidad para eventos impredecibles pero el 70% desnuda es la improvisación y la mala planificación de políticas públicas y macroeconómicas”, acotó al manifestar que las modificaciones del presupuesto “hacen que la política fiscal sea inconsistente”.

En otro aspecto, indicó que aunque el ministro de planificación y finanzas, Jorge Giordani durante la presentación ante la Asamblea Nacional de los proyectos de Ley de Presupuesto y Endeudamiento de 2013, haya aseverado que no habrá devaluación, le parece un reto difícil.

“La política cambiara no se anuncia, se toma, y por ello, aunque se esté seguro que se va a devaluar no se plasma en el presupuesto (…) no me extraña que se haya contemplado un tipo de cambio en 4, 3 bolívares, pero ¿será posible sostenerlo?, yo aspiro que sí, pero lo veo difícil, sostuvo.

Puente explicó que el tipo de cambio puede verse influenciado por tres aspectos claves: el precio en el mercado negro triplica al oficial, el bajo nivel de reservas líquidas del Banco Central de Venezuela y el aumento en las importaciones que este año, “batió cifras record en la historia del país”.

Para finalizar, lamentó que una parte del presupuesto esté siendo financiada con deudas y resaltó que “las deudas de hoy son los impuestos del mañana”.

Con deuda interna el Gobierno financió un gasto equivalente a 11 puntos del PIB

(En un reportaje del diario El Mundo, escrito por  Carjuan Cruz, el economista y profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, explica que  con el aumento de un punto del IVA, apenas se recauda medio punto del PIB y llevando la gasolina de un céntimo el litro a 75 bolívares el litro, esa recaudación representaría solo 1,7 puntos del PIB. Publicado el 24 de octubre de 2012)

Aunque se estima que para 2013 las erogaciones del Estado se reducirán y la liquidez no crecerá a igual ritmo, es posible que el Ejecutivo siga emitiendo en bolívares

La estrategia de endeudamiento del Gobierno está orientada a buscar financiamiento interno y no externo. Esto, sobre todo, porque emitir títulos en los mercados implica pagar intereses de 8% a 12% y en dólares.
 

Esta tendencia a emitir internamente y en bolívares observada durante lo que va de 2012 le permitirá al Ejecutivo un financiamiento equivalente a 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, según las proyecciones del economista Miguel Ángel Santos.

"Con la deuda interna el Gobierno está pagando el mismo porcentaje de cupón, pero en bolívares y con una inflación que está en 20%", señala.

 

Ese pago por debajo de la inflación implica, según indica el experto, que al Gobierno ese endeudamiento interno le está saliendo "prácticamente gratis": "Pagan intereses que están por debajo del alza de los precios en el país", apuntó Santos.

La política monetaria aplicada por el Ejecutivo este año apuntó a esa línea. Desde el último trimestre del año pasado, el financiamiento directo hecho por el Banco Central de Venezuela a PDVSA impulsó el crecimiento de la liquidez.

En efecto, ese dinero se tradujo en pagos de la petrolera a los proveedores de servicio, que a su vez pasaron a impulsar el aumento de los bolívares depositados en los bancos del país. Y dado que estos altos montos de captaciones no podían ser colocados en su totalidad en créditos, las entidades bancarias acudieron a la compra de los títulos emitidos por el Estado para rentabilizar los fondos.

"Cuando la banca se encuentra con esta cantidad de depósitos en bolívares y no puede acelerar más la entrega de créditos, viene el Gobierno y les vende títulos de deuda interna", explica Santos. "El Ejecutivo no tenía cómo financiarse porque sabe que la deuda externa está muy cara", agregó.

Pero pese a esta estrategia de financiamiento, el fisco se enfrentará al cierre del año con un déficit que alcanzará los 19 puntos del PIB, según cálculos de Santos, tomando en cuenta ingresos, menos gastos, una diferencia que es cubierta con endeudamiento.

Para atender ese desorden en las cuentas, Santos señala que posiblemente se dé un ajuste cambiario. Aun con un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e incluso un alza significativa en el precio de la gasolina, no se cubriría esa cantidad.

"Con el aumento de un punto del IVA, apenas se recauda medio punto del PIB. Y llevando la gasolina de un céntimo el litro a 75 bolívares el litro, esa recaudación representaría solo 1,7 puntos del PIB", explica el economista.

Ajuste cambiario

El 2013 se vislumbra como un año postelectoral y de pago de compromisos de deuda, lo que lleva a adelantar un escenario de menos gasto.

Ante ese panorama y el déficit fiscal manejado para 2012, Santos no descarta un ajuste en el tipo de cambio. Para el experto, esta sería la alternativa que le permitiría al Ejecutivo asegurar ingresos de por lo menos seis puntos del PIB, en caso de que el precio del dólar oficial no suba más de dos bolívares por divisa.

Sin embargo, autoridades económicas del Gobierno han insistido en que Venezuela no tiene necesidad de una devaluación ni a corto ni a mediano plazo.

El financiamiento recogido a través de deuda interna posiblemente continúe en 2013, según estima Santos, pues cree que esos 11 puntos del PIB que arrojó esa estrategia seguirán necesitándose en el Gobierno.

Semejanzas de dos momentos

(El economista y profesor del IESA, Pedro Palma, compara las realidades económicas y políticas actuales con las que se vivían a finales de 1988 y comienzos de 1989. Publicado en El Nacional, el 22 de octubre del 2012)

Cuando se comparan las realidades económicas y políticas actuales con las que se vivían a finales de 1988 y comienzos de 1989 afloran unas similitudes sorprendentes de las que mucho podemos aprender.

Durante los últimos años de la presidencia de Lusinchi se vivía una ilusión de bonanza, producida por una política expansiva de gasto público a través de la cual se inyectaban a la economía ingentes recursos que estimulaban el consumo, el cual también crecía por una abundante demanda de crédito, debido a la fijación de las tasas de interés en niveles muy bajos e inferiores a la inflación.

Ese incremento de las compras estimulaba la producción y creaba mayor demanda de mano de obra, reduciéndose así el paro laboral. Si bien la inflación era elevada y creciente, particularmente la de alimentos, el Gobierno intentaba doblegarla a través de severos controles de precios y crecientes importaciones, buscando con ello evitar problemas de desabastecimiento en respuesta a los severos controles y a la mermada competitividad de los productores de bienes transables. Las reservas internacionales, por su parte, estaban sometidas a grandes presiones, no sólo como producto de las crecientes compras foráneas, y de unas estancadas exportaciones petroleras debido a unos precios debilitados, sino también de una demanda muy intensa de divisas preferenciales que se vendían a unos tipos de cambio muy bajos y divorciados de la tasa libre. Además, buena parte de esas reservas eran utilizadas para financiar gasto público.

Todo lo anterior llevó a que al final de 1988 la economía estuviera padeciendo severos desequilibrios en los ámbitos fiscal, monetario, financiero y externo, que exigían impostergable atención y corrección. No obstante, la percepción general era que se vivía una situación muy favorable que debía preservarse a toda costa, para lo cual se eligió a Carlos Andrés Pérez, el artífice de la bonanza de mediados de los años setenta, para que continuara la fiesta.

Fue así como Carlos Andrés Pérez obtuvo casi 53% de los votos en la elección de diciembre de ese año, cosa nunca vista hasta entonces, y Lusinchi dejó la presidencia con una popularidad de 70%. A pesar de la euforia y optimismo general, a los pocos días de la toma de posesión del nuevo gobierno estalló el Caracazo después de producirse un incremento del precio de la gasolina y de las tarifas de transporte, como parte del paquete de ajuste recientemente anunciado, que buscaba corregir los profundos desequilibrios existentes. Ese fue un amargo y sorpresivo despertar para la gran mayoría de los venezolanos.

Ahora vivimos una serie de circunstancias muy similares a las descritas. El dislocado gasto público ha generado un grave desequilibrio fiscal.

Las ingentes necesidades de financiamiento se han traducido en un desbocado endeudamiento público y en un uso irresponsable de los recursos del Estado. Se ha obligado al BCV a transferir más de 43 millardos de dólares de reservas internacionales para financiar gasto público, llevando esas reservas a niveles críticos. Hay estrechez en el suministro de dólares, producto, entre otras cosas, de un aumento desproporcionado de las importaciones, de las que dependemos para abastecer el mercado interno. Hay un gran desequilibrio cambiario y una sobrevaluación descomunal de la moneda, que ha afectado severamente la capacidad competitiva de los productores de bienes.

Existe una altísima inflación que se pretende dominar con controles de precios ineficientes e insostenibles, que lo que hacen es represar, mas no solventar el problema. Todo lo anterior, y otros dislates gubernamentales, como las expropiaciones, y la insistencia den aplicar un modelo político y económico caduco y fracasado, han generado una serie de graves problemas que habrá que afrontarlos en el futuro.

Ojalá que las difíciles medidas que aplique el Gobierno a tales fines, aun cuando inevitablemente dolorosas, sean exitosas y no traumáticas.

Ajustes post electorales

(El economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, afirma que la economía venezolana experimenta una fuerte dosis de estímulo fiscal y monetario, que se traduce en una recuperación del crecimiento. Publicado en El Universal, el 16 de octubre de 2012)

Una muy incoherente política económica caracterizada, entre otros factores, por una inflexible política cambiaria que ha generado una fuerte apreciación del tipo de cambio, una política fiscal pro cíclica, un ambiente de hiperregulación (controles de precios, cambios y tasas de interés) y sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones generó fuertes contracciones del aparato productivo durante los años 2009 y 2010.


Sin embargo, en el 2012, el extraordinario choque petrolero, con ingresos por exportaciones petroleras que estarán por encima de los 90.000 millones de dólares en el contexto de un año electoral, ha cambiado el signo de la política fiscal y monetaria y conducido a un año de crecimiento económico a pesar del mal manejo macroeconómico y las profundas distorsiones del aparato productivo. No obstante, ahora que la coyuntura electoral quedó atrás, se tendrán inevitablemente que atender algunos de los desequilibrios macroeconómicos y hacer ajustes en la política económica.

La economía venezolana experimenta una fuerte dosis de estímulo fiscal y monetario, el cual se traduce en una recuperación del crecimiento. De acuerdo al BCV, en el primer semestre del 2012 la economía venezolana creció 4,2%, donde resalta el crecimiento de sectores como instituciones financieras y seguros (31,8%), construcción (22,5%) y comercio (8,9%) y se puede proyectar para todo el año 2012 un crecimiento de la economía cercano al 5%.

Sin embargo, en medio de los precios petroleros más altos de la historia económica del país, se evidencian cada vez más claramente los desequilibrios macroeconómicos y en general la insostenibilidad de la política económica. Destaca en particular la insostenibilidad fiscal, con un alto déficit fiscal del gobierno central proyectado para el 2012 en 9% del PIB y un tipo de cambio fuertemente apreciado donde el precio del mercado "no oficial" triplica al tipo de cambio oficial generándose múltiples distorsiones. Esta apreciación además ha generado un auge de las importaciones. A la vez y como consecuencia del mismo fenómeno, se ha registrado una caída de las exportaciones no petroleras.

Para el primer semestre de 2012, las exportaciones no petroleras fueron de solo US$ 2.177 millones, lo que manifiesta una fuerte contracción del sector transable de la economía. Igualmente para los primeros seis meses de 2012, las importaciones fueron de 27.020 millones de dólares, con lo cual las importaciones totales del año estarán por encima de los US$ 50.000 millones, el nivel más alto de toda la historia económica venezolana. Estos desequilibrios fiscales y cambiarios obligarán al gobierno a moderar el ritmo de ejecución fiscal y hacer un ajuste del tipo de cambio con los consecuentes impactos recesivos e inflacionarios en el 2013.

Los altos precios de petróleo pueden generar estas paradojas e ilusiones de armonía en una economía y hasta retrasar el momento de los ajustes para ganar elecciones. Sin embargo, lamentablemente, tarde o temprano los gobiernos se encuentran con las consecuencias de su mal manejo macroeconómico haciendo pagar un altísimo costo a toda la población, especialmente a aquellos a los cuales se dice reivindicar: los más humildes.

jose.puente@iesa.edu.ve

Vivir viviendo

(El profesor del IESA, Ricardo Villasmil, reflexiona en torno a la angustiosa necesidad del ciudadano común por cubrir los bienes y servicios para su familia y el rol que debe desempeñar el Estado para desarrollar políticas que permitan la generación de empleos bien remunerados. Publicado en el diario El Universal el sábado 11 de agosto de 2012)

Buscar sin éxito un empleo que permita cubrir las necesidades de su familia es una de las peores angustias que puede tener un padre. Es uno de esos dramas que sólo podemos entender cuando lo vivimos en carne propia, cuando vemos su impacto sobre el orgullo y la autoestima.

Cuando vemos que, en esas circunstancias, el auxilio económico de un familiar o del Estado ciertamente ayuda, pero a la vez potencia el sentimiento de minusvalía.

Precisamente por ello, una de las preocupaciones fundamentales de los Estados modernos es que todas las personas en edad de trabajar tengan la oportunidad de tener un empleo. Pero, claro, no un empleo cualquiera. El ingreso por él generado tiene que alcanzar para cubrir los gastos fundamentales de la familia: alimentación, salud, vivienda, etc.

En otras palabras, no basta con que el empleo sea bien remunerado, es importante que los bienes y servicios básicos sean asequibles.

Tomemos el caso de la vivienda. Dos de cada tres familias venezolanas tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos (4.100 bolívares). Si tomamos como norma general que el gasto en vivienda no debe superar una tercera parte del ingreso total del hogar, tendremos que el pago mensual de vivienda de dos de cada tres familias debe ser inferior a 1.366 bolívares.

A la tasa hipotecaria actual, un pago mensual de esa magnitud permite financiar unos 136.600 bolívares, pero un apartamento de 60 metros cuadrados en los Valles del Tuy, por ejemplo, tiene un precio promedio de mercado de alrededor de tres veces ese monto. El Estado debe subsidiar una parte de la diferencia para las familias más necesitadas, pero en ningún caso la totalidad de la diferencia para todas las familias.

Lograr que todos podamos tener acceso oportuno a una vivienda de calidad requiere entonces combinar una política de subsidios focalizados en las familias más necesitadas con una política económica e institucional capaz de lograr tres cosas: 1) elevar la productividad del trabajador y por esa vía sus ingresos; 3) estimular la producción masiva de viviendas de calidad con acceso a servicios públicos y al equipamiento social correspondiente; y 3) reducir el costo de la vivienda.

Esta no es una trinidad imposible. Otros países latinoamericanos lo están logrando. Nosotros también podemos hacerlo.

@rvillasmilbond; www.ricardovilla.com

Reconstruir las cuentas de la República es rehacer un Frankenstein

(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, habla sobre la situación económica de Venezuela, cuáles han sido las causas y cuáles son las opciones para revertir sus consecuencias. Entrevista realizada por Blanca Vera Azaf y publicado en el diario El Nacional el miércoles 8 de agosto de 2012)

El economista Miguel Ángel Santos asegura que se desconoce cuánto dinero se gasta, cuánto ingresa y cuánto se debe. Añade que es preocupante la cantidad de recursos a los que se les ha perdido el rastro. Señala que el endeudamiento no es malo per sé. Pero advierte que hay que tener cuidado con el destino de los bolívares que se obtienen producto de las emisiones.

Miguel Ángel Santos se refiere a los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez como un gran naufragio económico. No ve salidas que permitan a la gente común mejorar su nivel vida y asegurar un futuro a sus hijos.

"A partir de ahora lo único que puede hacer el actual gobierno es devaluar o ir a la Organización de Países Exportadores de Petróleo a jalar para ver si logra que aumenten la producción. Pero si lo consigue afrontará otro gran inconveniente que es la imposibilidad de que Pdvsa pueda aumentar el número de barriles". Añade que hay una realidad que golpea al socialismo del siglo XXI y es que, en estos 13 años, la OPEP en su conjunto aumentó la producción 15%, mientras que Venezuela la bajó 22%.

En su discurso, el tema social está constantemente asociado con el económico. Ha dedicado gran parte de su vida académica a estudiar cómo asegurar que las próximas generaciones de venezolanos puedan disfrutar del beneficio de contar con las mayores reservas petroleras del mundo a través de la seguridad, el empleo, la movilidad social y la erradicación del hambre.

-¿Cuál es el mayor problema que tiene la economía venezolana? 
-La falta de capacidad de producción. El aparato productivo está arrasado. Teníamos un problema de baja competitividad exportadora no petrolera cuando comenzó el gobierno de Chávez y ahora estamos peor, vamos a cerrar con menos de 1 millardo de dólares este año.

Se impuso una estructura de costos muy grande y no hay manera de competir con productos extranjeros ni en precio ni calidad. Hay un auge de importaciones que no genera empleo. Cuando se divide lo que produce el petróleo per cápita apenas alcanza para 60 bolívares diarios por venezolano. Eso no es nada.

-El candidato de oposición dijo que había 700.000 familias que se acostaban sin comer y Chávez lo refutó para aclarar que sólo eran 400.000.
-Fue un desacierto del Presidente decir que son 400.000 familias como si fuera un gran logro. Cada familia tiene 5 miembros en promedio, lo que quiere decir que se trata de 2 millones de personas que no comen lo suficiente al día porque no tienen ni siquiera el ingreso mínimo para adquirir la canasta básica, y eso es muy significativo. Este país ha tenido precios petroleros promedio entre 80 y 100 dólares durante 6 años. Esa es una declaración muy triste para un gobernante.

-¿Cree que el Convenio Cambiario N° 20 encubre una devaluación? 
-El Gobierno lo que está pensando es que al no devaluar la contribución fiscal de Pdvsa se volvió insignificante. Por cada año que la inflación estuvo en 30% la contribución de Pdvsa cayó entre 2 y 3 puntos del PIB. Lo que buscan es hacer una prueba inicial con 5% que le permite a Pdvsa comprar bonos en el Sitme para ver cómo les va, pero de lejos se ve que es sólo un globo de ensayo.

-El Convenio pretende disminuir las emisiones de bonos. ¿Es acaso tan preocupante el endeudamiento externo? 
-El endeudamiento no es malo per sé. Pero hay que tener cuidado porque muy distinto es lo que se hace con el dinero que se obtiene producto de las emisiones. El Gobierno ha utilizado la deuda erradamente para aumentar el consumo vía importaciones y cubrir gasto corriente. No se invierte en nada que permita aumentar la capacidad de pago a futuro y no se ha incrementado la producción petrolera; por tanto la capacidad de pago sigue intacta, pero la deuda se ha multiplicado cinco veces. Si se tiene que pagar entre 10% u 11% en dólares para conseguir dinero significa que el manejo de las finanzas de la nación sí preocupa a los inversionistas. Cuando uno se pregunta por qué España entró en crisis y nosotros no, la respuesta es sencilla: porque el Parlamento español no le permitió al Gobierno endeudarse a unas tasas tan altas.

-Uno de los logros que muestra el Gobierno es haber disminuido la inflación. Sin embargo, la revista The Economist publicó el índice Big Mac y el venezolano es el más costoso.
-El Ejecutivo ha tenido dos políticas antiinflacionarias. Una es importar barato y la otra, la salida de capitales. Gastan mucho dinero y como no hay contrapartida sacan divisas a través de las emisiones de bonos o por las importaciones. El problema es que este tipo de estrategia necesita de precios de petróleo muy alto. El poder adquisitivo de un bolívar se pierde en Venezuela por la inflación, pero se mantiene en el exterior porque no se devalúa. Eso es lo que muestra el índice Big Mac.

-¿Cuáles son las medidas oficiales más dañinas para la economía?
-La actitud de asfixia al sector privado y las estatizaciones. Eso ha provocado una pérdida de capacidad de producción y ha debilitado mucho a las empresas no expropiadas, que tienen más problemas para adquirir materias primas y costos laborales más altos. La segunda es haber utilizado la tasa de cambio como un anclaje contra la inflación. No devaluar durante tanto tiempo, ni Cadivi ni el Sitme, ha sido deliberado para bajar los precios a través de importaciones baratas. Eso es terrible porque destruyes la competitividad del aparato productivo venezolano en el exterior.

La tercera es la fragmentación institucional en el manejo de los fondos. El Ministerio de Finanzas responde por una parte, Pdvsa por otra y el BCV por una tercera. Las cuentas no cuadran y además hay un montón de fondos en los que no se sabe cuánto hay. No se sabe cuánto dinero se gasta, cuánto ingresa y cuánto se debe. La cantidad de dinero a la que se le ha perdido el rastro es gigantesca y eso le ha hecho daño a la economía. Reconstruir las cuentas de la República no es armar un rompecabezas sino rehacer Frankenstein.

-De los integrantes del gabinete económico ¿quién le ha hecho más daño a la economía? 
-Jorge Giordani. Desde hace dos años tiene los sueldos de los entes que domina totalmente congelados y eliminó los bonos. Hoy un funcionario gana la mitad que hace dos años, lo que ha provocado un desmembramiento de personal clave que conocía esas instituciones. Pero además su visión es que Venezuela siempre sería un país monoexportador de petróleo completamente infectado por la enfermedad holandesa, y con un sector privado que para el ministro es flojo y mercantilista. Por ello utiliza la renta para importar y aumentar el consumo manteniendo algunos excedentes de ahorro, lo que ha destruido al país.

El pesimismo de la banca con Venezuela

(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, afirma que los reportes de la banca internacional se han puesto más pesimistas en relación con Venezuela y sostiene que las dos únicas estrategias que existen para ajustar el déficit en que se ha incidido en 2012 serían una macro devaluación y tratar de influir en la OPEP sobre un recorte de producción. Publicado en El Universal, el 3 de agosto de 2012)

Los reportes de la banca internacional se han ido poniendo cada vez más pesimistas en relación con Venezuela. Este es un hecho que resulta todavía más curioso cuando uno se da cuenta que muchos de los que contribuyen con esas notas son analistas venezolanos. Uno infiere (en algunos de estos reportes está explícito, en otros no) que ese pesimismo viene halado por su expectativa de una nueva victoria oficial en las elecciones de octubre. Pero no siempre es así.

Yo he sostenido en otra parte que las dos únicas estrategias que tendría disponibles la revolución para ajustar el colosal déficit en que ha incurrido en 2012 serían una macro devaluación y tratar de influir en la OPEP sobre un recorte de producción. En esto último ha demostrado ser muy poco exitosa.

Por el lado de las cantidades tampoco parece haber oportunidad. De hecho, Venezuela es el único país que se mantiene por debajo de su cuota OPEP. Nuestra producción ha caído en 22% en catorce años, mientras el resto de nuestros socios OPEP aumentaban 14%. Algunos de nuestros amigos en la región, Brasil (119%) y Ecuador (32%) también han incrementado significativamente su producción.

La revolución, que ha venido prometiendo desde el plan Siembra Petrolera de 2005 la expansión de nuestra producción a 5.8 millones de barriles día, llega a 2012 boqueando con algo menos de tres. Siendo así, sólo le queda disponible una devaluación, que las bancas han estimado entre 50% y 75%, para cuadrar las cuentas fiscales. Esta magnitud aún no corregiría el desajuste, lo que obligaría a recortes del gasto adicionales y más endeudamiento. En esas circunstancias, me llama la atención que, por citar un ejemplo, Nomura crea que el producto caería sólo 1%, dada la larga historia de devaluaciones contractivas de nuestro país.

La oposición tiene un margen de maniobra muchísimo más amplio de ganar las elecciones de octubre. Tiene la posibilidad de aumentar de forma inmediata el flujo de caja de Pdvsa, suspendiendo los subsidios que hoy totalizan un equivalente a 182.000 barriles diarios o 6.600 millones de dólares.

Puede aumentar la producción en un horizonte de un año en unos 200.000 barriles diarios, con inversiones mínimas en mejoradores que ya están ahí, lo que representaría otros 7.300 millones de dólares adicionales. Puede inscribir esta acción dentro de un plan de expansión similar al que el Gobierno nos ha prometido hasta en cuatro ocasiones diferentes desde 2005, que lleve nuestra producción efectivamente a la vecindad de 6 millones de barriles día.

Más aún, la oposición puede generar un cambio de expectativas, atraer inversión a través del desarrollo de un plan de política económica y social consistente, reduciendo así la prima de riesgo que hoy le exigen a Venezuela los mercados internacionales. Como resultado de estas políticas, el ajuste no sólo sería menos traumático, sino aun tendría posibilidades de ser expansivo.

Lo demás, que nadie se engañe, es seguir devaluando y seguir endeudando a la República, a tasas cada vez mayores, hasta que el flujo de caja se agote y se haga inminente un evento de default. De seguir al ritmo que trae la revolución, no es cuestión de si ocurrirá, sino más bien de cuándo.

@miguelsantos12

El cuero seco de la revolución

(El profesor del IESA, Miguel Ángel Santos, analiza las cifras de empleo en Venezuela y las proyecciones ofrecidas por el INE, sustentando con datos económicos la dificultad de generar empleos en el país. Publicado en el diario El Universal el 1 de junio de 2012)

Elías Eljuri ha dicho esta semana que "en dos años habrá más oferta que demanda de trabajo". Es una afirmación curiosísima, que no viene acompañada de ninguna argumentación lógica, ni tan siquiera una mínima construcción intelectual. El presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ya ni siquiera siente la necesidad de sustentarla, le basta con repetir consignas, una detrás de otra, como si fuesen un mantra. La revolución sigue empeñada en convencernos (catorce años después) de que todo lo bueno está a punto de pasar.

¿Y eso será porque caerá la demanda o porque subirá la oferta? La demanda de trabajo, por ejemplo, está estrechamente ligada a la demografía. Cada año se incorporan al mercado laboral unos 400.000 venezolanos. ¿Cómo se va a reducir esta cifra? De repente nos tratan de convencer, como hace algunos años, de que el ingreso ha crecido tanto que millones de mujeres saldrán de la fuerza laboral para estudiar o quedarse en casa (pasar de desempleadas a inactivas). Y es que el Excel aguanta todo.

¿Y de dónde vendrá la oferta de empleo? El Gobierno podría seguir nacionalizando industrias, cosa que no crearía nuevos puestos de trabajo, sólo los transferiría de una cuenta a otra. El déficit fiscal de caja estimado al cierre del 2012 ronda 14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que deja muy poco espacio para un programa masivo de empleo público. ¿Y el sector privado? Menos aún. Esta es una puerta que el Gobierno cerró hace rato. Venezuela es uno de los países de mayor inestabilidad económica.

Los empresarios, además de los numerosos riesgos de inseguridad jurídica y expropiación, no tienen ninguna posibilidad de ajustarse cuando ocurren esos vaivenes. Por un lado, nuestra legislación de bancarrota es de las más costosas del planeta. Es decir, siempre es mejor seguir funcionando con los hierros viejos que tratar de declararse en quiebra y vender activos.

Por otro lado, la legislación laboral también es una de las más restrictivas, prohibiendo despedir trabajadores por debajo de ciertos niveles de salario, haciendo muy costoso el despido cuando es posible, y extendiendo el salario mínimo a un número cada vez mayor de trabajadores. Siendo así, el sector privado no contrata en épocas de bonanza, porque sabe que en el mejor de los casos le será muy caro despedir en tiempos de escasez.

¿Y qué se ajusta entonces? El salario real. Venezuela es uno de los países de América Latina en donde el salario real se encuentra más estrechamente correlacionado con la (volátil) producción. Esta no es una buena noticia. Junto con las numerosas restricciones de liquidez (la baja bancarización en los sectores D y E), la volatilidad del salario genera una volatilidad en el consumo privado que también está entre las mayores de la región.

En concreto, Venezuela es el único país en donde la volatilidad del consumo es mayor a la del PIB (pobre Friedman). ¿Cuáles son los fundamentos del "aumento en la oferta de trabajo" que pregona Eljuri? ¿Aumentará la seguridad jurídica? ¿Respetará la propiedad privada? ¿Flexibilizará la legislación laboral? ¿Reformará la legislación de bancarrota? ¿Armará un diálogo para restablecer la confianza en el sector privado? ¿Cuál es la estrategia?

@miguelsantos12

¿Qué podemos hacer que ellos no puedan?

(El profesor del IESA Miguel Ángel Santos, analiza la situación económica de Venezuela y propone algunas soluciones para enfrentarla. Publicado en el diario El Universal, el viernes 25 de mayo)

El gobierno ha decidido echar el resto en el 2012 y corregir en alguna medida la cadena de desequilibrios que ha ido generando en el camino a través de una macrodevaluación en el año 2013. Piensan que de ganar en octubre tendrán capital político de sobra para hacerlo. Ese no es el caso de la oposición. No sólo porque de ganar en efecto no podrá presumir de capital político, sino porque cuenta además de una amplia gama de opciones de política para sacar a Venezuela adelante que ya no están disponibles para el gobierno.

En primer lugar, puede producir un cambio en el activo más devaluado de la revolución: la credibilidad. Puede iniciar un programa para levantar las restricciones que tienen amarrado y disminuido al sector privado venezolano y garantizar a los productores el acceso a las divisas. Puede lanzar un programa de conversión de deuda en inversión que le permita aprovecharse de los amplios spreads que exhibe la deuda externa venezolana. Dentro de un marco de respeto a la propiedad privada, están dadas las condiciones para que en Venezuela ocurra lo que ya está pasando en el resto de América Latina: una colosal entrada de capitales.

En esa circunstancia acaso nuestro principal problema sería evitar una fuerte apreciación del bolívar. Venezuela es una economía con una enorme capacidad de demanda, que nos tiene haciendo colas, persiguiendo bienes y anotándonos en listas de espera, mientras padecemos la mayor inflación del planeta. Una nueva administración puede acabar con el dilema inflación versus escasez en el que se encerró a sí mismo el gobierno desde hace rato, estimulando una expansión de oferta.

También tiene capacidad para iniciar un diálogo con los productores nacionales y extranjeros que le permita levantar de forma gradual el control de precios sin un impacto significativo en la tasa de inflación actual. La nueva administración puede utilizar la verdadera característica del liderazgo, convencer, persuadir, en contraste con la imposición a ultranza y la amenaza que ha predominado todos estos años. Puede racionalizar el gasto público, y hacer mucho más con lo mismo y eventualmente con menos.

Una nueva administración también podría sacudirle de encima unos cuantos puntos a la prima de riesgo de la República. Eso lo podría conseguir despolitizando el directorio del Banco Central y devolviéndole autonomía plena. También podría generar un plan de endeudamiento y amortización creíble dentro de un marco sostenible, y explicárselo a esos mismos inversionistas que hoy el gobierno toma por sorpresa con su improvisada estrategia de deuda. ¿Será fácil? No. Se heredarán unas reservas mínimas, una Pdvsa con una capacidad muy mermada y agobiada por los compromisos de deuda.

Para mantener el gasto y tratar de garantizar la gobernabilidad harán falta recursos. Ese es el principal reto de la administración: levantar recursos suficientes para apuntalar las reservas y hacer posible esa transición, sin necesidad de recortar el gasto de inmediato ni de un ajuste contractivo. Es una apuesta, sí, pero una apuesta con una buena posibilidad de éxito. Es eso, o es el gobierno utilizando la única estrategia que le ha quedado disponible: una macrodevaluación.

@miguelsantos12

Pedro Palma \\ salida de capitales

Cuando cualquier persona dispone de recursos financieros, una de las preguntas obvias que se hace es dónde y cómo invertirlos, de tal forma de obtener un retorno atractivo sin incurrir en grandes riesgos.Una de las primeras decisiones que debe tomar es si conviene invertir esos fondos localmente o en el exterior, para lo cual debe comparar cuánto espera ganar de colocar esos recursos en el país, versus cuál es el retorno esperado de enviarlos a mercados foráneos.


La ganancia local estaría determinada fundamentalmente por la tasa de interés interna menos la tasa esperada de inflación, es decir, por la tasa de interés real, ya que si, por ejemplo, él coloca o presta esos recursos a plazo de un año a una tasa de interés de 15% y el aumento esperado de los precios en ese lapso es de 5%, el rendimiento real que obtendría sería 10%, es decir, 15% que cobraría de interés menos 5% de pérdida de valor de esos recursos debido a la inflación.De igual forma, de enviarlos al exterior, su retorno básico estaría determinado por la tasa de interés real existente en la economía hacia donde dirija sus fondos.




Sin embargo, otra fuente de ganancia en el exterior se daría si ese inversionista esperara a que la moneda local se depreciara con respecto a la divisa externa, pues, de producirse esa depreciación, al cabo de un tiempo él podría vender la divisa por una mayor cantidad de moneda local a la que hoy tiene que pagar para obtenerla. Finalmente, el inversionista se podría inclinar por enviar sus recursos a otro país si de esa forma se protegiera de algún riesgo, tal como una posible expropiación o confiscación de sus recursos, prohibición de tener acceso a los mismos, etc.Basado en esos conceptos podríamos analizar la realidad venezolana.


De acuerdo con datos del BCV, las salidas de capitales privados durante los últimos años han sido muy elevadas y crecientes, y debemos preguntarnos a qué se deben las mismas y qué tan efectivo ha sido el control de cambios que tenemos por más de ocho años para evitarlas.Una primera razón es que la tasa interna de interés real es profundamente negativa, ya que la tasa de interés nominal está en niveles muy inferiores a la tasa esperada de inflación.Si bien la tasa de interés real en importantes mercados foráneos, como Estados Unidos, es también negativa, los retornos que se han podido obtener en los mercados de valores externos después del desplome producido por la crisis de 2008 han sido muy atractivos.


Otra razón es el convencimiento de muchos de que el bolívar seguirá perdiendo valor frente al dólar y a otras divisas. Esto es particularmente cierto en un ambiente en el que se ha podido adquirir moneda extranjera a través de la adquisición de bonos emitidos por entes públicos a un precio muy inferior al existente en el mercado paralelo, el cual, a pesar de ser ilegal, sigue estando muy activo. ¿A quién no le resulta atractivo comprar dólares a un tipo de cambio implícito inferior a seis bolívares por unidad cuando su precio en el mercado negro es mucho mayor, y se espera que continúe aumentando en los meses por venir? Pero, quizá es la percepción de riesgo la principal causa que explica las masivas fugas de capital de los últimos tiempos.


La violación flagrante de los derechos de propiedad, las expoliaciones de empresas, las expropiaciones arbitrarias de medianos y pequeños negocios y de terrenos y edificios, la condenatoria de pérdida de inmuebles alquilados debido a la nueva y absurda Ley de Arrendamientos, y tantas otras acciones injustas y violatorias de derechos fundamentales, ha llevado a muchos venezolanos a buscar protección de sus patrimonios, y la única forma que encuentran para ello es liquidándolos y enviándolos al exterior. Poca efectividad tendrán los controles, prohibiciones y acciones conminatorias para impedir las salidas de capitales, las cuales continuarán mientras se insista en imponer las absurdas políticas públicas recientes.

Artículo publicado el lunes 06 de junio de 2011
www.eluniversal.com
www.iesa.edu.ve

Miguel A. Santos \\ ¿Cuánto Venezuela puede aguantar con el SITME?

Manejan opciones para hacer más viable la adquisición de divisas a empresas grandes y medianas

Pasadas ya las primeras semanas de "funcionamiento", el Sitme no termina de arrancar. Las instrucciones no están claras, los bancos recibieron un instructivo para operar durante los primeros días y mientras el Gobierno advertía que aún no estaba en Gaceta Oficial, cada quien escogió trabajar con una mezcla muy sui géneris de instructivo semi-oficial y condiciones propias.

Según lo que escuché de diferentes empresas entre las condiciones figuran estar registrado en Cadivi, haber realizado importaciones en los últimos seis meses, no haber recibido dólares de Cadivi en los últimos noventa días y utilizar las divisas asignadas para importaciones futuras (no para cubrir deudas pasadas). Los montos asignados por empresa no pueden superar los 350.000 dólares mensuales, equivalentes a 4.200.000 dólares al año. Así, se mantienen el acceso al sistema muy restringido, además de que la cifra en sí misma no alcanza para cubrir siquiera los requerimientos de una empresa mediana.

Pero eso no es todo. El sistema hasta ahora ha funcionado con 700 millones de dólares en bonos que aportaron los bancos, bajo la amenaza de que de no hacerlo "voluntariamente" se podría aprobar una disposición que redujera el tipo máximo de tenencias en divisas de esas instituciones de 30% a 15%. Ese es el "exhorto moral" al que hizo alusión Armando León. Aunque algunos bancos ya han recibido bonos en dólares asignados a sus clientes, muchos aún no los han liquidado porque no se sienten cómodos con el ordenamiento legal actual, que no los autoriza de forma expresa a liquidar bonos y depositarlos en cuentas privadas. Y es que, en el fondo, a los bancos hoy en día el gobierno les está pidiendo que ejecuten una operación similar a las que en otra época hicieron las casas de bolsa. Basta con mirarse en ese espejo y recordar la fábula del sapo y el escorpión.

El miércoles, por ejemplo, a través del Sitme se asignaron 26 millones de dólares. Esa cifra es la suma del valor facial de los bonos, pero cuando las empresas los liquiden para obtener divisas recibirán, salvo en el caso del Pdvsa 2011, 45% - 55% de esa cantidad (la mitad). Ese número contrasta con los 67 millones de dólares diarios que inyectó el Gobierno al mercado paralelo en 2009. Es evidente que el Sitme ha sido diseñado para un tamaño de economía infinitamente inferior a la que existe. Hasta ahora no se han presentado episodios fuertes de escasez (aunque cada vez cuesta más conseguir las cosas), por una combinación de inventarios y recesión, pues ésta última ha reducido la demanda de forma considerable. Pero no puede durar mucho más así. La pregunta no es cuánto aguanta el Sitme, que puede aguantar lo que el Gobierno quiera, sino cuánto aguanta el país bajo el Sitme tal y como está previsto. Entiendo que en el Ejecutivo se están manejando algunas opciones para hacer más viable la adquisición de divisas a empresas grandes y medianas. Si eso ocurre, el proceso habrá dado dos pasos hacia atrás antes de seguir adelante en el rumbo previsto, y por un tiempo habrá algo de respiro. Si no, se viene un escenario terrible de desabastecimiento y escasez, acaso como ningún otro que hayamos vivido antes.

Artículo de opinión
Viernes, 9 de julio de 2010
www.eluniversal.com
www.miguelangelsantos.blogspot.com

Miguel A. Santos\\ Todo era una gran mentira

La mentira sostenida por balances ocultos, estadísticas maquilladas y deuda no documentada.

Este año está resultando mucho más difícil de lo que cabía prever con el petróleo rondando los setenta dólares por barril. Aún en presencia de la pérdida gradual de producción (7% en 2009), con un precio promedio 25%-30% mayor el balance exportador resultaría muy favorable. Según el consenso de los analistas las exportaciones venezolanas estarían más de 20% por encima de 2010. Si el gobierno pudo contener medianamente el paralelo y amortiguar la caída en el consumo (2.2%) durante 2009, este año debería tener menos problemas. Esa es la lógica que prevalece en los pronósticos de los analistas, tanto internos como externos, que preveían hasta hace muy poco una caída en producción (1.5%) y consumo (0.5%) algo menor a 2009, con una inflación de 35%. Visto así, el 2010 sería una suerte de prolongación, algo menos acentuada, del anterior. Esa idea coincide con mi percepción de lo que podría ser el resto del año. Dicho esto, es difícil negar que las dificultades que están surgiendo en la economía parecieran ir mucho más allá.

En lo que va de año, aún cuando la liquidez apenas ha crecido 1.5%, la tasa de cambio paralela se ha deslizado 32%. El gobierno desesperado ha empezado a enviar "inspectores" a las casas de bolsa. Ricardo Sanguino advierte sobre posibles cambios en la Ley de Ilícitos Cambiarios que amenazan con ir tiñendo el mercado paralelo cada vez más de negro. Ya es un secreto a voces que la caída en la producción del primer trimestre podría estar entre 6% y 8%. Las ventas al mayor han sufrido caídas aún más severas. ¿Y entonces?

El año pasado, el resultado económico fue maquillado por una combinación de deuda, sacrificio de reservas y retiros del Finden a la que en general se le ha prestado poca atención. Pero hay más. Cuando se dividen las exportaciones petroleras que reporta el BCV entre el precio promedio que reporta el MEMPET, el volumen diario de exportación resulta en 2.6 millones de barriles día. La mayoría de las fuentes internacionales coinciden en señalar que Venezuela está lejos de producir, ya no digamos exportar, esta cifra. Esto es una suerte de donde-están-los-reales elevado a la menos uno: desde 2004 se insiste en que existen unos ingresos por exportaciones petroleras que muy posiblemente no estén ahí. Es evidente también que el Estado está adquiriendo compromisos que no guardan relación alguna con su capacidad de pago, algo que en el futuro cercano se hará mucho más evidente. Pero por ahora hay, aunque no hay para todos.

El 12 de diciembre de 2008, las autoridades golpearon la puerta de la residencia de Bernie Madoff. Sin darles tiempo a más, el viejo levantó las manos y les dijo: "Está bien. Todo era una gran mentira". Aunque no sea el escenario más probable por ahora, tenemos que empezar a abrir espacio en nuestra planificación mental, personal, y empresarial, para la posibilidad de que todo lo que nos han venido diciendo en estos últimos años no sea más que una gran mentira. Una mentira descomunal sostenida por balances ocultos, estadísticas maquilladas, y una enorme cantidad de deuda no documentada. Recuerde siempre: Que algo no haya sucedido hasta ahora, no puede tomarse como un signo de que no va a suceder

Artículo de opinión
El Universal, viernes 07 de mayo de 2010
www.eluniversal.com

Pavel Gómez\\ El barranco de la política venezolana

Para Juan Carlos Rey

En el atardecer de mi café, recordaba un comentario sobre mi insistencia con la política en un diario de economía: En Venezuela, la economía es una carreta tirada por los caballos de la política y la política se fue por un barranco, huyendo de las pedradas de la economía. Es preciso comprender las raíces del colapso del sistema político venezolano para evitar estrellarnos una y otra vez con la misma piedra.

Diversos autores han tratado de entender el curso del país vinculando política y economía. Entre estos, hay dos que me han resultado fascinantes: Domingo Alberto Rangel y Juan Carlos Rey.
Rangel usa el lente de la historia económica para comprender los caminos por los que se ha desplazado el país. Rey, por su parte, combina el instrumental de la ciencia política y el de la economía para comprender la política, en general, y para explicar los arreglos políticos bajo los cuales hemos vivido los venezolanos. Su análisis del auge y colapso del "pacto de Punto Fijo" es fascinante y esclarecedor. Sobre esto último va este artículo.
Juan Carlos Rey fue uno de los primeros en estudiar la crisis del sistema político venezolano, allá por los años ochenta, y en advertir sobre las amenazas de destrucción de los partidos y sobre los riesgos de la antipolítica.

Dos de sus artículos alimentan el centro de esta reflexión: a) Rey (1991) "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación"; y b) Rey (2010) "El sistema de partidos falló". Ambos pueden conseguirse con relativa facilidad: El primero está en internet y el segundo se encuentra en la revista SIC, de marzo de 2010.
En Rey (1991), el autor explica la naturaleza del sistema político iniciado en 1958 y esboza algunas hipótesis sobre el declive de este arreglo. El cuento es más o menos así: desde la aparición del petróleo, la política venezolana fue un terreno de pugna entre quienes pujaban por la monopolización de la renta petrolera (entre amigos y familiares del presidente de turno) y quienes aspiraban a un mayor grado de democratización de esta.

Después de la noche gomecista, el primer ensayo de democratización amplia ocurrió durante el período conocido como el "trienio adeco" (1945-48). Sin embargo, este experimento colapsó debido en gran medida al sectarismo de los adecos de la época y a la exclusión de poderosos intereses. La democratización inicial llegó a su fin con el golpe contra Gallegos de 1948, y el poder político y la renta petrolera se reconcentraron durante los diez años siguientes. El 23 de enero de 1958 representa el fin de este otro ciclo de monopolización.

Con la idea de dotar de estabilidad al nuevo sistema político, sus diseñadores concibieron un esquema corporativista, en el cual coexistieran un conjunto amplio de intereses, mediados por estructuras como los tres principales partidos (AD, Copei y URD), la CTV, Fedecámaras, la alta jerarquía eclesiástica, el alto mando militar y los tecnócratas que formaban la alta burocracia.
Al mismo tiempo, se realizaría un aumento sustantivo en la cobertura y en la calidad de bienes públicos "democratizadores" como la salud, la educación y el acceso al crédito bancario.

Este esquema de repartición estaba basado en un supuesto clave: la renta petrolera era relativamente estable, tal como lo era el precio internacional del crudo, y el ingreso del gobierno sería creciente, dado que los impuestos y otras cargas fiscales de las empresas petroleras eran crecientes. Esto se traducía en que la torta a repartir era cada vez más grande, lo cual hacía sustentable un esquema tipo "todos contentos".
O casi todos, ya que se había excluido del pacto a sectores de la izquierda joven (MIR y PCV). Esta exclusión, si bien sería negativa para el país debido a la carga de resentimiento que acumularía, era positiva para el pacto, ya que la opción subversiva escogida por los excluidos se convirtió en un incentivo a cooperar entre los que formaban el pacto (por la amenaza de barrido si los miembros del pacto no cooperaban).

Esto fue, resumidamente, el esquema político denominado "pacto de Punto Fijo". Este esquema fue satisfactorio para una amplia mayoría del país hasta principios de los años ochenta, en particular hasta el viernes negro de 1983.
Rey identificó que el malestar que siguió al viernes negro reflejaba la crisis del sistema político e hizo esfuerzos intelectuales infructuosos por explicar el colapso y por convencer a la clase política de la necesidad de un viraje.

Como sabemos, el viraje no ocurrió y este sistema político naufragó a finales de los noventa, en el pantano de la antipolítica que sirvió la mesa al triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998.
De acuerdo con Rey, el sistema colapsó por una serie de problemas: a) los partidos AD y Copei se comportaban como el equivalente político a un cártel u oligopolio; b) desaparece la amenaza subversiva a finales de los sesenta y con ella desaparecen los incentivos a la cooperación intra-cártel; c) cobra auditorio en el país un grupo de autodenominados "notables", que bombardeaban a los partidos y a los políticos profesionales; y d) la miopía de los políticos no les permitió ver la bomba de tiempo hasta que explotó.

Sin embargo, hay algunos elementos económicos que no son tomados en cuenta por Rey, y que jugaron un rol decisivo como detonantes de lo que señala. La naturaleza rentista de la economía venezolana, sembrada desde 1934-35, la cual implicó la destrucción del aparato productivo no petrolero y el traslado de toda la carga económica del país hacia el sector público; y la volatilidad del ingreso petrolero que se inicia a mediados de los setenta. Si lo que se reparte es renta petrolera, y esta se hace volátil e impredecible, es natural que los políticos se volvieran cortoplacistas. Estos elementos son la clave para entender las fuentes del cortoplacismo que hizo naufragar a los partidos venezolanos. Hasta que esto no se comprenda seguiremos tropezando con el mismo muro, a merced de mesías, "notables", voceros de la "sociedad civil" y oportunistas.
"Con las piedras lanzadas contra mí he construido los muros de mi casa". Anise Koltz
**Juan Carlos Rey fue de los primeros en estudiar la crisis del sistema político venezolano

Artículo de opinión
Miércoles, 14 de abril de 2010
www.elmundo.com.ve

Pedro Palma\\ ¿A dónde vamos?

Realmente preocupa el rumbo que desde hace un buen tiempo ha tomado la economía venezolana, producto de una política económica errada que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado implementar, con la agravante en nuestro caso de una serie de incongruencias que la caracterizan, haciéndola aún más inoperante y negativa.

El acoso permanente a la empresa privada que se materializa a través de los controles desproporcionados que se le imponen, no sólo en materia de precios, sino también en lo referente al tipo de producto y las cantidades que se tienen que producir, así como la forma cómo esos bienes se tienen que distribuir, en línea con las decisiones caprichosas de algunos funcionarios, crea un clima muy adverso para el desarrollo de cualquier actividad productiva.

Si a ello agregamos las amenazas permanentes de intervención y de confiscación a quienes incumplan esas normas, o se sospeche de ello, y las decisiones arbitrarias e injustificadas de expropiación, ya no de grandes fundos y empresas, sino también de pequeños negocios, es fácil inferir el poco estímulo para invertir que hoy existe en el país, máxime cuando esos atropellos provienen de un gobierno que lo controla todo, eliminándose cualquier posibilidad de defensa de los derechos de los agraviados, ya que quienes tienen que impartir justicia están allí para defender los intereses de la "revolución", y no para velar por los derechos de los ciudadanos.

¿Quién en su sano juicio se puede sentir incentivado a crear nuevas empresas o a ampliar las ya existentes en un ambiente donde no priva la ley, y donde todo depende de los caprichos e intereses de algunos funcionarios? Los que defienden el proceso argumentan que las acciones contra la empresa privada se justifican, pues con ellas se busca asegurar la autosuficiencia alimentaria del país, y eliminar los vicios de especulación, acaparamiento o desviación de productos hacia el exterior, que crean desabastecimiento y elevación desproporcionada de los precios. Falaces argumentos esos que ya no engañan a nadie. Sobradas son las pruebas de ineficiencia, destrucción y depauperación que las acciones de expropiación han generado, no sólo en el área agrícola y pecuaria, sino también en las de producción de alimentos elaborados y de productos básicos.

También aducen los que apoyan la política gubernamental, que con esas acciones se asegura la inversión y la ampliación de la capacidad de producción. Las cifras oficiales se han encargado de desmentir esas aseveraciones. De acuerdo con estimados del BCV, el gasto real de formación bruta de capital fijo, tanto público como privado, se redujo en los dos últimos años, con la agravante de que la caída es cada vez más intensa, al punto de que en el tercero y cuarto trimestre de 2009 esas inversiones se contrajeron en 13,6% y 19,6% respectivamente, en comparación con iguales períodos del año precedente.

Es válido entonces preguntarse, en qué se han usado los 62 millardos de dólares que ha recibido el Fonden desde su fundación a fines de 2005, de los cuales más de 35 millardos de dólares han sido reservas internaciones que ha transferido el BCV sin recibir compensación alguna. Los resultados de la política económica no pueden ser más negativos: caída de la producción, desempleo creciente, servicios públicos caóticos, dependencia como nunca de las importaciones y del volátil negocio petrolero, alta inflación y caída sostenida de la capacidad de compra de los venezolanos. Por ese camino vamos a cualquier sitio, menos a un buen destino.

Artículo de opinión
El Nacional, 12 de abril de 2010
www.el-nacional.com

Miguel Ángel Santos \\ ¡¿Qué hacer con los mutuos?

El sólo hecho de que alrededor de los mutuos se hayan alineado las posiciones del Gobierno y las de algunos banqueros de oposición debería inspirar cierta curiosidad (sana). Tal y como funcionan aquí, los mutuos son contratos a través de los cuales las casas de bolsa prestan dinero a alguien que deja en colateral algún activo. El préstamo se otorga "al margen", es decir, por una proporción del valor del activo. Al finalizar el contrato, una vez que el préstamo ha sido cancelado, el activo vuelve a manos de su propietario original.

Visto así, difiere de los acuerdos de "securities lending" que ocurren entre bancos comerciales, fondos y bancos de inversión en mercados más desarrollados. Los mutuos se asemejan más a "security-collateralized loans", aunque no del todo. Como muchas otras cosas, los "mutuos venezolanos" son el resultado de nuestra legislación, experiencia y creatividad, y no son comparables a nivel internacional.

¿Qué hacen las Casas de Bolsa con esos activos? Si los dejan en custodia en la Caja Venezolana de Valores no hay mucho más que decir. Pero eso no siempre ocurre. La ley permite que las Casas de Bolsa cambien el título de propiedad del activo recibido en garantía. Así, pueden venderlo o colocarlo a su vez como garantía de un préstamo (mutuo activo). A partir de aquí everything goes wild. Los mismos títulos se multiplican dando origen a un número mucho mayor de préstamos. Nada garantiza que los activos todavía existan en los balances al finalizar el contrato. De acuerdo con algunas estimaciones (Barclays), el mercado de mutuos totaliza unos 2.500 millones de dólares (a tasa paralela), de los cuales sólo 60% están respaldados. Este es un promedio general, pero las cifras particulares no son difíciles de averiguar.

Si se combina este amplio margen de maniobra con la falta de supervisión de la CNV, se abren enormes posibilidades de estafa. La solución del Gobierno ha sido ordenar la "eliminación de los mutuos en 90 días". Algunos banqueros, que alegan que las Casas de Bolsa se han convertido en intermediarios financieros sin encaje legal y sin gavetas, han estado de acuerdo. Pero esa no me parece a mí una solución razonable. ¡Si van a eliminar todo lo que no pueden regular! Como mecanismo de financiamiento, los contratos de mutuos permitieron a muchos profesores universitarios obtener efectivo a cambio de los Vebonos con que les pagó el Estado, sin tener que salir del título a precios muy bajos.

También hizo posible la participación masiva de venezolanos en la primera emisión de bonos de Pdvsa. Si los bancos comerciales no están siempre dispuestos a prestar para estas operaciones de inversión, ¿qué tiene de malo que venga alguien a suplir ese vacío? Parece tratarse más de un asunto de regulación que de un instrumento diabólico. Quizás esta es una buena oportunidad para abrir un debate de puntos de vista, sin malos ni buenos, y llegar a una solución de consenso que traiga consigo un nuevo régimen de regulación y supervisión, que sirva de dique de contención, sin que eso implique el cierre del mercado. Ese sería un buen ensayo para lo que vamos a tener que hacer más a menudo y en muchas otras áreas en los tiempos por venir.

Artículo de opinión
Viernes, 26 de febrero de 2010
www.eluniversal.com
www.miguelangelsantos.blogspot.com