La falacia de los números

(El profesor del IESA, Ricardo Villasmil, explica por qué el número de viviendas construidas  no debe ser el indicador que mida la eficiencia de la política habitacional. La solución debe apuntar a garantizar su asequibilidad, fomentar la inversión privada y planificar las ciudades. Publicado en el diario El Universal, el 25 de agosto de 2012)

En repetidas ocasiones hemos insistido en la necesidad de salirnos del paradigma cuantitativo de la vivienda, ese según el cual el éxito de la gestión se mide en función del número de unidades construidas por año. Este indicador ha dominado y condenado al fracaso la política de vivienda, llevándola a no construir viviendas sino unidades habitacionales, entendidas éstas como cuatro paredes y un techo construidas "en cualquier lugar de ninguna parte" y sin acceso a servicios, empleos, equipamiento, transporte y al progreso en general.

El primer paso del camino es, por ende, sustituir esta visión errada por una que entienda la vivienda como lo que efectivamente es: como el eje de la inserción de la familia en el progreso. En otras palabras, sustituir la construcción de unidades por la construcción de comunidades y medir nuestra gestión en consecuencia.

Esta semana el gobierno anunció la posibilidad de adquirir viviendas sin cuota inicial, siempre y cuando su precio sea inferior a 500 mil bolívares, obviando el hecho de que la cuota inicial no es el principal cuello de botella al acceso a la vivienda. La verdadera limitante a la vivienda es la asequibilidad, dada la desproporción existente entre su precio y el ingreso del hogar.

En efecto, según un estudio reciente, Caracas tiene la relación más elevada de todo el continente americano y una de las más altas del mundo (http://www.numbeo.com/property-investment/rankings.jsp)

El sentido común nos dice que para salir de esta trampa debemos incidir simultáneamente sobre el precio de la vivienda y sobre el ingreso del hogar. Elevar este último pasa por la implementación sostenida de un conjunto armónico de políticas económicas, institucionales y sociales orientadas a elevar las capacidades del trabajador y a darles un uso productivo a través de más y mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, lo cual pasa a su vez por hacer de nuestro país un lugar más atractivo para la inversión.

Y reducir el precio de la vivienda pasa por estimular la inversión privada en el sector y por planificar nuestras ciudades de modo tal de maximizar la oferta de terrenos con servicios para que el sector privado compita en la construcción de nuevas comunidades. ¿Por qué vamos entonces en sentido contrario? Porque lamentablemente, en el gobierno que tenemos, el sentido común es el menos común de los sentidos.

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@rvillasmilbond

Vivir viviendo

(El profesor del IESA, Ricardo Villasmil, reflexiona en torno a la angustiosa necesidad del ciudadano común por cubrir los bienes y servicios para su familia y el rol que debe desempeñar el Estado para desarrollar políticas que permitan la generación de empleos bien remunerados. Publicado en el diario El Universal el sábado 11 de agosto de 2012)

Buscar sin éxito un empleo que permita cubrir las necesidades de su familia es una de las peores angustias que puede tener un padre. Es uno de esos dramas que sólo podemos entender cuando lo vivimos en carne propia, cuando vemos su impacto sobre el orgullo y la autoestima.

Cuando vemos que, en esas circunstancias, el auxilio económico de un familiar o del Estado ciertamente ayuda, pero a la vez potencia el sentimiento de minusvalía.

Precisamente por ello, una de las preocupaciones fundamentales de los Estados modernos es que todas las personas en edad de trabajar tengan la oportunidad de tener un empleo. Pero, claro, no un empleo cualquiera. El ingreso por él generado tiene que alcanzar para cubrir los gastos fundamentales de la familia: alimentación, salud, vivienda, etc.

En otras palabras, no basta con que el empleo sea bien remunerado, es importante que los bienes y servicios básicos sean asequibles.

Tomemos el caso de la vivienda. Dos de cada tres familias venezolanas tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos (4.100 bolívares). Si tomamos como norma general que el gasto en vivienda no debe superar una tercera parte del ingreso total del hogar, tendremos que el pago mensual de vivienda de dos de cada tres familias debe ser inferior a 1.366 bolívares.

A la tasa hipotecaria actual, un pago mensual de esa magnitud permite financiar unos 136.600 bolívares, pero un apartamento de 60 metros cuadrados en los Valles del Tuy, por ejemplo, tiene un precio promedio de mercado de alrededor de tres veces ese monto. El Estado debe subsidiar una parte de la diferencia para las familias más necesitadas, pero en ningún caso la totalidad de la diferencia para todas las familias.

Lograr que todos podamos tener acceso oportuno a una vivienda de calidad requiere entonces combinar una política de subsidios focalizados en las familias más necesitadas con una política económica e institucional capaz de lograr tres cosas: 1) elevar la productividad del trabajador y por esa vía sus ingresos; 3) estimular la producción masiva de viviendas de calidad con acceso a servicios públicos y al equipamiento social correspondiente; y 3) reducir el costo de la vivienda.

Esta no es una trinidad imposible. Otros países latinoamericanos lo están logrando. Nosotros también podemos hacerlo.

@rvillasmilbond; www.ricardovilla.com