(El profesor del IESA, Ricardo Villasmil, explica por qué el número de viviendas construidas no debe ser el indicador que mida la eficiencia de la política habitacional. La solución debe apuntar a garantizar su asequibilidad, fomentar la inversión privada y planificar las ciudades. Publicado en el diario El Universal, el 25 de agosto de 2012)
En repetidas ocasiones hemos insistido en la necesidad de salirnos del paradigma cuantitativo de la vivienda, ese según el cual el éxito de la gestión se mide en función del número de unidades construidas por año. Este indicador ha dominado y condenado al fracaso la política de vivienda, llevándola a no construir viviendas sino unidades habitacionales, entendidas éstas como cuatro paredes y un techo construidas "en cualquier lugar de ninguna parte" y sin acceso a servicios, empleos, equipamiento, transporte y al progreso en general.
El primer paso del camino es, por ende, sustituir esta visión errada por una que entienda la vivienda como lo que efectivamente es: como el eje de la inserción de la familia en el progreso. En otras palabras, sustituir la construcción de unidades por la construcción de comunidades y medir nuestra gestión en consecuencia.
Esta semana el gobierno anunció la posibilidad de adquirir viviendas sin cuota inicial, siempre y cuando su precio sea inferior a 500 mil bolívares, obviando el hecho de que la cuota inicial no es el principal cuello de botella al acceso a la vivienda. La verdadera limitante a la vivienda es la asequibilidad, dada la desproporción existente entre su precio y el ingreso del hogar.
En efecto, según un estudio reciente, Caracas tiene la relación más elevada de todo el continente americano y una de las más altas del mundo (http://www.numbeo.com/property-investment/rankings.jsp)
El sentido común nos dice que para salir de esta trampa debemos incidir simultáneamente sobre el precio de la vivienda y sobre el ingreso del hogar. Elevar este último pasa por la implementación sostenida de un conjunto armónico de políticas económicas, institucionales y sociales orientadas a elevar las capacidades del trabajador y a darles un uso productivo a través de más y mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, lo cual pasa a su vez por hacer de nuestro país un lugar más atractivo para la inversión.
Y reducir el precio de la vivienda pasa por estimular la inversión privada en el sector y por planificar nuestras ciudades de modo tal de maximizar la oferta de terrenos con servicios para que el sector privado compita en la construcción de nuevas comunidades. ¿Por qué vamos entonces en sentido contrario? Porque lamentablemente, en el gobierno que tenemos, el sentido común es el menos común de los sentidos.
www.ricardovillasmil.com
@rvillasmilbond
El primer paso del camino es, por ende, sustituir esta visión errada por una que entienda la vivienda como lo que efectivamente es: como el eje de la inserción de la familia en el progreso. En otras palabras, sustituir la construcción de unidades por la construcción de comunidades y medir nuestra gestión en consecuencia.
Esta semana el gobierno anunció la posibilidad de adquirir viviendas sin cuota inicial, siempre y cuando su precio sea inferior a 500 mil bolívares, obviando el hecho de que la cuota inicial no es el principal cuello de botella al acceso a la vivienda. La verdadera limitante a la vivienda es la asequibilidad, dada la desproporción existente entre su precio y el ingreso del hogar.
En efecto, según un estudio reciente, Caracas tiene la relación más elevada de todo el continente americano y una de las más altas del mundo (http://www.numbeo.com/property-investment/rankings.jsp)
El sentido común nos dice que para salir de esta trampa debemos incidir simultáneamente sobre el precio de la vivienda y sobre el ingreso del hogar. Elevar este último pasa por la implementación sostenida de un conjunto armónico de políticas económicas, institucionales y sociales orientadas a elevar las capacidades del trabajador y a darles un uso productivo a través de más y mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, lo cual pasa a su vez por hacer de nuestro país un lugar más atractivo para la inversión.
Y reducir el precio de la vivienda pasa por estimular la inversión privada en el sector y por planificar nuestras ciudades de modo tal de maximizar la oferta de terrenos con servicios para que el sector privado compita en la construcción de nuevas comunidades. ¿Por qué vamos entonces en sentido contrario? Porque lamentablemente, en el gobierno que tenemos, el sentido común es el menos común de los sentidos.
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