(Información ofrecida por el profesor y economista Richard Obuchi durante un taller de actualización para periodistas en el IESA y publicada por el diario El Nacional el viernes 13 de abril de 2012)
Si la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que el presidente Chávez prometió aprobar vía habilitante, incluye el regreso del régimen de prestaciones sociales retroactivas habrá un aumento del desempleo y de la informalidad en los próximos años, según un estudio del economista Richard Obuchi.
La investigación evaluó las consecuencias económicas y sociales de volver a las prestaciones retroactivas y de reducir la jornada laboral, que son las propuestas incluidas en la disposición de la Constitución que ordena modificar la ley.
El regreso al régimen anterior subirá tanto los costos laborales, que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas podrán seguir operativas si pagan sueldo mínimo a todo el personal y si la permanencia promedio de sus empleados no excede de cinco años.
La reducción de la jornada implicará un alza adicional en los costos laborales de entre 14% (si disminuye a 7 horas diarias) y 33% (si baja a 6 horas). Por eso, Obuchi concluye que los cambios provocarán el cierre o limitarán las opciones de crecimiento de muchas empresas.
Las consecuencias se verán en la capacidad del país para generar empleos en una época en que 66% de la población está en edad de trabajar. El economista calcula que la tasa de desocupación subirá de 7,8% a 10,5% en la próxima década, y la informalidad de 44% a 52%.
Deuda insostenible. El sector público también padecerá las consecuencias de volver a las prestaciones retroactivas y reducir la jornada, advierte Obuchi. En primer lugar porque, a diferencia del sector privado, el Estado no ha cancelado los compromisos en 1997.
Los cambios, además, elevarán los costos de la nómina estatal en 250% en 10 años y 400% en 15 años. Como es improbable que los ingresos aumenten en la misma proporción, eso obligará al Gobierno a contratar deuda hasta un nivel insostenible.
El estudio indica que la proporción entre endeudamiento y PIB pudiera alcanzar los niveles que hoy tienen España, Italia y Portugal. "Y con una inflación de 30% anual estaríamos en una situación similar a la de Grecia en 2026".
Si la reforma reduce las posibilidades de empleo y hace impagable la nómina estatal terminará perjudicando a los trabajadores que pretende beneficiar, dice. Recuerda que el objetivo de cualquier cambio en las leyes laborales debe ser crear más puestos y mejor remunerados.
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