(La profesora Rosa Amelia González hace un análisis sobre el tema de las prestaciones sociales, uno de los puntos planteados en la nueva LOT, anunciada para el próximo mes de mayo. Publicado en el diario Últimas Noticias el 25 de febrero de 2012)
En el país de la incertidumbre, una más se suma a la larga lista que manejamos día a día los venezolanos: ¿regresaremos a la retroactividad de las prestaciones sociales? ¿Qué contendrá la reforma de la Ley del Trabajo? Desde finales del año pasado se dice que existe un proyecto, pero, de ser así, es un secreto bien guardado.
Si Venezuela fuese un país con baja inflación, la retroactividad de las prestaciones sociales no sería un tema de discusión relevante; sin embargo, dado el comportamiento de los precios en nuestra economía, la realidad es otra. Se tiende a pensar que en un entorno inflacionario un sistema retroactivo siempre es más beneficioso para el trabajador; sin embargo, todo depende de la permanencia del trabajador en el empleo. Por ejemplo, si se compara el sistema vigente en Venezuela con el sistema retroactivo que teníamos hasta 1997 -suponiendo una inflación anual de 24%-, con menos de seis años de antigüedad los trabajadores resultan más beneficiados con el sistema actual. A partir de los seis años de antigüedad, el sistema retroactivo anterior genera mayores beneficios.
Hasta finales de los años noventa se tenían datos sobre la antigüedad promedio de los trabajadores en el sector público y en el sector privado; esos datos señalaban que en el sector público eran alrededor de 10 años, mientras que en el sector privado eran aproximadamente tres años y medio. Si ese patrón de comportamiento se mantiene hoy, un sistema retroactivo beneficiaría en mayor medida a los trabajadores del sector público, que en la actualidad suman unos 2 millones y medio de personas.
Este análisis nos muestra el dilema en el cual se encuentra el Gobierno en vísperas de un eventual cambio en el régimen de prestaciones sociales. Por un lado, si busca maximizar el apoyo electoral de los trabajadores, puede hacer una reforma que haga el empleo muy costoso (que incorpore algún tipo de cálculo retroactivo). Por el otro, si piensa que permanecerá en el poder, puede optar por una reforma menos costosa pero más sostenible tomando en cuenta que es el mayor empleador del país en estos momentos.
El camino que tomará la reforma dependerá en gran medida de la intensidad de la competencia electoral. Si la oposición logra demostrar que puede disputar el triunfo, mayores serán los incentivos del Gobierno para ganarse la simpatía de los trabajadores mediante una reforma costosa del régimen de prestaciones.
Lamentablemente, los incentivos electorales de corto plazo pueden llevar al Gobierno a tomar una decisión que tendrá impactos muy negativos en el mercado laboral. Todas las encuestas de opinión muestran que el desempleo es una de las mayores preocupaciones de los venezolanos, al punto que en los sectores populares es un problema más urgente que la inseguridad. Si la reforma del régimen de prestaciones sociales hace el empleo formal aún más costoso de lo que es en la actualidad, es muy improbable que la mayoría de los venezolanos pueda alcanzar la meta de contar con un empleo digno que les permita progresar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario