lunes, 21 de marzo de 2011

Gustavo Roosen \\ El venezolano como contribuyente

nesoor@cantv.net
Termina marzo y las autoridades del Seniat se ufanarán de haber logrado un nuevo récord de recaudación.En la conciencia de muchos, sin embargo, incluso de quienes cancelan puntualmente su impuesto sobre la renta, sobrevive la falsa creencia de que el grueso de bolívares que ingresa al fisco proviene de Pdvsa y de que la contribución de los ciudadanos es, para decirlo de alguna manera, secundaria.Somos un país rentista, se dice, atribuyendo al petróleo el sostén del Estado y dejando de ver que el principal soporte al presupuesto nacional viene de la contribución de los ciudadanos, históricamente cerca de 50% y ahora más.
Larga sería una enumeración de los impuestos que cancelan los venezolanos: tributos nacionales, estadales y municipales, el IVA, el ISRL, impuestos a los licores y al tabaco, gravámenes a la importación de bienes y servicios, impuesto sobre sucesiones y donaciones, contribución al Seguro Social Obligatorio, pagos de las empresas a Conatel, Fogade, Sudeban, etc. Programas originalmente concebidos para estimular la formación de los trabajadores (Inces), promover la ciencia, la tecnología y la innovación (Locti) o contribuir a la prevención y control de las drogas (ONA) han sido desfigurados hasta convertir la participación empresarial en simples tributos o recaudaciones parafiscales.
Se suele argumentar con la comparación de los altos impuestos que pagan los ciudadanos en otros países. No se dice, sin embargo, que el porcentaje del IVA venezolano es superior al de muchos de la región, igual que el impuesto sobre la renta corporativo y la tasa de impuesto para lasLarga sería una enumeración de los impuestos que cancelan los venezolanos: tributos nacionales, estadales y municipales, el IVA, el ISRL, impuestos a los licores y al tabaco, gravámenes a la importación...personas naturales.

Y menos se habla de las erogaciones adicionales que deben hacer empresas y ciudadanos para suplir las ineficiencias del Estado en la atención de sus obligaciones básicas y en la calidad de los servicios que está constitucionalmente obligado a prestar. El ciudadano tiene que pagar por servicios que deberían estar garantizados por el Estado y cubiertos con su participación tributaria. A falta de calidad y pertinencia en la educación pública, los padres se ven constreñidos a dedicar parte de su presupuesto a la alternativa de la educación privada.

La falta de seguridad obliga a los ciudadanos y a las comunidades al pago de vigilancia privada, custodia y patrullaje.La carencia de un sistema de salud digno y confiable es cubierta con el pago directo de servicios médicos o de seguros privados. Sobre la espalda de las empresas, por otra parte, se carga el peso de seguros de salud, comedores, tickets de alimentación, planes de vivienda y otras obligaciones, costos ocultos que se reflejan en aumento en los precios de los bienes y servicios producidos en el país y afectan sensiblemente la competitividad de la empresa venezolana. El desorden estructural de la economía, finalmente, se paga con inflación, el mayor y más injusto de los tributos aplicado a los ciudadanos.
Se presenta como un logro el desarrollo de una cultura tributaria. Se pone, sin embargo, el acento en uno sólo de los aspectos ­el ciudadano que paga­, y se olvida otro tan importante como es el del ciudadano que exige. De tanto insistir en la conducta rentista del venezolano, hemos dejado de dar importancia a su aporte real al fisco y a la obligación del Estado de retribuirlo en servicios de calidad. Hoy tributamos más pero no recibimos más ni ejercemos el derecho de exigir la necesaria rendición de cuentas y los servicios que justifican ese aporte. Salvo excepciones, se percibe escasa disposición de los ciudadanos a hacer reclamos importantes por la calidad de los servicios.
Y menos cuando la autoridad asimila reclamo con desorden o insubordinación, o la descalifica al atribuirle intenciones desestabilizadoras.Se hace bien en estimular una más aguda cultura tributaria, pero lo que realmente hace falta es promover una verdadera cultura ciudadana, consciente de las obligaciones pero también de los derechos, dispuesta a tributar, pero también a exigir.

Artículo de opinión publicado el 21 de marzo de 2011
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