El Presidente del Consejo Directivo del IESA, Gustavo Roosen, afirma que Europa renovó su voluntad de impulsar las negociaciones para
un tratado de libre comercio con Mercosur, siempre sobre la base del
respeto a las normas internacionales de seguridad jurídica. Publicado en El Nacional, el 4 de febrero de 2013
Taparse los ojos suele ser el gracioso recurso infantil para no ver lo que está delante o, incluso, para hacerse la ilusión de no ser visto. Sucede también, frecuentemente, con la sociedad. Son muchos los recursos para negar lo que se impone como realidad. Uno de ellos es el discurso. Se recurre a la palabra para sostener una ficción o para autoafirmarse, como el que silba para engañar el miedo. La realidad, sin embargo, y las tendencias que la expresan, terminan imponiéndose.
Un ejemplo: el financiamiento del presupuesto nacional. “El Seniat te recuerda declarar y pagar el ISLR. Tu aporte contribuye con 52% del presupuesto de la nación”, dice una cuña de radio. Las estadísticas oficiales muestran que para el año pasado 57,85% de la recaudación tributaria neta no petrolera corresponde al IVA; 24,88%, al ISRL no petrolero, y el resto a la renta aduanera, otras rentas internas (licores, cigarrillos, timbre fiscal, sucesiones, juegos de envite y azar) y otros renglones. Lo que se nos quiere decir es que más de la mitad del presupuesto del Estado viene de los ciudadanos. El Seniat reconoce de esta manera la importancia del aporte de los ciudadanos para el sostenimiento del gasto público y para impulsar el desarrollo. La vitalidad de la economía, nos dice, está en función de la actividad privada. En los países en los que esto sucede la contribución ciudadana se convierte en mejores servicios, el Estado se siente más obligado a rendir cuentas y los ciudadanos a exigirlas.
Un segundo hecho: las declaraciones del encuentro recientemente sostenido en Chile entre mandatarios de la Celac y la Unión Europea. Pese al tono altisonante y reivindicativo de algunos discursos y a inocultables intentos para suavizar el texto de las declaraciones, la posición mayoritaria de los mandatarios fue de claro respaldo a las inversiones y al comercio internacional como fuente de desarrollo sostenible. Quedó reafirmada la necesidad de “marcos reguladores estables y transparentes que proporcionen certidumbre legal para los operadores económicos”. Se hizo manifiesta la voluntad de los Estados de proteger la inversión como forma de proteger la iniciativa y el trabajo creador.
El tema de las garantías jurídicas a las inversiones volvió a ser planteado en el encuentro de los cancilleres de España y Venezuela. José Manuel García-Margallo recordó a Elías Jaua la expropiación de Agroisleña por parte del Ejecutivo venezolano. Jaua ha ofrecido que intentará desatascar el proceso. Los dos países han decidido retomar las negociaciones comerciales, para lo cual se dará pronto una reunión entre los ministros de Industria y Fomento. ¿Se impone la realidad? Por de pronto, también aquí se evidencia que los países no olvidan y que, más tarde o más temprano, están dispuestos a hacer valer los derechos de sus ciudadanos.
En Chile, Europa renovó su voluntad de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Mercosur, siempre sobre la base del respeto a las normas internacionales de seguridad jurídica. A la hora del balance, lo que queda como realmente importante son los acuerdos concretos y la voluntad de desarrollar políticas de apertura a la inversión productiva y a la iniciativa privada, como las contenidas en el grupo de propuestas entregadas a los mandatarios por los más de 800 líderes empresariales reunidos en Chile.
Cuando todo apunta a advertir que se nos está acabando el tiempo de la magia petrolera crece la conciencia de que, más temprano que tarde, tendremos que afrontar la realidad de sostener la economía no gracias a la renta sino mediante el trabajo, la inversión, la productividad. La presencia de Venezuela en la Celac y Mercosur ha sido hasta ahora oportunidad para los discursos, pero impondrá al país, cada vez más, la obligación de adoptar las mejores prácticas y las exigencias internacionales en materia de intercambio, inversión y seguridad jurídica. Esta es la tendencia que va a terminar prevaleciendo, la que explica el desarrollo de unos países y el estancamiento o retroceso de otros.
Un ejemplo: el financiamiento del presupuesto nacional. “El Seniat te recuerda declarar y pagar el ISLR. Tu aporte contribuye con 52% del presupuesto de la nación”, dice una cuña de radio. Las estadísticas oficiales muestran que para el año pasado 57,85% de la recaudación tributaria neta no petrolera corresponde al IVA; 24,88%, al ISRL no petrolero, y el resto a la renta aduanera, otras rentas internas (licores, cigarrillos, timbre fiscal, sucesiones, juegos de envite y azar) y otros renglones. Lo que se nos quiere decir es que más de la mitad del presupuesto del Estado viene de los ciudadanos. El Seniat reconoce de esta manera la importancia del aporte de los ciudadanos para el sostenimiento del gasto público y para impulsar el desarrollo. La vitalidad de la economía, nos dice, está en función de la actividad privada. En los países en los que esto sucede la contribución ciudadana se convierte en mejores servicios, el Estado se siente más obligado a rendir cuentas y los ciudadanos a exigirlas.
Un segundo hecho: las declaraciones del encuentro recientemente sostenido en Chile entre mandatarios de la Celac y la Unión Europea. Pese al tono altisonante y reivindicativo de algunos discursos y a inocultables intentos para suavizar el texto de las declaraciones, la posición mayoritaria de los mandatarios fue de claro respaldo a las inversiones y al comercio internacional como fuente de desarrollo sostenible. Quedó reafirmada la necesidad de “marcos reguladores estables y transparentes que proporcionen certidumbre legal para los operadores económicos”. Se hizo manifiesta la voluntad de los Estados de proteger la inversión como forma de proteger la iniciativa y el trabajo creador.
El tema de las garantías jurídicas a las inversiones volvió a ser planteado en el encuentro de los cancilleres de España y Venezuela. José Manuel García-Margallo recordó a Elías Jaua la expropiación de Agroisleña por parte del Ejecutivo venezolano. Jaua ha ofrecido que intentará desatascar el proceso. Los dos países han decidido retomar las negociaciones comerciales, para lo cual se dará pronto una reunión entre los ministros de Industria y Fomento. ¿Se impone la realidad? Por de pronto, también aquí se evidencia que los países no olvidan y que, más tarde o más temprano, están dispuestos a hacer valer los derechos de sus ciudadanos.
En Chile, Europa renovó su voluntad de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Mercosur, siempre sobre la base del respeto a las normas internacionales de seguridad jurídica. A la hora del balance, lo que queda como realmente importante son los acuerdos concretos y la voluntad de desarrollar políticas de apertura a la inversión productiva y a la iniciativa privada, como las contenidas en el grupo de propuestas entregadas a los mandatarios por los más de 800 líderes empresariales reunidos en Chile.
Cuando todo apunta a advertir que se nos está acabando el tiempo de la magia petrolera crece la conciencia de que, más temprano que tarde, tendremos que afrontar la realidad de sostener la economía no gracias a la renta sino mediante el trabajo, la inversión, la productividad. La presencia de Venezuela en la Celac y Mercosur ha sido hasta ahora oportunidad para los discursos, pero impondrá al país, cada vez más, la obligación de adoptar las mejores prácticas y las exigencias internacionales en materia de intercambio, inversión y seguridad jurídica. Esta es la tendencia que va a terminar prevaleciendo, la que explica el desarrollo de unos países y el estancamiento o retroceso de otros.
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