Gustavo Roosen, Presidente del Consejo Directivo del IESA, asegura que para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la población, la única fórmula es más producción. Publicado en El Nacional, el 21 de enero de 2013
La propaganda oficial sobre logros inexistentes en la producción de bienes para el consumidor, el silencio respecto de los fracasos en las empresas estatales, el acoso a las del sector privado y el recurso al escándalo como instrumento para denunciar lo que engañosamente se presenta como acaparamiento se han convertido en las políticas con las que el Gobierno intenta cubrir –no resolver– el problema del desabastecimiento.
Mientras en la mayoría de los países se avanza en una más clara separación de funciones económicas, adjudicando al Estado las de fijación de políticas y control, y al sector privado la de producción, en Venezuela sufrimos los efectos de la pretensión estatista de abarcarlo todo, de constituir nuevas formas monopólicas y reducir el campo de acción del sector privado, camino contrario al propuesto incluso en la propia China. Allí, desde los setenta, cuando se introdujo la economía de mercado, más de 90% de las compañías estatales se han convertido en corporaciones y algunas se han reestructurado para convertirse en compañías de propiedad privada por acciones. La decisión china de adelantar reformas incluye reducir la posición dominante de las empresas estatales, consideradas focos de corrupción y despilfarro. Se propone acelerar el proceso de transformación, mejorar la gestión de los recursos humanos, incrementar la eficiencia y la productividad, buscar la actualización tecnológica, avanzar en el control de costos y de la contaminación. Los estudiosos de esta apertura se preguntan qué puede hacer China para avanzar con su modelo económico, y se responden: agilizar el entramado burocrático y resolver el viejo problema de las empresas estatales –atrasadas, pesadas, ineficientes–.
En Venezuela se mantiene el conflicto de intereses de un Estado que pretende ser simultáneamente regulador y competidor, que además no es capaz de regularse a sí mismo y menos de mostrar los resultados de su propia evaluación. Rehúye la rendición de cuentas de sus propias empresas mientras ahoga en exigencias a las del sector privado. La eficiencia de las empresas del Estado se ha convertido en tema cerrado. Sólo se toca con cifras manipuladas cuando se trata de culpabilizar al otro. Es la forma de cubrir la propia ineficiencia. Se minimiza el hecho de que el Estado concentra la mitad de la capacidad de producción de varias cadenas alimenticias y de que esas empresas públicas no están supliendo oportunamente al mercado.
Los ministros hablan de desabastecimiento pero olvidan que crearon empresas para competir con el sector privado y que estas empresas han sido ineficientes. No sólo han impedido el trabajo a quienes saben producir sino que han creado desaguaderos de los bienes públicos. Allí está la razón de la crisis de abastecimiento y la razón de nuestra creciente dependencia de las importaciones.
Olvidan también que las decisiones oficiales en materia laboral no han contribuido a estimular la responsabilidad y dedicación del trabajador y, en consecuencia, a incrementar la productividad. La inamovilidad laboral ha facilitado el ausentismo y la práctica del menor esfuerzo. Eliminado el principio de premio y castigo, da igual ser productivo que no serlo. Se repite el círculo vicioso de menos productividad, menos unidades de producción, carestía, inflación. A la larga, se castiga al consumidor. Las previsiones de la nueva Ley del Trabajo, por otra parte, hacen esperar nuevos costos y crean obligaciones contables y legales que afectan la capacidad de inversión de las empresas, todo lo cual termina en estancamiento o reducción de la producción.
Para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la población, no hay duda, la única fórmula es más producción. El sector privado no rehúye su responsabilidad, pero aspira a políticas que le permitan producir con eficiencia. El Estado, por su parte, convertido en controlador y competencia, juez y parte, está en la obligación de resolver este conflicto de intereses. No le es suficiente el silencio sobre su propia
Mientras en la mayoría de los países se avanza en una más clara separación de funciones económicas, adjudicando al Estado las de fijación de políticas y control, y al sector privado la de producción, en Venezuela sufrimos los efectos de la pretensión estatista de abarcarlo todo, de constituir nuevas formas monopólicas y reducir el campo de acción del sector privado, camino contrario al propuesto incluso en la propia China. Allí, desde los setenta, cuando se introdujo la economía de mercado, más de 90% de las compañías estatales se han convertido en corporaciones y algunas se han reestructurado para convertirse en compañías de propiedad privada por acciones. La decisión china de adelantar reformas incluye reducir la posición dominante de las empresas estatales, consideradas focos de corrupción y despilfarro. Se propone acelerar el proceso de transformación, mejorar la gestión de los recursos humanos, incrementar la eficiencia y la productividad, buscar la actualización tecnológica, avanzar en el control de costos y de la contaminación. Los estudiosos de esta apertura se preguntan qué puede hacer China para avanzar con su modelo económico, y se responden: agilizar el entramado burocrático y resolver el viejo problema de las empresas estatales –atrasadas, pesadas, ineficientes–.
En Venezuela se mantiene el conflicto de intereses de un Estado que pretende ser simultáneamente regulador y competidor, que además no es capaz de regularse a sí mismo y menos de mostrar los resultados de su propia evaluación. Rehúye la rendición de cuentas de sus propias empresas mientras ahoga en exigencias a las del sector privado. La eficiencia de las empresas del Estado se ha convertido en tema cerrado. Sólo se toca con cifras manipuladas cuando se trata de culpabilizar al otro. Es la forma de cubrir la propia ineficiencia. Se minimiza el hecho de que el Estado concentra la mitad de la capacidad de producción de varias cadenas alimenticias y de que esas empresas públicas no están supliendo oportunamente al mercado.
Los ministros hablan de desabastecimiento pero olvidan que crearon empresas para competir con el sector privado y que estas empresas han sido ineficientes. No sólo han impedido el trabajo a quienes saben producir sino que han creado desaguaderos de los bienes públicos. Allí está la razón de la crisis de abastecimiento y la razón de nuestra creciente dependencia de las importaciones.
Olvidan también que las decisiones oficiales en materia laboral no han contribuido a estimular la responsabilidad y dedicación del trabajador y, en consecuencia, a incrementar la productividad. La inamovilidad laboral ha facilitado el ausentismo y la práctica del menor esfuerzo. Eliminado el principio de premio y castigo, da igual ser productivo que no serlo. Se repite el círculo vicioso de menos productividad, menos unidades de producción, carestía, inflación. A la larga, se castiga al consumidor. Las previsiones de la nueva Ley del Trabajo, por otra parte, hacen esperar nuevos costos y crean obligaciones contables y legales que afectan la capacidad de inversión de las empresas, todo lo cual termina en estancamiento o reducción de la producción.
Para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la población, no hay duda, la única fórmula es más producción. El sector privado no rehúye su responsabilidad, pero aspira a políticas que le permitan producir con eficiencia. El Estado, por su parte, convertido en controlador y competencia, juez y parte, está en la obligación de resolver este conflicto de intereses. No le es suficiente el silencio sobre su propia
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