Una política social ideal sería aquella capaz de satisfacer simultáneamente dos condiciones: acceso y calidad. En otras palabras, que nadie quede excluido de los beneficios y que todos obtengan a una oferta similar o al menos, a una oferta que cumpla ciertos estándares mínimos para todos por igual. Desafortunadamente, no siempre los mismos ciudadanos le dan el mismo valor a estos dos atributos y gobernantes inescrupulosos pueden sacar partido de ello. Ilustremos lo que queremos decir con un ejemplo concreto: la educación universitaria y específicamente la enseñanza de la medicina. Si hablamos de la enseñanza de la medicina en las universidades tradicionales, vemos que se trata de una formación de calidad; la mejor prueba de ello es la movilidad de sus egresados, quienes no tienen ningún inconveniente para prestar sus servicios en otros países, inclusive del mundo desarrollado. Se afirma, por ejemplo, que cerca de cinco mil médicos venezolanos han emigrado hacia el exterior y se encuentran ejerciendo la profesión en países como los Estados Unidos y España. Sin embargo, en términos de acceso, no todos los que aspiran estudiar medicina consiguen hacerlo. Por un lado, la demanda de cupos excede significativamente la oferta, lo cual da ventaja a los estudiantes mejor preparados, muchos de ellos egresados de colegios privados; por el otro, una vez dentro, la exigencia de los estudios hace que algunos tengan que abandonarlos.
El resultado es que una gran población de bachilleres se siente excluida de los beneficios que supone contar con un título de médico.Veamos ahora el Programa de Formación de Medicina Integral Comunitaria (Pfmic), que impulsa el gobierno del presidente Chávez como alternativa a la formación universitaria tradicional. El Pfmic amplía significativamente el número de cupos disponibles para quienes aspiran estudiar medicina (según cifras oficiales, se han incorporado 8.561 estudiantes) y no aplica los requisitos de admisión que suelen utilizarse en las universidades nacionales.
No obstante, respecto a su calidad se han formulado fuertes críticas. Quizás la más contundente es la expresada por el Dr. Rafael Muci-Mendoza, destacado médico venezolano y profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCV, quien decidió poner su cargo en la Escuela de Medicina José María Vargas a la orden, antes de participar en lo que denomina una "oferta fraudulenta".Este ejemplo ilustra la terrible trampa que representa para una sociedad la desigualdad de oportunidades.
Cuando un amplio sector de la población se siente marginado de ciertos beneficios, como el acceso a la universidad, está dispuesto a apoyar incondicionalmente cualquier propuesta "incluyente" sin preocuparse por su calidad, más aún si el resultado no es apreciable en el corto plazo. Es por eso que en sociedades como la nuestra se requieren gobernantes responsables, que no se aprovechen de la vulnerabilidad de los excluidos y que estén preocupados por implementar políticas sociales que garanticen acceso y calidad.Rosa Amelia González de Pacheco
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