En deuda con la educación inicial

(El Presidente del Consejo Directivo del IESA, Gustavo Roosen, reconoce que a pesar del compromiso demostrado por el empresariado venezolano para la conformación de instituciones de educación superior de gran valor para la sociedad, hay una deuda pendiente con la educación inicial, fundamental para la transformación del país. Publicado en el diario El Nacional el 6 de agosto de 2012)

El tema de la educación nunca está de vacaciones. Al contrario, la pausa entre un curso lectivo y otro debería ser tiempo de reflexión, de evaluación, de planificación, de preparación. Tiempo para preguntarse por los asuntos fundamentales. Uno de ellos, con seguridad, el de la educación inicial.

Ése fue precisamente el tema sobre el que compartimos criterios y preocupaciones en el reciente encuentro del Dividendo Voluntario para la Comunidad, DVC, nacido en los albores de la democracia, como Fe y Alegría, el IESA, la Universidad Metropolitana, el Centro Médico-Docente de la Trinidad y otras tantas organizaciones creadas por empresarios con un alto sentido nacionalista y de responsabilidad social. Todavía vigente gracias a una buena gerencia, una sostenida tradición de apoyo social y el compromiso renovado de las generaciones de relevo, el DVC ha volcado su sentido de responsabilidad social a los objetivos niñez y educación.

Se inscribe así en lo que debería ser el gran reto nacional de transformar el país desde la educación, una de cuyas primeras metas no puede ser otra que lograr la cobertura universal de los niños menores de 6 años, es decir los incluidos en las etapas maternal y preescolar, primer nivel de la educación básica según se establece en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación vigente.

Consagrada constitucionalmente la obligatoriedad de la educación maternal y preescolar (artículo 103 de la Constitución) la realidad dista mucho de su cumplimiento. Para el año 2011 apenas el 37,5% de los niños entre 0 y 6 años y solo el 13% de los menores de 3 eran atendidos por algún programa educativo, datos que evidencian el tamaño del abandono y de la deuda con esta vulnerable porción de la población.

Relegada o poco atendida en las políticas públicas, la educación inicial ha venido imponiéndose en las conciencias como unas de las claves del desarrollo de las personas y de la sociedad. Abundan la literatura y las demostraciones sobre la importancia de los primeros años para el desarrollo afectivo y cognitivo de la persona y para su integración social.

Asegurarla para todos es el primer paso para comenzar a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y reducir las causas de la pobreza. La inversión en educación temprana, ha dicho James Heckman, Premio Nobel de Economía (2000), promueve equidad y justicia social, a la vez que favorece la productividad.

Para los integrantes del Foro Cerpe, preocupados por la brecha entre lo establecido en la Constitución y la realidad de nuestro sistema educativo, la atención prioritaria a la educación inicial forma parte esencial de su propuesta para transformar el país con la aplicación de un sistema educativo de calidad en todos sus niveles.

Nunca será suficiente lo que se haga para atenderla debidamente, para mejorarla en cantidad y calidad, para formar a quienes deben ocuparse de ella, para aplicar los mejores métodos y criterios, para interesar e involucrar a toda la sociedad. Siempre debió ser una prioridad. La realidad presente la hace todavía más apremiante. La transformación de la pirámide poblacional venezolana, que a partir de 2015 mostrará una reducción de la población menor de cinco años, debería ser una nueva razón para incrementar la inversión en programas dirigidos a la atención temprana de nuestros niños.

Frente al derecho humano y constitucional que significa la educación inicial es clara la responsabilidad del Estado, obligado a respetarlo, protegerlo, satisfacerlo y garantizarlo, pero también la de la sociedad y de la familia, responsables de exigirlo y de unir esfuerzos con el Estado para alcanzarlo.

Se trata de hacer efectiva esa "tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado" planteada en la Constitución de 1999 para asegurar la realización de los derechos sociales. Si en algún ámbito es especialmente indispensable el funcionamiento de esta triada es en el de la educación. La iniciativa del DVC de centrar su estrategia de Responsabilidad Social en la educación inicial se enmarca en este esfuerzo compartido.

nesoor@cantv.net