Una revolución agroalimentaria

(El profesor del IESA, Carlos Machado Allison, compara los resultados de la política agroalimentaria gubernamental, basada en el centralismo y la ideología, con la aplicada por otros países de América Latina de manera exitosa, concebida según las competencias propias de cada sector. Publicado en el diario El Universal el martes 14 de agosto de 2012)

En octubre los electores, aquellos que producen, procesan y distribuyen, deberán escoger entre dos formas de alimentar al pueblo. Una, bien conocida, ha sido aplicada durante 14 años y ha fracasado. Se basa en la idea de que las tierras son del Gobierno y que éste debe participar en la producción, almacenamiento, transporte, procesamiento y distribución. También en la necedad de creer que la indoctrinación ideológica y el centralismo son capaces de mejorar la producción.

Los resultados están a la vista: inflación, escasez, baja diversidad, pobre calidad, desempleo y una caída en la producción que obliga a gastar entre 5 y más de 7 mil millones de dólares en importaciones, factura que podría reducirse a la mitad. Además, hay que sumar controles de precios, normas burocráticas costosas, miles de empleados públicos dedicados a la inspección y control, abandono de la infraestructura vial y deterioro de los servicios.

Fórmula simple
La otra, que no es nueva, es la que practican con éxito casi todos los países de América Latina, tanto los nuevos socios de Mercosur, como los viejos del Pacto Andino y el G3. Una fórmula simple y práctica que bien se podría resumir en aquello de "zapatero a tus zapatos" o la vieja conseja, a veces mal empleada a conveniencia de algunos: los curas a la iglesia, los militares al cuartel y los civiles al poder" para hacer evidente que cada quien debe trabajar de acuerdo a su competencia. ¿Qué hacer?

Pues (1) Garantizar los derechos de propiedad y poner orden a través de un catastro nacional de tierras;

(2) Dejar en paz a los productores para que hagan lo que saben hacer sin tantos obstáculos, normas, intromisiones y amenazas;

(3) Elevar la calidad de la vida rural mediante una revolución que mejore vialidad, escuelas, el sistema de salud, la vivienda, la seguridad personal y, en general, de todos los servicios del mundo rural, para que vivir en él sea más atractivo que hacerlo en la ciudad;

(4) Destinar abundantes recursos a la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación técnica, para incrementar los rendimientos y la calidad de los productos agrícolas;

(5) Propiciar los acuerdos dentro de cada cadena de tal suerte que productores, procesadores y distribuidores establezcan planes sostenibles teniendo la satisfacción del consumidor como objetivo común;

(6) Descentralizar decisiones políticas e inversiones públicas para que gobernaciones, alcaldías y organizaciones civiles puedan actuar en libertad y en consonancia con la realidad cultural, climática y geográfica de cada localidad. Esa sería la verdadera revolución.

Luego vendrán los detalles finos de una política inteligente. Ubicar nuestras competencias y estimular la producción y procesamiento de nuevos rubros. Rescatar las ventajas que tuvimos en rubros tradicionales, darles valor agregado y reconstruir nuestro comercio exterior y las condiciones de la agroindustria para negociar y competir. Es posible hacer una revolución en el campo.

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