(El Presidente del Consejo Directivo del IESA, Gustavo Roosen, da su opinión acerca del Premio León de Oro otorgado en la Bienal de Arquitectura de Venecia a la Torre de David. Publicado en el diario El Nacional, el 17 de septiembre de 2012)
Los principales actores en torno al Premio León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia coinciden en obviar el carácter ilegal que marca de entrada la ocupación de la Torre de David, propiedad de Fogade, que está ubicada en la avenida Andrés Bello de Caracas y habitada desde hace 5 años por cerca de 3.000 personas en condiciones de precariedad, anarquía y violencia.
Ni jurados ni premiados quieren ocuparse del asunto. El tema de la propiedad les parece lateral, casi accidental. ¿Es sostenible esta pretensión? ¿Es intrascendente la conculcación de un derecho? Desde luego que no. Evitar la palabra invasión no cambia la naturaleza de los hechos. Obviarla conscientemente es, de algún modo, convalidar la transgresión.
Puestos a encontrar sentido al veredicto que premia al proyecto Torre David: Gran horizonte dos posturas parecen explicarlo: de una parte, una cierta mirada europea y norteamericana todavía colonial, que no ha dejado de vernos sino como expresión de exotismo tropical, curioso y distante, y, por otra, la vieja actitud redentora y vengadora capaz de justificar el caos y el abuso en nombre de una ficción de justicia social.
Para esta última, en particular, la necesidad crea derechos, no importa si para disfrutarlos hay que desconocer los de los demás, acabar con los mínimos acuerdos sociales de convivencia y establecer como regla la arbitrariedad del caos. Para ambas, la explicación funciona, desde luego, aplicada a la realidad de los otros, nunca a la propia.
La negación del derecho de propiedad no ha sido nunca el camino para la consolidación de los países. Al contrario, los más sólidos y exitosos son aquellos que han desarrollado una cultura colectiva de defensa del Estado de Derecho, de separación y equilibrio de poderes, de ejercicio efectivo de la democracia, de respeto a la propiedad. Libertad, progreso, prosperidad económica han caminado al paso del derecho de propiedad y del imperio de la ley.
Sobre la base de la propiedad, bien entendida su función social y la responsabilidad a ella asociada, se han levantado la seguridad, la confianza y la estabilidad. Su ausencia, su fragilidad o su desconocimiento, por contraste, han conducido inevitablemente a la dependencia, la esclavitud, la anarquía y el atraso.
En Venezuela, pese a la consagración constitucional del derecho de propiedad, la actitud del Gobierno en ya más de una década ha sido menos proclive a su defensa y más a su desconocimiento, por vía directa unas veces, otras por la convalidación de acciones que atentan contra él. Un ejercicio de seguimiento de los hechos arrojaría una larga lista de violaciones, estimuladas desde el poder o apoyadas con el irresponsable recurso a la impunidad.
Este comportamiento explicaría la posición de Venezuela en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad levantado el año pasado por la organización Property Rights Alliance que mide la forma como se protegen y respetan los derechos de propiedad en el mundo.
En el índice global Venezuela se ubica en un lejano puesto 66 entre 70 países, y en la penúltima posición para el subíndice entorno legal y político. De acuerdo con el mismo estudio, los países con los mejores índices en protección de los derechos de propiedad son también los que ostentan un producto interno bruto per cápita más alto: 7 veces mayor que el de los países con derechos de propiedad débiles.
Entre las incertidumbres que agobian al venezolano de hoy está, sin duda, la que toca a la vigencia del derecho de propiedad, debilitado por declaraciones y acciones políticas oficiales, abandonado a la arbitrariedad, reducida su capacidad de defensa por la impunidad.
Se podrá argumentar que el León de Oro al proyecto Torre David: Gran horizonte no premia explícitamente la invasión, la violación de la propiedad, pero es evidente que consagra una condición viciada de ilegalidad. Como ha señalado el Colegio de Arquitectos de Venezuela: "Solo sirve para testimoniar, a nivel nacional e internacional, el profundo pozo de descomposición, anarquía y pérdida de valores en que el país se encuentra en la actualidad".
nesoor@cantv.net
Ni jurados ni premiados quieren ocuparse del asunto. El tema de la propiedad les parece lateral, casi accidental. ¿Es sostenible esta pretensión? ¿Es intrascendente la conculcación de un derecho? Desde luego que no. Evitar la palabra invasión no cambia la naturaleza de los hechos. Obviarla conscientemente es, de algún modo, convalidar la transgresión.
Puestos a encontrar sentido al veredicto que premia al proyecto Torre David: Gran horizonte dos posturas parecen explicarlo: de una parte, una cierta mirada europea y norteamericana todavía colonial, que no ha dejado de vernos sino como expresión de exotismo tropical, curioso y distante, y, por otra, la vieja actitud redentora y vengadora capaz de justificar el caos y el abuso en nombre de una ficción de justicia social.
Para esta última, en particular, la necesidad crea derechos, no importa si para disfrutarlos hay que desconocer los de los demás, acabar con los mínimos acuerdos sociales de convivencia y establecer como regla la arbitrariedad del caos. Para ambas, la explicación funciona, desde luego, aplicada a la realidad de los otros, nunca a la propia.
La negación del derecho de propiedad no ha sido nunca el camino para la consolidación de los países. Al contrario, los más sólidos y exitosos son aquellos que han desarrollado una cultura colectiva de defensa del Estado de Derecho, de separación y equilibrio de poderes, de ejercicio efectivo de la democracia, de respeto a la propiedad. Libertad, progreso, prosperidad económica han caminado al paso del derecho de propiedad y del imperio de la ley.
Sobre la base de la propiedad, bien entendida su función social y la responsabilidad a ella asociada, se han levantado la seguridad, la confianza y la estabilidad. Su ausencia, su fragilidad o su desconocimiento, por contraste, han conducido inevitablemente a la dependencia, la esclavitud, la anarquía y el atraso.
En Venezuela, pese a la consagración constitucional del derecho de propiedad, la actitud del Gobierno en ya más de una década ha sido menos proclive a su defensa y más a su desconocimiento, por vía directa unas veces, otras por la convalidación de acciones que atentan contra él. Un ejercicio de seguimiento de los hechos arrojaría una larga lista de violaciones, estimuladas desde el poder o apoyadas con el irresponsable recurso a la impunidad.
Este comportamiento explicaría la posición de Venezuela en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad levantado el año pasado por la organización Property Rights Alliance que mide la forma como se protegen y respetan los derechos de propiedad en el mundo.
En el índice global Venezuela se ubica en un lejano puesto 66 entre 70 países, y en la penúltima posición para el subíndice entorno legal y político. De acuerdo con el mismo estudio, los países con los mejores índices en protección de los derechos de propiedad son también los que ostentan un producto interno bruto per cápita más alto: 7 veces mayor que el de los países con derechos de propiedad débiles.
Entre las incertidumbres que agobian al venezolano de hoy está, sin duda, la que toca a la vigencia del derecho de propiedad, debilitado por declaraciones y acciones políticas oficiales, abandonado a la arbitrariedad, reducida su capacidad de defensa por la impunidad.
Se podrá argumentar que el León de Oro al proyecto Torre David: Gran horizonte no premia explícitamente la invasión, la violación de la propiedad, pero es evidente que consagra una condición viciada de ilegalidad. Como ha señalado el Colegio de Arquitectos de Venezuela: "Solo sirve para testimoniar, a nivel nacional e internacional, el profundo pozo de descomposición, anarquía y pérdida de valores en que el país se encuentra en la actualidad".
nesoor@cantv.net
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