El chip gasolinero y las trampas de la regulación

(La Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, comenta los efectos producidos por las "trampas" de la regulación, en referencia a los precios de la gasolina y el contrabando de combustible en los estados fronterizos. Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 19 de agosto de 2012)

Una nueva amenaza afecta a los habitantes del Estado Zulia, quiénes por mandato del gobierno nacional estarían obligados a instalar un “chip” o código electrónico en el parabrisas de sus vehículos para controlar la venta de gasolina; dicho dispositivo se interconecta con otro colocado en las estaciones de servicio y registra la asignación de combustible (litros por día) a cada unidad automotora. El objetivo es frenar el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia. Actualmente la medida se encuentra “suspendida”.

La implementación de esta medida generó un enorme malestar en la región, al punto que dio pie a varias manifestaciones de desobediencia civil. Los ciudadanos rechazaron  el racionamiento, las interminables colas para colocar el chip y el ruleteo por las estaciones de servicio.

¿Por qué y cómo llegamos aquí? Llegamos a esta situación debido a las “trampas” de la regulación; en este caso, del control de precios de la gasolina. La teoría indica que así cómo es posible que una regulación sea efectiva para lograr los efectos esperados, inevitablemente también genera consecuencias no anticipadas e indeseables; así, el control de precios de la gasolina ha conseguido el propósito de mantener la tranquilidad social—tan valorada políticamente después de los sucesos del Caracazo—pero, entre otros efectos no deseados, creó un importante aliciente económico al contrabando de extracción.

Mientras más largo es el control de precios, más rentable es el negocio del contrabando. A la fecha, tras 14 años sin variación en el precio, un litro de gasolina comprado en una estación de servicio en Venezuela por unos pocos céntimos vale 1,25 dólares con solo cruzar la frontera con Colombia; esto significa que el incentivo para que se mantenga el contrabando en la frontera es enorme.

Voceros del oficialismo han acusado a quienes se oponen a la implementación del chip de ser cómplices de los contrabandistas. Por su parte, el ciudadano común se pregunta hasta qué punto con esta medida se solucionará el problema y si se justifican las molestias ocasionadas. La racionalidad económica indica que mientras exista un incentivo económico tan grande, es bastante improbable que la política de automatización de venta de gasolina sea exitosa en su propósito de frenar el contrabando de gasolina, más allá de la venta al menudeo.

Venezuela es un país con más de 3 mil kilómetros de costas y 5 mil kilómetros de frontera terrestre con Colombia, Brasil y Guyana; vigilar la salida del combustible por un territorio tan amplio es prácticamente imposible y si el gobierno persevera en su empeño las medidas de control tendrán que ser cada vez más punitivas.

Tarde o temprano, independientemente de quien gane las próximas elecciones, el gobierno venezolano tendrá que encarar el desmontaje del control de precios de la gasolina y otros bienes y servicios actualmente regulados. La experiencia internacional muestra interesantes iniciativas implementadas en otros países, como Irán y Brasil, donde el control de precios de la gasolina fue sustituido por un subsidio directo a los ciudadanos que no genera efectos indeseados cada vez más difíciles de corregir.