Por una Renta Petrolera Permanente y de todos los Venezolanos

(Jean-Paul Leidenz, investigador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, considera que urge formular políticas destinadas a solventar la ausencia del vínculo Ciudadano-Renta Petrolera. En la medida en que se logre tal objetivo, se crearán incentivos para un gasto público menos discrecional y pro-cíclico)

De todas las instituciones coloniales en Venezuela, quizás la única que ha sobrevivido sin mayores alteraciones tras 191 años de ejercicio gubernamental  republicano, ha sido la propiedad estatal de las riquezas del subsuelo. Las Ordenanzas de Minería para la Nueva España (1783) ya contenían esta consideración y perdurarían en la naciente República a través del Reglamento de Minas (1829) , hoy día el artículo 12 de la Constitución nacional rinde honor a tal legado.

Pese a esta herencia institucional, la histórica propiedad estatal de las reservas petroleras no se ha traducido en vínculos claros entre los intereses de la ciudadanía y la administración del flujo de ingresos fiscales a que da lugar la calidad de los recursos. Ejemplo de ello ha sido la tendencia pro-cíclica de la política fiscal desde 1974 , culpable de acentuar el impacto sobre la economía venezolana de los movimientos en el precio internacional del crudo.

Adicional a esto, el gasto discrecional de una renta externa por parte del Estado da lugar a un conjunto de deficiencias institucionales conocidas, en la literatura especializada, como “La Maldición de los Recursos”. Débiles incentivos para la rendición de cuentas sobre el gasto público, desviación de recursos fiscales para aplacar movimientos políticos adversos al gobierno de turno, cacería de rentas y corrupción generalizada como aspectos habituales del juego político; en definitiva, ausencia de un vínculo Estado – Ciudadano sólido mediado a través del pago de impuestos, todas características persistentes de la democracia venezolana. Como señalan Rodríguez & Rodríguez (2012) :

“Mientras mayor sea la pugna por el poder, mayores incentivos tendrá el partido de gobierno de usar la renta para evitar su salida. (…) El manejo discrecional de la renta le permite al gobierno emplearla de manera clientelar, favoreciendo a su base y castigando a aquellos que disientan”

“La existencia de una renta petrolera en el contexto de una institucionalidad débil redefine la relación ciudadano-Estado. En vez del Estado depender de los ciudadanos mediante el cobro de impuestos, el Estado es receptor y al mismo tiempo distribuidor de la renta petrolera. La dirección bidireccional que caracteriza a las democracias modernas se convierte, en presencia de la renta, en una relación unidireccional: del Estado hacia los ciudadanos.”

Numerosas medidas han sido propuestas para tratar de controlar el gasto discrecional de los recursos fiscales. Una de ellas, la idea de un Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM),  incluso alcanzó rango Constitucional en 1999 (Artículo 321). No obstante, al no existir incentivos políticos adecuados para su efectiva aplicación, terminó resultando una bien intencionada declaración de principios -  ó letra muerta.

Por las razones mencionadas previamente, urge formular políticas destinadas a solventar la ausencia del vínculo Ciudadano – Renta Petrolera. En la medida en que se logre tal objetivo, se crearán incentivos para un gasto público menos discrecional y pro-cíclico.

Una alternativa novedosa, diseñada para atajar las dificultades esbozadas, consiste en combinar el concepto económico de Renta Permanente con la aspiración de distribuir directamente la riqueza petrolera, a través de fondos de ahorro. Depositando parte de los Aportes Fiscales a la Nación tributados por la industria en fondos de ahorro, podría alcanzarse un nivel de capital suficiente para financiar programas sociales a través del retorno neto devengado.  Estos fondos deberían contar con propósitos etiquetados y cuentas personalizadas.

Sirva de ejemplo un hipotético programa de vouchers pre-escolares para las familias situadas bajo la línea de pobreza. Cada hogar elegible, tendría derecho a recibir vouchers destinados a financiar servicios de educación pre-escolar, gasto cubierto a partir del retorno neto de un fondo de ahorros destinado a tal fin, cuyo capital habría sido acumulado durante un período determinado a partir de los aportes fiscales de la industria petrolera.

Esta idea general permitiría crear programas de reparto directo de la renta, estables a lo largo del tiempo e independientes de los precios del petróleo una vez alcanzado un nivel de capital mínimo.

Existe la posibilidad de corregir las distorsiones institucionales a que da lugar la propiedad estatal del subsuelo, acercándola a la ciudadanía, a la vez que se atiende la posibilidad de un Estado benefactor sustentable. Debe explorarse esta alternativa de políticas públicas con entusiasmo, pues parece contar con las razones económicas adecuadas y los incentivos políticos necesarios.

Fuentes:

Rodríguez Eraso, Guillermo. Evolución de la industria petrolera en Venezuela. Sembrando el petróleo. Fundación Venezuela Positiva. Caracas, 2001. Capítulo 1, pp. 34

Rodríguez Pardo, Luis Roberto & Rodríguez Sosa, Pedro Luis (2012). El Petróleo como instrumento de Progreso: Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo. Ediciones IESA. Caracas. pp. 94

Ibídem. pp. 53 y 56.