Pedro Palma \\ Confianza

El éxito en la implementación de políticas públicas o acciones gubernamentales depende en gran medida de la confianza y el convencimiento del público acerca de su necesidad, conveniencia y la decisión de las autoridades de implantarlas cabalmente. Si estos condicionantes no están presentes es poco probable que la aplicación de esas decisiones oficiales culminen con buena estrella, particularmente si estos actos pueden repercutir sobre los intereses o el patrimonio de las personas.

Un buen ejemplo que ilustra lo anterior es la reciente intervención de cuatro bancos locales. Al momento de tomarse la acción, voceros del Gobierno informaron, como debe ser, las razones que habían llevado a tomar esa decisión, anunciando que uno de los objetivos centrales que se buscaba era proteger los intereses de los depositantes, quienes no debían abrigar temor alguno, ya que, al hacerse la intervención a puertas abiertas, la operatividad de los bancos no se vería afectada y, en consecuencia, los depósitos del público estaban garantizados y podían ser movilizados sin restricción alguna.

Unos pocos días después, sin embargo, los mismos representantes gubernamentales anunciaron que la intervención sería a partir de ese momento a puertas cerradas, lo que impedía el acceso a los fondos allí depositados, e informaron que Fogade garantizaría los depósitos hasta por un monto máximo de 10.000 bolívares. Esto, obviamente, representó un vil engaño para muchas personas e instituciones que, confiando en la palabra gubernamental, dejaron sus fondos depositados en los bancos intervenidos, para luego verse impedidos de acceder a sus recursos, que en muchos casos representan los ahorros de toda una vida y el sustento de personas mayores.

Representantes del alto gobierno han venido anunciando que en los próximos días podrían ser intervenidos nuevos bancos, y que incluso pudiera intervenirse toda la banca, y afirmado que lo que viene es la hegemonía de la banca pública, dando lugar a interpretaciones extremas y, obviamente, erradas, tales como que toda la banca privada está viciada.Realmente, me causa estupor ver la ligereza con que se hacen semejantes comentarios sin reparar en las consecuencias que los mismos pueden desencadenar.

¿Quién puede confiar en que las eventuales nuevas acciones de intervención tendrán como objetivo central la protección de los intereses de los depositantes, como tiene que ser? ¿Qué confianza pueden inspirar anuncios de este tenor? ¿Por qué ha de esperar el Gobierno que ante la incertidumbre y el riesgo que han creado tales mensajes los agentes económicos no busquen proteger su patrimonio, como sucedería en cualquier economía? Ojalá no se desencadenen acciones generalizadas en respuesta al clima de desconfianza que estos anuncios han creado, pues ellas podrían acarrear consecuencias muy adversas que afectarían a todos los venezolanos, particularmente a los más pobres, que son los que más desprotegidos están y que son los que menos tienen que ver con los descalabros que hoy vivimos.

Hay que hacer un llamado a la sensatez y a la cordura. Las autoridades tienen que tomar conciencia de la necesidad de manejar estos delicados asuntos con decisión, pero a la vez con la mayor discreción, serenidad y lógica. Las arengas y las amenazas públicas tienen que cesar, porque ellas en nada contribuyen a solventar los problemas. Por el contrario, los agravan y exacerban, lo que puede generar consecuencias muy adversas y costosas para todos los venezolanos.

Artículo de opinión
Lunes, 07 de diciembre de 2009
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