(La Directora Académica y de Investigación del IESA, Rosa Amelia González, destaca la importancia de ejercer el derecho al voto en las elecciones del 16D. Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 4 de noviembre de 2012)
Dentro de mes y medio los venezolanos tenemos una nueva cita electoral; esta vez para escoger a los gobernadores de los 23 estados que conforman el territorio nacional. Nuestra historia política reciente muestra que este tipo de elección genera menos interés entre los ciudadanos, lo cual se traduce en menor participación o mayor abstención.
En el caso de esta elección en particular, hay razones para pensar que, a diferencia de lo ocurrido el 7O, cuando se consiguió un nivel de participación nunca visto -de más de 80 por ciento-, el 16D se pudiera registrar otro récord, pero esta vez de abstención.
Del lado de la oposición, muchos no han logrado sobreponerse del resultado de octubre, a lo cual se suman la desconfianza en la actuación del CNE y el cuestionamiento de la justicia de la contienda, dado el ventajismo del Gobierno. Del lado oficialista, pareciera que el fervor que genera el presidente Chávez no necesariamente es transferible a sus candidatos a gobernador, cuyo liderazgo político está totalmente ensombrecido por la figura del líder.
En todo caso, dado que el voto opositor depende en mayor medida de la disposición personal del elector -a diferencia del voto oficialista donde ya se puso en evidencia el poder de la maquinaria “partidista”-, si la oposición no logra entusiasmar a sus seguidores, se corre el riesgo de que el resultado le resulte adverso.
Sin ánimo de ser apocalípticos, un triunfo avasallador del oficialismo el 16D sería equivalente al fin de la descentralización. Aunque el presidente Chávez le salió al paso a las declaraciones de Aristóbulo Istúriz en el programa José Vicente Hoy (14 de octubre), el candidato del Psuv a la Gobernación del estado Anzoátegui afirmó que “desmontar las alcaldías y gobernaciones es un paso indispensable para el avance efectivo del proceso de cambios socialistas en Venezuela”, agregando que “los mejores gobernadores serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones”. Estas declaraciones están en perfecta sintonía con los ataques que le ha propinado el actual gobierno a la descentralización y con la propuesta de una “Nueva geometría del poder”, que se incluyó en la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por el electorado en 2007.
La recentralización del poder tendría consecuencias nefastas para el ciudadano, unas más tangibles que otras en el corto plazo. Una muy importante está relacionada con la crítica que se ha hecho -y ha sido admitida por el propio Presidente- sobre la ineficiencia del Gobierno nacional. Cuando la gestión de ciertos asuntos públicos (como la vialidad y el funcionamiento de los servicios) se aleja demasiado del ciudadano, disminuye la capacidad de respuesta del Gobierno, así como la posibilidad de que la población exija respuestas por parte de las autoridades.
Otra consecuencia menos tangible sería la pérdida de la única instancia que todavía permite contrabalancear el poder político en el país. En un escenario donde el oficialismo domina todos los poderes públicos, las gobernaciones y alcaldías son el espacio que nos queda para el ejercicio del pluralismo que es consustancial a la democracia.
Finalmente, el país perdería el semillero del liderazgo político. Frente al estilo dominante del presidente Chávez, que no permite el surgimiento de otras figuras que puedan competir por la simpatía del pueblo, la existencia de gobernaciones y alcaldías autónomas es el único medio para que emerjan las otras opciones de liderazgo que reclama el ciudadano.
En todo caso, dado que el voto opositor depende en mayor medida de la disposición personal del elector -a diferencia del voto oficialista donde ya se puso en evidencia el poder de la maquinaria “partidista”-, si la oposición no logra entusiasmar a sus seguidores, se corre el riesgo de que el resultado le resulte adverso.
Sin ánimo de ser apocalípticos, un triunfo avasallador del oficialismo el 16D sería equivalente al fin de la descentralización. Aunque el presidente Chávez le salió al paso a las declaraciones de Aristóbulo Istúriz en el programa José Vicente Hoy (14 de octubre), el candidato del Psuv a la Gobernación del estado Anzoátegui afirmó que “desmontar las alcaldías y gobernaciones es un paso indispensable para el avance efectivo del proceso de cambios socialistas en Venezuela”, agregando que “los mejores gobernadores serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones”. Estas declaraciones están en perfecta sintonía con los ataques que le ha propinado el actual gobierno a la descentralización y con la propuesta de una “Nueva geometría del poder”, que se incluyó en la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por el electorado en 2007.
La recentralización del poder tendría consecuencias nefastas para el ciudadano, unas más tangibles que otras en el corto plazo. Una muy importante está relacionada con la crítica que se ha hecho -y ha sido admitida por el propio Presidente- sobre la ineficiencia del Gobierno nacional. Cuando la gestión de ciertos asuntos públicos (como la vialidad y el funcionamiento de los servicios) se aleja demasiado del ciudadano, disminuye la capacidad de respuesta del Gobierno, así como la posibilidad de que la población exija respuestas por parte de las autoridades.
Otra consecuencia menos tangible sería la pérdida de la única instancia que todavía permite contrabalancear el poder político en el país. En un escenario donde el oficialismo domina todos los poderes públicos, las gobernaciones y alcaldías son el espacio que nos queda para el ejercicio del pluralismo que es consustancial a la democracia.
Finalmente, el país perdería el semillero del liderazgo político. Frente al estilo dominante del presidente Chávez, que no permite el surgimiento de otras figuras que puedan competir por la simpatía del pueblo, la existencia de gobernaciones y alcaldías autónomas es el único medio para que emerjan las otras opciones de liderazgo que reclama el ciudadano.
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