La intención detrás de algunas nuevas leyes, reformas o proyectos de ley no parece ser otra que la de centralizar para entorpecer. Es el caso de la Ley de Reforma Parcial de la Locti Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en diciembre pasado; o el de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional que cierra la puerta a las posibilidades de financiamiento internacional para las organizaciones no gubernamentales y pone los posibles aportes a la disposición y a la discrecionalidad del poder central; o, también, el proyecto de ley de universidades, finalmente vetado.La Locti, concebida para impulsar iniciativas en los campos del desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación, se convierte ahora en nuevo instrumento para concentrar en una instancia oficial las decisiones sobre una actividad tan compleja, diversa y determinante. Su aplicación había permitido inversiones que contribuyeron a poner de relieve el tema investigación y desarrollo, a estimular iniciativas de las empresas en acción conjunta con investigadores y universidades. Se ganó en capacitación dentro y fuera de las empresas, en patrocinio de programas, en el fomento de esa interacción necesaria entre empresas y universidades.
Reducida la capacidad de selección, las iniciativas de las empresas y de los investigadores deberán alinearse ahora no necesariamente con los grandes fines de la nación, sino con la particular visión de una instancia oficial. Más espacio para las comunas y menos para las empresas, las universidades, academias y centros de investigación y desarrollo privados.Con la nueva ley el concepto de inversión se convierte de algún modo en tributo, en simple aporte fiscal, en instrumento para alimentar un presupuesto paralelo. En los últimos años en Venezuela se ha venido desvirtuando el concepto de la unidad del tesoro y creando, por diversas vías, presupuestos parafiscales que no sólo rompen esa unidad, sino que parecen excluidos del compromiso de rendición de cuentas.
De resultados poco visibles, alimentan, eso sí, una creciente burocracia y se sostienen con una abrumadora publicidad.El espacio de la investigación y desarrollo es demasiado amplio como para concentrarlo en los estrechos límites de la visión oficial. Insertos y en buena medida sobrepasados por la tecnología digital, comenzamos a ser parte, a decir de la investigadora venezolana Carlota Pérez, de la próxima revolución tecnológica, ejemplificada en la biotecnología, la nanotecnología, la bioelectrónica y los nuevos materiales. Hay países que lo han comprendido y tratan de ajustarse al cambio de paradigma tecnológico que, según la consultora internacional e investigadora de la Universidad de Cambridge, está dando lugar a la sociedad del conocimiento, global y sustentable.
Estamos pasando, dice, de la lógica de la energía barata a la lógica de la información barata, lo que abre para América Latina el camino de la especialización en procesamiento de recursos naturales con alta tecnología, camino diferente del asiático, de especialización en manufacturas masivas.Emprender en investigación aplicada se convierte así en una prioridad nacional si no queremos permanecer condenados a una economía minera o de copias.Cuando se revise la ley de universidades haría bien el legislador en consagrar la relación entre universidad y desarrollo científico y tecnológico, y en destacar el potencial que para este objetivo ofrece la interacción empresa-universidad. La modernización del país pasa por la comprensión amplia y no excluyente del valor del concepto investigación y desarrollo.
Artículo de opinión
Miércoles 26 de enero de 2011
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