El veto presidencial a la Ley de Educación Universitaria y la acción ciudadana que le precedió han tenido la virtud de poner de relieve el valor del ejercicio democrático de la disidencia y, al mismo tiempo, de reafirmar la voluntad nacional de mantener en primer plano de discusión temas tan fundamentales como el de la educación.Desde la oposición democrática e incluso desde sectores académicos cercanos al Gobierno se levantaron voces para detener el sinsentido de la radicalización ideológica, de la pérdida de la autonomía universitaria, de la concentración de poder en las instancias oficiales, de la presencia absorbente del Estado rector, de la pretensión de control político, de la desfiguración de la democracia participativa, de la intención de hacer de las universidades centro de difusión de una única línea de pensamiento.
El regreso del tema a la Asamblea y, ahora sí, a la discusión pública, es el momento para las propuestas. Es, por ejemplo, el momento para relanzar el proyecto de ley de educación superior, elaborado por profesores de 7 universidades y presentado en diciembre pasado, con el respaldo de cerca de 40.000 firmas, a la Asamblea Nacional. Hay allí coincidencias con lo mejor del proyecto oficial pero, sobre todo, lineamientos para una universidad plural, abierta al pensamiento libre y democrático, crítica, en permanente renovación, centro de creación de pensamiento, motor de modernización, comprometida con la excelencia, profundamente integrada al país y simultáneamente abierta al mundo y al intercambio global.
Más allá de esta ley, es también el momento para retomar el tema de la educación como prioridad nacional. Y qué mejor que hacerlo bajo la tutela de la figura educativa más admirada en Latinoamérica, Andrés Bello. Su nombre honra ya a una universidad desde la cual han surgido múltiples iniciativas para el mejoramiento de la educación y en cuyo seno se inició la discusión del proyecto de ley presentado por los ciudadanos.
En esta hora, cuando el país percibe con urgencia la necesidad de un nuevo diseño para la actividad educativa, la memoria de Bello bien podría ser la inspiración para alcanzar en la Asamblea Nacional un acuerdo solemne que, llevando su nombre, comprometa la aprobación de leyes que modernicen y apoyen la educación en todos los niveles, corrijan las entorpecedoras normas de la nueva Locti, promuevan la formación, capacitación y remuneración del educador, doten el sistema educativo de disposiciones legales que hagan efectivamente de la educación el mayor objetivo nacional, su principal actividad y la primera herramienta para su modernización y desarrollo.
El centro de atención del país se ha desviado de lo verdaderamente esencial, que debería ser la educación. Venezuela es un país en deuda con el compromiso de los 200 días del año escolar, un país carente de una ley que promueva y desarrolle la profesión docente, donde se han abandonado los programas sociales orientados al estudiante, un país que no ha asumido la opción mundial por el conocimiento y la innovación. Lo ha asumido China, cuyas autoridades se propusieron recientemente como meta para 2015 registrar anualmente 2 millones de nuevas patentes a fin de ponerse a la vanguardia de la investigación mundial.
Lo ha entendido José Mujica, el presidente de Uruguay, cuando ha dicho: "El puente entre este hoy y ese mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación".La Casa de Bello y el próximo Día del Educador, el 15 de enero, podrían ser el lugar y el momento para relanzar un proyecto de escala nacional en el que participen todas las fuerzas políticas y el sector educativo del país en su más amplia extensión.
Artículo de opinión
Miércoles 12 de enero de 2011
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