Tienen razón las autoridades universitarias cuando exigen al Gobierno dejar de ver a las universidades como objetivo político. Tienen razón también quienes observan una muy preocupante coincidencia entre los absolutamente condenables hechos de violencia contra las universidades, particularmente los más recientes contra la Universidad Central de Venezuela, y esa otra violencia que se expresa institucionalmente mediante mecanismos como la desvalorización y el desprestigio sistemáticos, el ahogamiento presupuestario, el ataque a las autoridades y a los líderes de la comunidad universitaria, el hostigamiento seudolegal, la imposición desde el poder de leyes políticamente sesgadas y de normas cuya pertinencia sólo compete a las propias universidades en ejercicio de su autonomía.Frente a la tentación de ver a la universidad como objetivo político habría que recordar su valor estratégico para la nación, tan distante del aislamiento académico como del control político, tan exigido de pertinencia como de autonomía. Cuando se piensa en el bono demográfico del que por algunos años disfrutará Venezuela, ventana de oportunidad para adelantarse a las necesidades futuras, y en la función que las generaciones ahora universitarias deberán cumplir, no se puede menos que pensar en la necesidad de una universidad en consonancia con las exigencias de una sociedad productiva.
El trabajo de diversificación y adecuación a la realidad que han venido haciendo las universidades para atender más a las verdaderas exigencias del país pese a ser amplio, no ha sido suficiente y justifica algunos reclamos, pero no precisamente en la línea de la masificación sin calidad, sino de programas consensuados y de una relación más estrecha con el mundo del trabajo y de la producción.Los datos sobre desempleo de los graduados universitarios o la constatación de los grandes baches entre los intereses académicos o de prestigio y las realidades del mercado productivo siguen sosteniendo un justificado reclamo.
El compromiso de la universidad es y no puede ser de otra manera con el país.Frente a los hechos de violencia contra la universidad, cabe preguntarse qué se busca con ellos. ¿Impedir su normal funcionamiento? ¿Quebrar la condición autonómica de las universidades, espacio de libertad y condición necesaria para el cumplimiento de sus fines? ¿Quién saca provecho de esa violencia? No, desde luego, la universidad. No, con absoluta seguridad, Venezuela. Pierde la universidad. En su estructura física, su patrimonio, su seguridad, su posibilidad de ser y de hacer. Pierden el saber, la investigación, la cultura. Se frenan los planes o programas de extensión. Se desperdicia el talento. Se alimenta la frustración de profesores y alumnos, y de la propia sociedad. Pierde el país.La universidad atacada genera, al menos, dos preocupaciones: el silencio de la sociedad y los casi insalvables obstáculos para el diálogo.
¿Nos estamos acostumbrando a la violencia protegida por la impunidad? ¿En qué condiciones puede restablecerse el diálogo Gobierno-universidades? ¿Son superables los motivos que lo impiden: la pretensión dominadora de uno de los interlocutores y el plenamente justificado recelo del otro de ver convertido el diálogo en mecanismo para el chantaje, la intromisión y la imposición? ¿Puede el Consejo Nacional de Universidades recuperar su función de lugar para el diálogo, la coordinación y la concertación? ¿Es posible restablecer este diálogo necesario en función de los intereses de la sociedad? ¿Puede el tema universidad ser parte de una gran agenda nacional? La violencia, en cualquier caso, además de condenable, no es el camino.
Artículo de opinión
El Nacional, 24 de marzo de 2010
http://www.el-nacional.com/
http://www.iesa.edu.ve/
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