Pedro Palma\\ ¿A dónde vamos?

Realmente preocupa el rumbo que desde hace un buen tiempo ha tomado la economía venezolana, producto de una política económica errada que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado implementar, con la agravante en nuestro caso de una serie de incongruencias que la caracterizan, haciéndola aún más inoperante y negativa.

El acoso permanente a la empresa privada que se materializa a través de los controles desproporcionados que se le imponen, no sólo en materia de precios, sino también en lo referente al tipo de producto y las cantidades que se tienen que producir, así como la forma cómo esos bienes se tienen que distribuir, en línea con las decisiones caprichosas de algunos funcionarios, crea un clima muy adverso para el desarrollo de cualquier actividad productiva.

Si a ello agregamos las amenazas permanentes de intervención y de confiscación a quienes incumplan esas normas, o se sospeche de ello, y las decisiones arbitrarias e injustificadas de expropiación, ya no de grandes fundos y empresas, sino también de pequeños negocios, es fácil inferir el poco estímulo para invertir que hoy existe en el país, máxime cuando esos atropellos provienen de un gobierno que lo controla todo, eliminándose cualquier posibilidad de defensa de los derechos de los agraviados, ya que quienes tienen que impartir justicia están allí para defender los intereses de la "revolución", y no para velar por los derechos de los ciudadanos.

¿Quién en su sano juicio se puede sentir incentivado a crear nuevas empresas o a ampliar las ya existentes en un ambiente donde no priva la ley, y donde todo depende de los caprichos e intereses de algunos funcionarios? Los que defienden el proceso argumentan que las acciones contra la empresa privada se justifican, pues con ellas se busca asegurar la autosuficiencia alimentaria del país, y eliminar los vicios de especulación, acaparamiento o desviación de productos hacia el exterior, que crean desabastecimiento y elevación desproporcionada de los precios. Falaces argumentos esos que ya no engañan a nadie. Sobradas son las pruebas de ineficiencia, destrucción y depauperación que las acciones de expropiación han generado, no sólo en el área agrícola y pecuaria, sino también en las de producción de alimentos elaborados y de productos básicos.

También aducen los que apoyan la política gubernamental, que con esas acciones se asegura la inversión y la ampliación de la capacidad de producción. Las cifras oficiales se han encargado de desmentir esas aseveraciones. De acuerdo con estimados del BCV, el gasto real de formación bruta de capital fijo, tanto público como privado, se redujo en los dos últimos años, con la agravante de que la caída es cada vez más intensa, al punto de que en el tercero y cuarto trimestre de 2009 esas inversiones se contrajeron en 13,6% y 19,6% respectivamente, en comparación con iguales períodos del año precedente.

Es válido entonces preguntarse, en qué se han usado los 62 millardos de dólares que ha recibido el Fonden desde su fundación a fines de 2005, de los cuales más de 35 millardos de dólares han sido reservas internaciones que ha transferido el BCV sin recibir compensación alguna. Los resultados de la política económica no pueden ser más negativos: caída de la producción, desempleo creciente, servicios públicos caóticos, dependencia como nunca de las importaciones y del volátil negocio petrolero, alta inflación y caída sostenida de la capacidad de compra de los venezolanos. Por ese camino vamos a cualquier sitio, menos a un buen destino.

Artículo de opinión
El Nacional, 12 de abril de 2010
www.el-nacional.com