Llama la atención, sin embargo, la hipersensibilidad gubernamental a cualquier manifestación o insinuación de que la intención última del régimen es llevarnos a un socialismo similar al existente en la isla caribeña. Afloran de inmediato los epítetos e insultos contra aquellos que se atreven a insinuarlo o denunciarlo, acusándolos de mentirosos y manipuladores que pretenden crear zozobra entre la población, insistiéndose una y otra vez en que no es la intención del Gobierno quitarle la vivienda a nadie o conculcarle los derechos a la población, ni imponer en Venezuela un sistema como el cubano. No obstante, los hechos cada vez dan más la razón a quienes alertan sobre esos peligros.
Ya no son sólo los latifundistas o los grandes empresarios los que sufren los atropellos gubernamentales al irrespetárseles sus derechos de propiedad, sino que también son los propietarios de pequeños fundos o de modestos negocios los que tienen que soportar arbitrariedades similares, pues se les arrebatan sus empresas o modos de vida sin que reciban a cambio las debidas compensaciones. Baste recordar los casos de los contratistas de Pdvsa en la costa oriental del Lago, los pequeños comerciantes del mercado de Quinta Crespo, los carniceros detenidos por vender a precios superiores a los regulados, los pequeños joyeros del edificio La Francia que perdieron su lugar de trabajo por un capricho presidencial y tantos otros.
Adicionalmente, las leyes draconianas y abiertamente inconstitucionales que se están aprobando conculcan flagrantemente los derechos de propiedad de la población, al punto de que cualquier construcción ubicada en un terreno urbano puede dejar de ser propiedad de su legítimo dueño con una simple decisión de una autoridad gubernamental, que declare que ese terreno es de utilidad pública. Igual sucede con la propiedad de las tierras agrícolas, la cual está supeditada a la voluntad de los funcionarios del INTI. Creo, entonces, que hay sobradas razones para que los venezolanos nos preocupemos con lo que está sucediendo. Entre 85% y 90% de la población ha manifestado una y otra vez, en las encuestas y en los focus groups, que no quiere que aquí se implante un esquema de comunismo totalitario como el cubano.
Tendrá que estar allí la razón de las reiteradas negativas de los voceros gubernamentales acerca de la verdadera intención atrás de las decisiones del Gobierno, que con sus acciones pretende llevarnos hacia donde no queremos ir. Dudo, sin embargo, que un pueblo con tan arraigada voluntad democrática permita que se le imponga un esquema político totalitario y caduco, que ha fracasado rotundamente en todos los países donde se ha pretendido implantar. ¡Absurdo que se nos quiera imponer un sistema político del que todos se están apartando!
Artículo de opinión
www.el-nacional.com
Lunes, 16 de agosto de 2010
Lunes, 16 de agosto de 2010
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