(Para Maritza Izaguirre, miembro de la Junta Ejecutiva del IESA, la eficiencia de las instituciones encargadas de atender a los ciudadanos es fundamental para la creación de una sociedad abierta al progreso y al cambio sin exclusiones. Publicado en el diario El Nacional el martes 8 de mayo de 2012. Foto de Cristian Hernández)
La sociedad venezolana demanda organizaciones capaces de afrontar los múltiples problemas que afectan al ciudadano en su vida diaria.
Casos exitosos implican la existencia de instituciones eficientes, políticas públicas que estimulan la participación de los ciudadanos de todo nivel y, lo más importante, conductas transparentes por parte de la autoridad responsable. De esta manera la sociedad afronta con mayor eficiencia los diversos problemas que día a día inciden en la vida de los ciudadanos.
Al contrario, cuando las condiciones mencionadas no están presentes se genera un sentimiento de desconfianza hacia la autoridad que refuerza la ineficiencia institucional.
En la Venezuela de hoy frecuentes incidentes señalan la debilidad de nuestras instituciones y la falta de confianza del ciudadano en sus autoridades.
El deterioro de los servicios públicos refleja el debilitamiento progresivo de las organizaciones responsables; la creciente inseguridad; el descuido de la infraestructura vial y, lo más importante, la falta de planes de mantenimiento rutinario, llevan, entre otros, a que la población se sienta abandonada por sus autoridades y desconfíe de las mismas.
Se exige, por lo tanto, un cambio de rumbo que facilite el fortalecimiento del capital social, mediante la presencia de actores conscientes de su importancia en la construcción de una sociedad abierta al progreso y al cambio sin exclusiones.
En nuestro caso, no es sólo hablar de la contribución del otro en el diseño de políticas y marcos legales, sino asegurar que el derecho a la consulta se cumpla, a través de mecanismos idóneos, tomando en cuenta los distintos puntos de vista a fin de asegurar el consenso necesario para su aplicación posterior. La emergencia de los actores sociales, actuando responsablemente, cataliza la interacción y fortalece el capital social.
Curiosamente, lo anterior no necesariamente implica generar marcos regulatorios rígidos e inflexibles; por el contrario, las experiencias positivas, señalan que a mayor interferencia del Estado el promover marcos legales complejos, difíciles de aplicar, lleva a la conducta contraria: la no observancia y el irrespeto colectivo de la norma.
Día a día somos testigos de lo señalado.
izaguirre.maritza3@cantv.net
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