Gustavo Roosen \\ Qué hacer

Sobran las pruebas de que la crisis que padecemos, y que se hará más aguda en los próximos meses, en materia de energía eléctrica se debe a la desidia, la inexperiencia, la falta de planificación y de capacidad de ejecución de los responsables de evitarla. Lo han dicho las voces más autorizadas, no llega de sorpresa; desde 1966 y, luego, reiteradamente, año tras año. Consta en las presentaciones hechas al propio Presidente de la República y en los informes técnicos levantados en su momento.

Los análisis más serios desmienten hasta la saciedad los argumentos con los que se ha pretendido explicar una situación que obedece estructuralmente a la ineficiencia, a la falta de inversión y a un modelo que entiende por estratégico la propiedad estatal de las empresas y no la garantía de oportuno suministro del servicio eléctrico para el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento. Sólo el desprecio del buen criterio de la gente explica la argumentación oficial y su pretensión de desviar responsabilidades.

Ante la dura realidad, sin embargo, más que preguntarse cómo obtener dividendos políticos de la situación, los sectores más constructivos de la sociedad han comenzado a preguntarse qué vamos a hacer para superarla. Las soluciones tocan los meses inmediatos, pero apuntan especialmente al largo plazo, desde limitaciones programadas y generación independiente hasta la aplicación de un verdadero plan de desarrollo eléctrico. Las medidas propuestas, sin embargo, no serán viables si el Gobierno no las atiende y no convoca, con amplitud y sincera voluntad de rectificación, a todos los actores que tienen algo que aportar.

La primera medida oficial ha sido el cambio de ministro. Lo que de verdad se espera tendría que ser un cambio de política, que debe comenzar por el reconocimiento de una conducta equivocada de abandono del sector y de desprecio por las soluciones técnicas y que debe concluir con el arranque de los proyectos postergados y la aplicación de un programa estratégico que atienda el problema estructural. Se trata, entonces, de pensar en la generación, transmisión y distribución, en la utilización racional de la energía hidroeléctrica, pero especialmente de la termoeléctrica, con todas las posibilidades de que dispone Venezuela en este campo, incluida la orimulsión. Se trata de pensar más en aumentar la generación que en disminuir la demanda, en políticas de eficiencia y buena gestión, más que en medidas de racionamiento; en educación y participación ciudadana, más que en restricciones.

La solución duradera no puede estar en los cortes de servicio eléctrico, por muy bien programados que sean; tampoco en la reducción de la jornada de trabajo, de incalculables consecuencias negativas para el funcionamiento institucional, la productividad y el abastecimiento de bienes y servicios. No nos sirve el modelo de las restricciones que comienzan siendo circunstanciales y se convierten en permanentes. No el de ciudades oscuras y sin servicios adecuados. No el de la incomodidad, la renuncia impuesta y el empobrecimiento.

Visto el problema en su dimensión estructural, el primer paso para solucionarlo supone el acuerdo entre los actores claves: Gobierno y sector privado, ciudadanos y expertos. ¿Hay disposición para hacerlo? ¿Hay sinceridad en la búsqueda de una solución o utilizará la emergencia como oportunidad para consolidar un esquema de control, de oscuridad, de limitaciones? ¿Se escucharán las voces de nuestros técnicos o se seguirá la orientación cubana en aplicación del reciente acuerdo de cooperación firmado a fines del año pasado? Desde el sector privado hay la mejor disposición para ser parte de la solución.

Artículo de opinión
Viernes 29 de enero de 2010
http://laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=27903