La paz, clamor universal, es un objetivo que, a juzgar por las evidencias, aún se percibe distante. Sin embargo, tal realidad es una oportunidad de mejora para la sociedad civil organizada, tal como se plantea en un libro que trata este tema magistralmente, escrito por Jane Nelson (2002), miembro del Foro Internacional de Líderes Empresarios del Príncipe de Gales, titulado "El negocio de la paz. El sector privado como socio en la prevención y resolución de conflictos".
Este trabajo recoge la imperiosa necesidad que tienen las empresas privadas, en su rol de líderes sociales, de involucrarse en la resolución de los conflictos de sus países, entre otras cosas, porque requieren espacios ordenados y estables para dar satisfacción a las necesidades de las comunidades a las cuales atienden; enfatiza que las decisiones organizacionales pueden generar conflictos sociales; propone que el fomento de la paz o, mejor dicho, la reducción de la conflictividad, también se puede dar por la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del capital social, el desarrollo de los recursos humanos, la protección del medio ambiente, gerenciar con equidad y justicia y luchando por los derechos humanos.
Esta realidad no exime de responsabilidad a ningún actor que haga vida en el espacio público. Concretamente el sector privado no puede eludir este compromiso. Como dato relevante, para el año 2002, las empresas privadas internacionales proveían el 96% de los productos y servicios civiles.
Las reflexiones contenidas en este libro, cuya lectura sugiero, emergen en un momento neurálgico de la actual situación venezolana. El sector privado ha venido perdiendo importancia en el contexto no porque su concurso no sea útil, sino porque el esquema de sociedad que promueve la revolución bolivariana, le resta importancia al papel que este debe jugar en un país. Sin embargo, tal realidad no lo libera de asumir los compromisos sociales que se derivan de su actuación en el espacio público.
La actual crisis eléctrica que vive el país es una brillante oportunidad para, desde los sectores privados, dar una importante contribución. Es evidente como un problema técnico ha sido tratado políticamente: sus causas son un fenómeno natural y un inadecuado modelo de comportamiento que favorece el despilfarro de la energía y su solución es un decreto punitivo. Independientemente de esta óptica gubernamental, la crisis es real y todos tenemos que aportar nuestro concurso para enfrentarla.
Es en este punto donde puede haber un sustantivo aporte desde la perspectiva del sector privado, diseñando una campaña, válida para la escasez y la abundancia, difundida por medios escritos y audiovisuales promoviendo un consumo racional de la energía que incluya lo siguiente: explicar a los usuarios cómo se produce la energía, cómo se transmite y cómo se distribuye; proveer la información adecuada de porqué el modelo de generación eléctrica está basado en la capacidad hídrica del país; cómo usar adecuadamente los equipos eléctricos de cara a contribuir en la disminución del consumo energético; condenar el robo y la alteración de medidores. No se quiere echar en cara al Gobierno sus deficiencias gerenciales (lo que está a la vista no necesita anteojos), lo que se aspira es crear conciencia del consumo racional de energía eléctrica para contribuir con la disminución de la conflictividad social.
De lo que se trata es de resaltar que no hay negocio más rentable, social y económicamente, que la paz social.
Artículo de opinión
Viernes, 19 de enero de 2010
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