El Presidente es el Rey, y los campesinos siguen siendo los siervos de la glebaPor años he venido escribiendo capítulos de libros, en la prensa o disertando en distintos foros sobre la fragilidad de los derechos de propiedad en Venezuela. Ha sido frustrante observar la débil respuesta, tanto del estamento político como de la sociedad como un todo ante este problema que nos viene afectando desde la Colonia. Quizás porque esos derechos siempre fueron frágiles, cada uno de nuestros gobernantes, desde los Capitanes Generales españoles hasta el actual, hicieron de esa debilidad instrumento de poder.Desde que América fue dividida por el Papa Alejandro Borgia en 1493, primero los reyes y luego los caudillos, se reservaron la distribución de la tierra a través de mercedes, composiciones, leyes de haberes militares, reformas agrarias y otras formas que consolidaban su poder. En lugar de la firme titularidad sobre el suelo, los gobiernos actuaron bajo la regla de oro feudal: "si te portas bien te quedas, si me adversas te vas". El resultado ha sido subdesarrollo y pobreza. No faltan estudios que muestran la relación entre derechos de propiedad y progreso, o lo contrario, entre la debilidad de ese derecho y la miseria colectiva. Así, una tras otra, fracasaron las reformas agrarias, como la actual, instrumentos políticos para controlar el voto de los campesinos mediante el otorgamiento temporal de uso de la tierra, bajo las estrictas condiciones y tutela del gran señor feudal, el caudillo de turno.
Garantizar la propiedad plena significa transformar al habitante en ciudadano, dándole una oportunidad de progreso económico y social con visión transgeneracional, es decir, libertad. Nuestros gobiernos nunca han querido tener ciudadanos libres, optaron por tener súbditos sumisos y dependientes de la renta pública, perpetuaron la cultura del medioevo y, en lo que a los derechos fundamentales concierne, apenas cambiaron las designaciones. El Presidente es el Rey, ministros y gobernadores, son duques o condes, y los campesinos siguen siendo los siervos de la gleba. De allí la dolorosa furia de nuestro gobierno conservador frente a las posiciones liberales de los invitados de Cedice y su publicidad en defensa de la propiedad privada.
España, bajo el gobierno socialista de Felipe González y algunos países de América Latina, entendieron que el desarrollo depende de firmes derechos de propiedad. México, padre de los fallidos modelos de reforma agraria, modificó su Constitución en 1992. Ahora limita la propiedad individual a 1.000 hectáreas y si el fundo es mayor, se transforma en una empresa con varios accionistas. Se democratiza el capital y la propiedad, sin desorden, invasiones o expropiaciones. Muchos gobiernos en lugar de poseer millones de hectáreas, las venden y disfrutan de los impuestos causados por la creciente producción agrícola y la exportación de sus productos. Aquí cabalgamos hacia la España de los Ausburgo, donde nobles, burócratas, hijosdalgos, monjes y militares se chupaban los recursos. Un censo mostraba, en un poblado de 11 mil almas, que sólo 450 de ellos trabajaban. El tesoro público español se declaró en quiebra siete veces en menos de un siglo, a pesar de la enorme cantidad de oro y plata, el petróleo de aquel tiempo, que ingresó en España en los siglos XVI y XVII.
Artículo de opinión publicado en diario El Universal
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