Es común encontrar en locales comerciales de propiedad privada un letrero que reza -Se reserva el derecho de admisión- el cual alude a la potestad que tiene el dueño del local de impedir, discrecionalmente, el acceso al mismo. Normalmente esto se hace para preservar la integridad del local y de quienes se encuentran en su interior en el supuesto que alguna persona que intente ingresar represente peligro. Este hecho, en estricto sentido, no se compadece con la revolución bolivariana pues al parecer, es excluyente. No obstante, el Gobierno nos sorprende una vez más. En su empeño por profundizar la democracia (no se nos ocurre otra sarcástica posibilidad), el Gobierno ha decidido extender a los organismos oficiales del poder popular, el disfrute de este derecho, hasta ahora de uso exclusivo de las empresas privadas.
En efecto, el gobierno revolucionario se reserva el derecho de admisión al centro de la ciudad de Caracas, centro cuyos límites no están bien delimitados. En todo caso, sabemos que este espacio se inicia en la CANTV, que abarca las inmediaciones de los poderes públicos y, que no sabemos dónde termina. Como complemento, también hay una reserva de uso del espacio aéreo ya que los únicos que pueden volar sobre el cielo caraqueño en días de marchas son los equipos aéreos del Gobierno. No hay dudas que cuando le conviene, el Gobierno se reserva el derecho de admisión, descalificando el eslogan más mediático de este régimen: Ahora Venezuela es de todos. Junto con el derecho de admisión, el gobierno revolucionario también se reserva el derecho a calificar las expresiones libres, espontáneas o no, que contengan una o varias desaprobaciones del líder del proceso.
En efecto en la arenga del comandante Benavides, especie de análisis del contenido político de la marcha, precisó que la misma se había desviado de sus objetivos iniciales los cuales eran protestar por la nueva Ley de Educación cosa que, Benavides dixit, en la práctica no ocurrió pues los manifestantes gritaban consignas que repudiaban al líder del proceso. Este cambio en las consignas de la manifestación, de acuerdo con el militar de marras, es prueba de la existencia de una agenda oculta de la oposición que no puede ser otra que la desestabilización.
El testimonio escrito de la Alcaldía de Libertador, contenido en los permisos otorgados, así como el testimonio oral contenido en las palabras del Canciller, confirman que estas restricciones tienen una gran significación no sólo para entender el proceso, sino para inferir en dónde nos encontramos. En primer lugar se reconoce cómo las decisiones de la revolución se justifican por lo que en el momento conviene al proceso; en segundo lugar, se reconoce la imperiosa necesidad de profundizar una división demográfica entre quienes apoyan y quienes adversan al gobierno; en tercer lugar, se reconoce el evidente temor del régimen a que en el exterior se conozca la verdadera popularidad de algunas medidas relevantes del proceso; y, finalmente, desde el gobierno se reconoce el paulatino y sostenido crecimiento de la población opositora. Aparte del estupor que tales decisiones causan, las mismas no son azarosas, responden a un doble objetivo en el orden interno y en el orden externo.
En el orden interno nos están confinando entre las paredes de una especie de muro de Berlín bolivariano. En el orden externo, para el líder del proceso la imagen internacional es clave pues este es un proyecto expansionista continental y para lograr los objetivos, se necesita tener credibilidad internacional, ergo, hay que demostrar las aviesas intenciones de la oposición, a la vez que tratar de debilitarla en sus objetivos y medios de lucha. Para el líder del proceso es necesario mantener hacia el exterior una imagen de popularidad y aceptación de sus políticas, razón por la cual tiene que demostrar que, al contrario de otros países, la oposición no es capaz de llegar al centro, es decir a manifestar, frente a las sedes de los organismos públicos, en contra de los instrumentos legales desesperadamente sancionados (lo que se conoce como la legalización del proyecto revolucionario). Mientras tanto, los diferentes líderes mundiales que se proclaman defensores de los derechos humanos no reparan en que el derecho al libre tránsito y a la libertad de expresarse (estructurar consignas) también son derechos humanos que son conculcados por este gobierno y la comunidad internacional, tan celosa de esos derechos, no reacciona adecuadamente. Al parecer necesitan más pruebas: ¡hay que dárselas!
Artículo de opinión
El Universal, 27 de agosto de 2009
Prof. José Mayora
mayora.j@gmail.com
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