Colaboración entre el Estado y la sociedad civil organizada

En las sociedades modernas en desarrollo se ha ido haciendo práctica común el trabajo colaborativo entre el Estado y distintas modalidades de la sociedad civil organizada: comunidades de base, cooperativas, organizaciones sociales con diversos propósitos, empresas de distinto tamaño.

Muchas son las motivaciones que han dado lugar a estas expresiones de acción colectiva: la convergencia de intereses entre esos grupos de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios que se ofrece a los ciudadanos, la protección más efectiva de los derechos de minorías tradicionalmente no atendidas, los recursos siempre escasos disponibles para la actuación de todos esos actores sociales, el reconocimiento de una mayor innovación generada entre esas diversas organizaciones, la necesidad de ser socialmente inclusivos en la gestión de lo colectivo, entre otras.

La experiencia internacional de cooperación públicoprivada. Naturalmente hay países que han avanzado más que otros en la profundidad de las relaciones colaborativas entre el Estado y la sociedad civil. En general puede decirse que las sociedades que han optado por la alternativa de democracia social son muy propensos a avanzar más rápido e intensamente en el uso de mecanismos institucionales de asociación público-privada: Alemania, Canadá, Reino Unido, los países escandinavos, y también Francia, España e Italia.

En Latinoamérica destacan más recientemente naciones como Brasil, Chile, Colombia y México, todas ellas con ritmos de inclusión creciente de organizaciones sociales y del sector empresarial en actividades y servicios tradicionalmente atendidos en forma exclusiva por el Estado.
Los mecanismos utilizados son muy diversos, pero vale mencionar unos pocos que hoy en día funcionan en el mundo desarrollado y en desarrollo, para ilustrar la especificidad de lo que aquí estamos analizando: gestión de establecimientos de atención social como servicios de salud, educación y cuidado de poblaciones vulnerables; contratos de operación de servicios públicos como electricidad, agua, gas, telecomunicaciones; contratos de gestión y mantenimiento de infraestructura para actividades como puertos y aeropuertos; contratos de arrendamiento para servicios de vialidad interurbana; inversiones conjuntas en infraestructura urbana y turística.

Una revisión sistemática de esa experiencia internacional en materia de trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil organizada, permite identificar algunos resultados logrados con sus actividades conjuntas: han contribuido a una mayor igualdad de oportunidades de acceso a los beneficiarios de esas actividades, han logrado una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de lo público, han permitido una mejor calidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas, y además han hecho más transparente la gestión de los servicios sociales.

Avances en el trabajo colaborativo público-privado en Venezuela. Aunque está lejos de la vanguardia dentro de las prácticas de cooperación público-privada, Venezuela no ha estado fuera de esta tendencia virtuosa de moderno asociativismo entre el Estado y la sociedad civil organizada en las últimas décadas. Expresiones de esta colaboración fueron frecuentes especialmente durante los años de tímida descentralización de los noventa y en los primeros años del gobierno actual, con sus acciones de promoción de la participación y el cooperativismo.

Más recientemente han surgido nuevas tendencias que apuntan en esa misma dirección. Por ejemplo, en la última década han aparecido crecientes actividades de responsabilidad social empresarial en Venezuela que abren nuevos espacios para la colaboración entre el Estado y la sociedad civil organizada. En ese sentido, podemos citar invalorables contribuciones privadas a lo social en expresiones tan diversas como programas de cuidado dental para poblaciones socialmente vulnerables, programas de salud prepagada para los grupos de menores ingresos, programas de microcrédito para organizaciones comunitarias, financiamiento de materiales de construcción en barriadas populares, actividades de protección y monitoreo ambiental, entre otras. Se trata de una lista larga y creciente de iniciativas de emprendimiento social que generan valor económico para las mayorías.

Lo que intento mostrar con este breve recuento de expresiones de convergencia del Estado y la sociedad civil organizada es que existe un espacio innovador en expansión para la colaboración entre todos esos actores. Y que, por consiguiente, resulta un auténtico desperdicio social desaprovechar la voluntad de organizaciones distintas al Estado de contribuir socialmente con ideas, programas, actividades, servicios y recursos. Invitamos al Estado venezolano a disfrutar de los beneficios de estas buenas prácticas de gestión más inclusiva de lo público, que terminarán facilitando la construcción de una sociedad más equitativa, eficiente, participativa y transparente.

Prof. Armando Barrios
Director Académico del IESA
Artículo aparecido en Últimas Noticias, 2 de agosto de 2009