Como la intención de someter a los individuos a la voluntad del gobernante es tan evidente, no entraré en los detalles del maquillaje del supuesto bien común que, en un artículo u otro, oculta el maligno propósito de envolver a la sociedad en un manto feudal. A fin de cuentas, la Ley Orgánica de Educación no hace otra cosa que delegar en el Ejecutivo la facultad de controlar el sistema educativo: ingreso de los docentes, elección de las autoridades y contenido de aquello que será enseñado. Perversa intención, contraria a la libertad de cátedra y de expresión, se explica a través de la conducta de secta ultraconservadora y excluyente del actual régimen. Sólo ellos son dueños de la verdad, sólo ellos pueden interpretar los hechos históricos, sólo ellos pueden valorar hechos o figuras relevantes. Resucitan el incienso de Torquemada, añoran la disciplina de las Juventudes Hitlerianas y de los "Pioneros" de Stalin.
En otras leyes el objetivo es similar, darle infinito poder al Ejecutivo sobre la propiedad privada, rural o urbana, sobre el contenido de la prensa, radio o televisión, decidir qué es bueno o malo en materia de videojuegos, poder para intervenir teléfonos sin mediación del Poder Judicial, doctorar el voto para que les resulte favorable, acabar con la libertad sindical y la economía privada. Obligar, como ya lo hacen, a que cada ciudadano, en cada punto de venta, haga del conocimiento público su cédula de identidad y su teléfono, adheridos a la factura y la tarjeta de crédito o débito, una excelente plataforma para que los pillos puedan clonar su tarjeta. Así, creo que no debemos perdernos en el detalle de algún artículo que parezca satisfactorio, pienso que todas las leyes de este sumiso congresillo, están impregnadas por la secta.Regresando al pillaje de nuestros derechos fundamentales, he encontrado un extraordinario parecido entre la aspiración de control sobre los medios del gobierno actual y un decreto de censura del gobernador de Caracas, en tiempos de López Contreras, en 1936.
Ese documento también prohibía expresiones que incitaran a la violencia o al odio, así aquello que pudiese ser interpretado como lesivo al gobierno de turno. Como en aquella época, sólo el jefe puede incitar, y practicar, la violencia o el odio. Pena da ver a más de un centenar de diputados a mano alzada y sin rubor alguno en sus mejillas, expresar su convicción de que la violencia se controla censurando videojuegos. Ya verán otra matraca en acción. Los pillos, unos a punta de pistola y otros al amparo de las nuevas leyes, seguirán haciendo de las suyas.
Artículo de opinión
El Universal, 01 de septiembre de 2009
cemacallison@gmail.com
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